¿Primeras grietas?
Cobra mayor interés el debate electoral como consecuencia de la decisión anunciada hace una semana por el para entonces Gobernador del Zulia, de participar en la pugna por la primera magistratura del país. Con él, son tres los candidatos, que se presentan como aspirantes para desempeñar esa elevada posición ejecutiva, uno de extracción civil, veterano en la materia, con suficiente experiencia sobre el particular y, dos de origen militar, en cuenta el jefe del Estado que no tenía por qué buscar la relegitimación como tantas veces se ha comentado pues fue elegido inobjetablemente en diciembre de 1998, cuando el período presidencial bajo el imperio de la Constitución de 1961 era de cinco y no seis años y la reelección no era inmediata, como ahora lo es al amparo de la carta magna bolivariana.
Así, el proyecto político oficialista, identificado con los militares golpistas de los intentos fracasados de 1992 (4F y 27N) que, no obstante, accedieron al ejercicio del poder por las vías democráticas, conoce su primera gran escisión, en forma tal que resulta aventurado adelantar una opinión concreta sobre el desenlace de esta experiencia que pondrá a prueba la capacidad y facultad del electorado para decidir en buena ley entre civilismo y militarismo. Pues no otra cosa distinta es lo que está planteado: dos candidatos, aunque tenientes coroneles en retiro del Ejército, con estilos diferentes, sobre todo en sus discursos, sin embargo coinciden en privilegiar la presencia militar en la conducción de los asuntos del Estado, lo cual no sería censurable puesto que los integrantes del brazo armado de la nación tienen perfecto derecho para alcanzar posiciones públicas sujetas a elección popular desde que pasan a situación de retiro. Pero lo que no está bien es la presencia dominante de los militares en los más disímiles destinos, como está ocurriendo, o sea lo que ya se conoce como la militarización de la administración pública. Y, en ese sentido, no mueve al optimismo el anuncio del renunciante Gobernador y hoy candidato presidencial sobre los aspirantes partidarios suyos a varias gobernaciones: todos, sin excepción, son militares en retiro.
En este contexto, lo que al parecer marca la gran diferencia entre ambos candidatos militares, entre otros aspectos, es la postura asumida por cada uno de ellos frente al tema de la politización de la Fuerza Armada Nacional. Mientras el primer magistrado, en ese sentido que, quizás es el más controvertido, no oculta su actitud frontal sobre el particular promoviendo esa politización sin aceptar que la misma sea riesgosa para la institución, el ya ex -Gobernador aduce, por su parte, que la presencia de la política activa en los cuarteles tendrá consecuencias nefastas que afectarán el desarrollo institucional de la República. El Presidente no objeta la existencia del partido militar. Por el contrario, la estimula y, sin que se haya constituido formalmente, da la impresión de que, si los resultados electorales consagran su relegitimación, la base de sustentación del régimen se compartiría entre el apoyo del “soberano” en franca simbiosis con el soporte militar. Y, a propósito, sin tomar muy en cuenta las actuales estructuras partidistas del oficialismo (MVR, en primer término) que, para el efecto, no son nada distinto a organizaciones circunstanciales cuya misión sería objeto de análisis y revisión después de la megaelección (ya se habla desde las altas esferas del régimen de la desaparición del Polo Patriótico).
En todo caso, debe apuntarse que el panorama electoral presenta otro rostro después de la aparición de esta nueva candidatura de origen militar que, a no dudar, agrieta el frente oficialista en magnitud difícil de establecer por el momento, pero con resonancias evidentes en el frente civilista que, desde ya, tendrá que darse cuenta de la conveniencia y necesidad de un amplio acuerdo político que, a través de la vía electoral, procure alcanzar la concertación y el entendimiento indispensables entre los dispersos, numerosos y variados sectores de la sociedad civil que apuestan al éxito del rescate democrático y a la derrota de la tentación autoritaria y populista. De no hacerlo así, se fortalecerá la opción militarista, cualquiera sea su signo y la vuelta al ejercicio del poder civil estará cada vez más distante.
