Politización y partidización de las Fuerzas Armadas Nacionales

Todo lo que ha estado ocurriendo en la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la ex Yugoslavia, en los países del este europeo y ahora en América Latina, parece indicar que nos ha tocado vivir la época de mayor expansión de la democracia representativa. Los socialismos autoritarios de partido único y las dictaduras militares burocrático-autoritarias han retrocedido y los sistemas políticos han sido copados por soluciones democráticas representativas de diverso signo. Las hay democratacristianas, las hay socialdemócratas y las hay socialistas democráticas, todas ellas representativas.

Las condiciones de surgimiento, de construcción y de preservación de estos sistemas políticos democráticos emergentes, tienen planteado los problemas asociados al control y el uso de la fuerza pública por quienes han sido legitimados por los procesos electorales para elaborar, formular y ejecutar las políticas públicas de la administración de la defensa, de las operaciones militares y las políticas de seguridad ciudadana. Por los efectos demoledores sobre la planta física de la sociedad, sus ecosistemas y de la vida misma de sus ciudadanos, la discusión vinculada a la oportunidad, la proporción y la eficiencia en el uso de la fuerza pública, exige compartir entre proyecto políticos diferenciados, una serie de supuestos, prerrequisitos y valores convertidos en principios axiomáticos intangibles de todos los miembros adultos de la sociedad. Entre ellos destacan: El principio del monopolio legitimo de la fuerza y el principio democrático de apolítica y no deliberante de la fuerza armada.

La sociedad debe asumir, a través de la institución militar y policial, el monopolio legítimo de la fuerza pública. Ningún individuo ni organización social debe poseer armas de guerra y las de defensa personal o de uso industrial deben estar autorizados por quien determine la Ley. Es en este sentido que la teoría política ha asumido la existencia de un contrato social, según el cual los miembros de la sociedad aceptan desarmarse y entregar su voluntad de combate individual a una institución especializada de la sociedad para la administración y uso de la fuerza de coerción física de toda la sociedad. Bajo estos supuestos los ciudadanos aceptan la organización de la Fuerza Armada para la defensa exterior y la cooperación con fuerzas policiales y de seguridad para el orden interior.

El principio democrático de apolítica y no deliberante, se fundamenta en el supuesto que, la fuente donde se generan las tensiones y confrontaciones de la sociedad, se encuentra en la inevitable existencia de diversidad de intereses irreconciliables entre los grupos sociales diferenciados de esa sociedad. En consecuencia, para garantizar la estabilidad y desarrollo de la capacidad de satisfacción de las demandas sociales por parte de la actividad productiva, creativa y distributiva de la sociedad; surge la imperiosa necesidad de aceptar los procedimientos y normas democráticas como regla de oro para disputarse los cargos públicos. De esta disputa política, deben estar expresamente excluidos los ciudadanos que han aceptado cumplir funciones de defensa y en consecuencia son portadores legítimos de las armas de guerra y por lo tanto de la fuerza de coerción física de la sociedad.

Hay quienes confunden la estrecha relación existente entre la política y la guerra, sacando la falsa conclusión de que las armas, en última instancia, definen la política y en consecuencia cometen el error de pensar que los hombres armados son políticos con armas. Quienes así piensan, suelen olvidar que cuando les toca actuar a los instrumentos de la guerra se trata de una acción dirigida por la racionalidad política, la cual se realiza después de haber agotado las vías pacíficas de solución del conflicto. La política les da instrucciones a los hombres de la guerra para que con las armas entregadas por la sociedad para su seguridad, hagan valer sus posiciones doblegando por la fuerza la voluntad de combate del contrario. Que la guerra en esencia sea un acto político violento no supone que quienes la realizan, los combatientes, se transformen en políticos.

En el caso de las confrontaciones políticas en el seno de la sociedad, el problema de la relación entre ciudadanos armados y ciudadanos desarmados, se plantea en toda su agudeza. Cuando se trata de la lucha por el control de los recursos del poder, entre los cuales las instituciones militares, policiales y de seguridad del sistema político se transforman en un objetivo político y militar estratégico, entre quienes se disputan la hegemonía política. Si alguna de las opciones políticas en pugna logra controlar los aparatos militares, policiales y de seguridad las probabilidades del surgimiento de varios centros de distribución de poder político serian altas y la vía de la guerra civil estarían abiertas como posibilidad de acceso al poder. Por esta razón, el pensamiento democrático ha construido el principio de apolítica y no deliberante para la institución militar y sus miembros. Al convertir este principio teórico en norma constitucional, la sociedad está garantizando que los ciudadanos que aceptan cumplir con las funciones de defensa y de seguridad de la sociedad no van a ser utilizados por ningún grupo, partido o persona para sus fines políticos ineludiblemente sectarios y excluyentes.

Si la democracia, en un supuesto desarrollo institucional sustituye la condición de “apolítica y no deliberante” de las instituciones castrenses, estará cometiendo el error de abrir las puertas de los cuarteles e instituciones académicas militares a la confrontación política, a la participación en el debate político y en consecuencia a los riesgos de politización, de partidización, de fraccionamiento de la fuerza militar y por tanto de la ruptura del principio de obediencia y absoluto respeto a la jerarquía militar, elementos claves para garantizar la institucionalización de la Fuerza Armada, el profesionalismo de los hombres y mujeres sobre las armas y lo que es mucho mas grave el cumplimiento de su misión de defensa de la soberanía.

