Por la boca muere el pez

La ineficacia de la planificación pública, ha provocado un estilo de gobierno imprevisor con serias consecuencias para el devenir social y económico nacional. Pero particularmente, para el discurrir político toda vez que las respuestas gubernamentales no sólo se muestran destempladas o equivocadas. Peor aún, lucen contradictorias al extremo que incitan conflictos que ponen en duda tanto la capacidad del gobernante, como la orientación de políticas públicas de primordial referencia. Por donde se vea el problema, dicha situación tiende a dificultar no sólo el proyecto de gobierno. Asimismo, complica el grado de gobernabilidad del sistema en el que actúa.

Esto deja ver, indiscutiblemente que la política no es un asunto sencillo. Su complejidad involucra distintas variables cuyo manejo requiere de un nivel de civismo, conceptos de ciencia política y de una conciencia democrática que solamente puede cultivarse en el pensamiento y en la actitud de civilistas con disposición al pluralismo y a la solidaridad. Y estas condiciones no suelen motivarse ni enseñarse en los cuarteles. El sentido vertical de la vida militar, inhibe un comportamiento que exalte la libertad como expresión de justicia.

La política ejercida por el actual régimen, cayó en un rotundo estado de absurdidad. Su visión desde la perspectiva de los valores morales y de los derechos fundamentales, se ofuscó tanto que no es capaz de otear ni siquiera lo más cercano a su espacio en el cual acomete deliberadamente decisiones mediante un verbo insolente cuya violencia implícita ha afectado profundamente las nociones y praxis de ciudadanía e identidad.

Una demostración de tan menguada realidad, se aprecia en la práctica cotidiana de la política gubernamental. Cualquier expresión de disidencia, es considerada atentatoria al orden gubernamental y contraria al “sentimiento patriótico”. Por lo tanto, opuesta a la norma dictada por un Tribunal Supremo de Justicia subordinado a los designios del Poder Ejecutivo.

De hecho, cualquier movilización por parte de quien fuera candidato presidencial, Henrique Capriles Radonsky, es vista como un acto de injuria al poder político central cuyas decisiones, ciertamente, vienen horadando el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia que exalta la Constitución de la República. Es tanta la obstinación que hay en los personajes que se apoderaron del país en complicidad con el denominado Poder Electoral y el soporte del hartazgo militar en posiciones de comando superior, que frente al viaje que realizara el gobernador de Miranda a Bogotá provocó insólitas reacciones del alto gobierno. Fueron de tal tamaño, que pecaron de ridículas por exageradas e irresponsables que fueron. Calificativos que ponen al descubierto la calaña de gobernantes que por no creer en lo que dicen creer, suponen que haciendo creer que se la saben todas, terminan pensando que por decir lo que dicen tienen ya ganado el camino al poder a pesar de que no creen en lo que dicen creer. Incluso, en lo que dicen ser.

La jerga popular reza que “por la boca muere el pez”. Esta frase acusa a quienes hablan más de lo que aconseja la discreción, a quien habla de más. O sea, los indiscretos o bocazas. Por su desquiciado verbo incurren en problemas que terminan complicando todo. Por lo que dicen, incitan dificultades. Es el caso de los fanfarrones. Sobre todo, cuando ocupan sitiales de gobierno. Pareciera no saber que por la boca muere el pez.

VENTANA DE PAPEL

ANTE LA VERDAD, HAY MIEDO

La creación del Estado Mayor de Comunicación, al mejor estilo autocrático, ha motivado desatinadas pretensiones en peligro de convertirse en insensatas decisiones. Las libertades políticas tienden a verse supeditadas al control impuesto por la intransigencia de quienes, desde el poder político buscan reducir cualquier resistencia que se oponga al autoritarismo engendrado por la obcecación de quienes viven con ínfulas de mandones de ocasión.

La amenaza proferida y practicada mediante notificación formal, interpuesta por el gobernador merideño Alexis Ramírez, al periodista Leo León, de ULA FM, es afrentosa expresión de mecanismos de represión utilizados por el fascismo cuando el despotismo ha pretendido ultrajar derechos primordiales como los expuestos por el texto constitucional. Fundamentalmente, al disponer que “la comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley”. O al asentir que “toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución”. Principios estos que exhortan el respeto ante la opinión que puede brindar todo venezolano en correspondencia con el ejercicio democrático de la voluntad popular que igualmente exalta la Carta Magna. Más aún, desde el ejercicio del periodismo crítico y necesario. Este exordio no busca una declaración más allá de lo que comúnmente caracteriza una sociedad democrática, apegada a los valores morales que delinean su orden jurídico-institucional. De ahí que resulta un exabrupto consentir que los derechos y las libertades puedan ser pisoteadas por la coacción como recurso de cualquier gobierno que se sienta acobardado ante el desbordamiento de realidades inocultables.

Conminar a Leo León ante los tribunales penales por defender verdades que son protagonistas de cuestionables hechos que rayan en lo delictivo, toda vez que vapulean el derecho a la vida tanto como han afectado el patrimonio de la Universidad de Los Andes, aun cuando puedan encubrirse de la impunidad que la coyuntura política ha permitido, no es propio de quien debe principalmente actuar desde el plano de la conciliación, la paz y la solidaridad. Lo contrario, sólo es reflejo de que ante la verdad, hay miedo.

¡PALO ABAJO!

La condición de desarrollo económico y social de un país, está íntimamente ligada a la movilidad que resulte de sus instituciones. Pero especialmente, de las circunstancias que viva su educación. Más, si se trata de la educación superior. A decir por el retroceso que experimenta el país a consecuencia del fétido y rezagado modelo socialista que pretende imponerse a fuerza de castigo, gracias la obtusa genialidad de los actuales gobernantes, las universidades vienen igualmente sufriendo una retracción involuntaria. La referencia que significa la regresión que afecta actualmente la industria automotriz venezolana, cuyos niveles generales de producción de vehículos están a niveles de los años ochenta en tanto que la población ha crecido 30% desde esa fecha, es demostrativa del grado de repliegue que padece el país.

Asimismo, ha sucedido con la Universidad autónoma venezolana toda vez que viene siendo objeto de drásticas reducciones y cerrados controles con el propósito de menguar su calidad académica. Sobre todo, cuando los criterios de comparación empleados por el régimen son caducos por extemporáneos e improcedentes. De esta manera, el régimen ha buscado no sólo intervenir las universidades en términos de reducir su presupuesto al mantenerlo igual en los últimos cinco años. Indistintamente de las secuelas de la inflación, del costo de la vida y de los efectos de la depreciación que, por obvia, afecta el rendimiento del equipamiento docente y de investigación.

El régimen ha arrinconado tanto a la universidad, que no conforme con los daños ocasionados, le impone respuestas que deshonran los avances alcanzados. Por ejemplo, a la Universidad de Los Andes, le redujo de forma arbitraria, el ancho de banda que utiliza sus redes informáticas después de conseguir el liderazgo a nivel internacional como la primera Casa de Estudios Superiores en apuntalar una posición referencial en materia de tecnología de información y comunicación valiéndose del uso de la Internet. De seguir el país imitando el atraso de países plegados a ideologías calamitosas, sus instituciones se verán forzadas a ir ¡palo abajo!

“La democracia no necesita más de cuarteles, que de universidades

con autonomía y libertades académicas”