Presos, perseguidos en Venezuela

La persecución política en este país ha estado de moda en esta revolución en donde quienes no estamos con este régimen, el gobierno busca las mil una forma de sacarlos del escenario político cuando ven a su adversario a quienes les dice una verdad a la que el mismo gobierno no le gusta que se las digan y se siente quien le dice su verdad es su opositor y puede ser un peligro político para su revolución. Empieza el gobierno hacer una casería en contra de sus opositores en llevándolo al exilio político cosa de esta lo vimos con varias personas que hoy están fuera del país tales como: Carlos Fernández, Gisela Parra, Juan Fernández, Javier Nieto Quintero, José Antonio Colina, Johan Peña, Alejandra Romero, Ricardo Guanipa, Edgar Quijano, Alejandro Velazco, Dugar Cortés, Luis Peña, Manuel Ramírez Wendehake, Manuel Rosales, Didalco Bolívar, Carlos Ortega, Franklyn Villafranca, Silvino Bustillos, Vanessa Salazar, Rafael Poleo, Patricia Poleo, Nixon Moreno, Carlos Andrés Pérez, Orlando Urdaneta, Henry Clement, Darío Farías, Jesús Farías, Rafael Farías Villasmil y entre otros.

Los presos políticos lo vemos también a cada rato en el país, las cárceles venezolanas ya tienen un preso político en algunas de las cárceles por ordenes expresa por el régimen y cosa de esta mencionada la vemos con el caso aberrante del periodista José Rafael Ramírez quien fue detenido por el CICPC, en una operación organizada y ejecutada por un particular, sin intervención del Ministerio Público, organismo que en Venezuela tiene la potestad exclusiva de dirigir la averiguación penal. El acusador es un magnate de la denominada “boliburguesìa”, el señor Wilmer Ruperti Perdomo, quien se sintió ofendido por denuncias que en su contra publicaba el periódico “Reporte de la Economía” (donde laboraba José Rafael Ramírez) en el sentido de que utilizaba sus influencias con el gobierno para hacer fraudes con cargamentos de petróleo, denuncias que por cierto no hacía José Rafael Ramírez, sino otro de los periodistas que trabajaban en dicho medio.

Efectivamente el día 12 de junio de 2007 se montó una celada para llevar preso al periodista Ramírez. Esa acción fue ejecutada por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub-delegación Chacao, dirigidos por el comisario Ricardo José Merente Álvarez, obedeciendo órdenes directas del Comisario Marcos Chávez, entonces director de ese cuerpo policial. Todos ellos actuaron usurpando las funciones del órgano rector del proceso penal en Venezuela, como lo es el Ministerio Publico, cuyos representantes aparecieron en escena muchas horas después de ejecutada semejante arbitrariedad, y solo para hacerse cómplice de ella, avalándola.

El periodista, quién acaba de cumplir dos años y 4 meses (28 meses) preso recluido en un calabozo. Para su ilegal detención “se grabó la reunión que ha sido profusamente divulgada. Tal grabación es ilegal y constituye delito sancionado con cárcel, pero los autores de tal hecho no son sometidos a ningún proceso a pesar de estar convictos y confesos, cuando en la propia Asamblea Nacional y en cadena nacional de televisión, aceptaron haber cometido ese delito. La referida grabación no solo es ilegal, sino que además fue adulterada, es decir, fue montada y hasta le colocaron subtítulos, lo cual prueba que su edición original fue trabajada en un laboratorio de guerra sucia. La descontextualizaron, con la única intención de inventarle un delito al periodista que jamás cometió. Es tan manifiesta la ilegalidad y el montaje de esa grabación, que el propio y parcializado juez Jesús Manuel Izaguirre, del Tribunal 52º de Control, quien lo privó de de su libertad personal lo rechazó, es decir, no solo no lo admitió como prueba en el proceso, sino que además lo declaró ilícito.

Inmediatamente de haberse producido su arbitraria detención, ejecutada por funcionarios del CICPC-Chacao, que usurparon las funciones del Ministerio Publico, se produjo la inusual rueda de prensa que ofreció en la sede de la policía política, la DISIP, Pedro Carreño, para ese momento ministro de Interior y Justicia, calificándome de peligroso delincuente. Allí él dijo: “El periodista José Rafael Ramírez extorsionaba a empresarios y funcionarios a quienes sometía a escarnio público a través de su columna. El caso que ha provocado su detención es la extorsión a un empresario de la industria petrolera sobre quien publicó informaciones que le implicaban en acciones irregulares. Cuando el empresario le llamó para una rectificación, Ramírez le dijo que “todo tenía un precio y que debían transarse”. Ayer estaba recibiendo 5.000 US $ con los que debía trasladarse a Miami donde iban a hacerle entrega de 400.000 US $.”. Allí mismo el ministro Carreño instó al juez que debía conocer su causa a que le aplicara todo el rigor de la ley, además que aprovechó para poner en tela de juicio el ejercicio del periodismo en Venezuela. No conforme con semejante show, el régimen, en la persona del diputado Luís Tascón, amigo personal de la supuesta víctima Wilmer Ruperti, montó una función de circo en la Asamblea Nacional, presentándole al país el ilegal video montado, para terminar de descalificarlo públicamente, no solo a él, sino al ejercicio del periodismo libre en Venezuela. Interpelaron a Ruperti y allí él mismo, en persona y con el país de testigo, reconoció que no conocía al periodista y que jamás habló con él, ni personal, ni telefónicamente ni a través de ningún otro medio, amen de que aseguró, que jamás habló de extorsión alguna. En esa misma “Sesión Extraordinaria” de la Comisión designada para tal efecto, ampliamente difundida en vivo y en directo por varias televisoras nacionales, se dijo que para salvaguardar su derecho a la defensa, también me interpelaría. Varias veces sus abogados defensores, José Luís Tamayo y Carlos Ramírez López, solicitaron por escrito que lo llevaran a la Asamblea Nacional a declarar, tal y como fue aprobado, y todavía se está a la espera que los diputados y el país escuchen su versión de los hechos. Es decir, también le negaron el sagrado derecho a la defensa. Con esas actuaciones quedó claro que José Rafael Ramírez era y es un preso de la dirigencia política gubernamental.

De la simple revisión del expediente de la causa seguida al periodista RAMÍREZ CÓRDOVA desde el día 12 de junio de 2007, se evidencia la serie de abusos y atropellos que han ocurrido a lo largo del desarrollo de proceso
Como le paso al periodista José Rafael Ramírez que hoy integra la lista de presos políticos le paso lo mismo a otros tales como: Gustavo Azocar, Richard Blanco, Delfín Gómez Parra, Raúl Isaías Baduel, Leocenis García, Raúl Díaz Peña, Otto Gebauer, Juan Bautista Guevara Pérez, Rolando Jesús Guevara, Lázaro Forero, Henry Vivas y entre otros. Están presos por órdenes expresas del mismo del gobierno. Un gobierno mandado por un dictador que esta Miraflores como es de sabido los dictadores tienen de costumbre estando en el poder, creen que pueden comprar al mundo entero y no se dan cuenta en donde gobiernan sus costumbre son libres. Aquí en Venezuela no podemos movilizarnos libremente sin que nadie nos amedrente, no tenemos medios de comunicación libre porque están amenazados que lo pueden clausurar, aquí no hay libertad de prensa, aquí no hay libertad de protesta ni garantía…