¿Porqué no?
En este trasnochado socialismo del siglo XXI se han planteado muchas situaciones que contravienen los fundamentos del Derecho.
Así como existe una imprescindible separación de los poderes públicos para que exista una verdadera democracia, en el basamento fundamental del Derecho existen dos disciplinas distintas pero concurrentes, que reciben por nombre el Derecho Público y el Derecho Privado.
Nuestra osadía llegaría a límites inaceptables si tratáramos de abordar y tratar de explicar esas disciplinas, tan complejas que exigen años de estudio para poder abordarlas, pero si tenemos el atrevimiento de expresar lo que entendemos como diferencias fundamentales entre ellas para poder trasmitir conceptos que entendemos necesarios en nuestra convulsionada sociedad.
El Derecho Público es el que reglamenta las actuaciones de todas las personas que acceden a posiciones de gobierno, bien sean electas o designadas, también reglamenta las actuaciones de las organizaciones que tienen dicho carácter en la República. El Derecho Privado es aquel que ampara y somete a todos los ciudadanos y a todos los entes que son ajenos a los gobiernos. En nuestra ignorancia entendemos que las personas sujetas al Derecho Público solo están sujetas a él en tanto y cuanto actúan públicamente, y están amparadas y sujetas al Derecho Privado cuando actúan como ciudadanos comunes.
También entendemos que las diferencias fundamentales entre uno y otro se pueden resumir en que el Derecho Público determina lo que un funcionario o un organismo público UNICAMENTE puede hacer, mientras que las personas, naturales o jurídicas, sujetas al derecho privado, pueden hacer todo aquello que no esté prohibido por alguna ley.
En la bizarra Venezuela que estamos viviendo, la situación se perfila absolutamente contraria a estos postulados. Estamos sometidos a un régimen que hace y cree tener derecho a hacer lo que le da la gana y entretanto arrincona y limita las actuaciones de los entes privados también de acuerdo a su vesania.
También es notorio el empeño, tanto del congreso de aplaudidores que tenemos como del TSJ que también sufrimos, en “legalizar” todas las barbaridades que se les ocurren a los cerebros del palacio de misia Jacinta.
Es absolutamente deseable que los medios de comunicación de una sociedad traten de ser lo más independientes e imparciales que puedan, más es absolutamente aceptable y hasta digno, que haya ocasiones en las que defiendan, hasta apasionadamente, principios éticos y/o morales que piensen fundamentales para la sociedad y para sus conciencias.
La violación de los dictados de la Constitución Nacional es una de las desviaciones que son insoslayables. Las violaciones a los Derechos Fundamentales del Hombre también constituyen un capítulo de las actuaciones que no pueden ser agredidas. Temas religiosos son ejemplo de lo que escribimos.
Ahora bien, si un medio de comunicación es un sujeto de acción privada, si ha sido conformado por personas que tienen determinadas ideas y consecuentes principios, si sus lectores, oyentes o televidentes son personas libres que tienen el privilegio de poder escoger el medio que quieren leer, oír o ver, ¿porqué tienen que ser agredidos por un gobierno que tiene un control grosero sobre el número de medios que utiliza y administra? ¿No es ese gobierno y ese régimen el que viola los postulados del Derecho Público cuando destina dinero público, léase dinero de todos los venezolanos, para agredir a nuestra sociedad e intentar indoctrinarla? Urgen respuestas.