En el caso venezolano, a partir del triunfo de Hugo Chávez, se abre un intenso período de reconstrucción del sistema político democrático venezolano y en particular se inicia un activo proceso de reestructuración del Ministerio de la Defensa y de las Fuerzas Armadas Venezolanas. Cambios en su visión y su misión a partir de una radical formulación de una nueva doctrina militar, basada en una percepción imperial de las amenazas al nuevo sistema en gestación y de una profunda inserción en los procesos de formación, formulación y ejecución de las decisiones del sistema político venezolano, no sólo en el ámbito de la política militar, sino sobre todo “en su activa participación en el desarrollo nacional” y en particular en la ejecución de las políticas relacionadas con las denominadas misiones.

Lo primero que se observa al analizar las normas constitucionales donde se definen la visión, la misión y la organización de las Fuerzas Armadas venezolanas es que, esta normativa se encuentra dentro de un Título, dedicado a la seguridad de la nación. Es la primera vez, en la historia constitucional de Venezuela, “que en un texto de tal índole, se dispone de un capítulo sobre esta materia. La Constituyente de 1999, al investir de rango constitucional al tema de la seguridad y de la defensa, se orientó por una perspectiva restringida, limitada y sesgadamente militar de la seguridad. Al concentrar en un Título de la Constitución los asuntos relativos a la seguridad y a la defensa, plantea una controversia que toca el fondo del problema de la seguridad. ¿Cuales son aquellos asuntos de la sociedad relativos a la seguridad, que ameritan darle un trato especial en la Constitución?, ¿Cuáles son aquellos temas propios de la defensa y en que se les distingue de los de seguridad?, ¿estamos acaso confundiendo un asunto con el otro al generalizar el uso de la categoría “seguridad y defensa”?.

Si nos inclinamos por el concepto de “seguridad integral” o “seguridad humana”, o simplemente “seguridad”, tendríamos que concluir que el Constituyente venezolano de 1999, cuando menos confundió la concepción democrática de “seguridad” al reducirla a un Título de la nueva Constitución. Si la seguridad es integral, tal y como se afirma en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, tendríamos que concluir que no se trata de una simple confusión, sino de una concepción militarista de la seguridad, donde la integralidad de la seguridad, se asume como “la corresponsabilidad del Estado y la sociedad” para la defensa. De tal forma que, desde esta perspectiva, los otros Títulos de la Constitución tratan asuntos que no se refieren a la “seguridad de la nación”; olvidando que, la seguridad, en términos democráticos, incluye todos los derechos civiles y políticos, ahora denominados derechos humanos y no sólo los relativos a los temas que para garantizarlos ameritan el uso de la fuerza pública, como es el caso de la soberanía territorial y el orden interno.

Desde una perspectiva democrática, la sociedad, está en la obligación de garantizar a todos sus miembros la seguridad del territorio, de los derechos humanos de los ciudadanos y la estabilidad de sus instituciones política, de allí su integralidad. Las constituciones no son más que la traducción jurídica de tales garantías y en este sentido la Constitución es la carta magna de la seguridad y su reducción a un título, como es el caso venezolano, dedicado sólo a los asuntos del uso de la fuerza, es una óptica militar de la seguridad, extendida a toda la sociedad, guiados por el supuesto principio de “corresponsabilidad” el cual convierte en potenciales combatientes a todos los miembros de la sociedad.

Esta visión centrada en el uso de la fuerza para garantizar la seguridad, es la razón por la cual el Constituyente de 1999 se inclinó por enunciar el TITULO VII “DE LA SEGURIDAD DE LA NACION”, como si los temas asociados a la violencia fueran los únicos a los cuales hace referencia la noción democrática de seguridad. Aquí se encuentra una de las fuentes explicativas de la ampliación de la Visión de la Fuerza Armada venezolana y el cambio de su condición de institución apolítica y no deliberante, por el de institución de “participación activa en el desarrollo nacional”, lo cual le permite legalizar su movilización permanente en actividades civiles. Y en sentido inverso, al establecer “la corresponsabilidad del Estado y la sociedad en la defensa nacional” establece la base constitucional para la militarización de sectores de la sociedad civil.

Este es el nuevo modelo de relaciones civiles y militares en Venezuela, en el cual la Fuerza Armada adquiere preeminencia en los asuntos de carácter civil e incorpora a la estructura monopolizadora de la fuerza a un sector de la sociedad civil, identificada, según la LOFAN como Reserva de Movilización Nacional y Guardia Territorial.

En la Constitución del 99 se resuelve una vieja controversia en relación a la politización de la Fuerza Armada, otorgando a sus miembros el derecho al voto. Desde la perspectiva de las relaciones civiles militares se trata de un paso significativo en el proceso de incorporar a los miembros de la Fuerza Armada a la experiencia democrática del voto, sin embargo hay quienes han afirmado que, también se trata de un espacio civil copado por los militares, quienes al tener el derecho a votar, también adquieren el derecho a deliberar sobre los asuntos políticos y a tomar partido por los candidatos y organizaciones políticas en competencia, por lo tanto, podría interpretarse como otro paso en la politización y partidización de la fuerza armada.

La Constitución del 99, eliminó el carácter “apolítico y no deliberante” de la institución militar, lo cual obliga a preguntar ¿Cuál es el tipo de actividad política en la que podrían participar los miembros de la Fuerza Armada sin que ello introduzca elementos de fricción, fracción, agrupamiento, desobediencia e incluso insubordinación por razones de disputas político electorales, para hacer referencia solo a este tipo de actividad política? ¿Deben los ciudadanos institucionalmente armados participar en política? Este es el problema más importante en la discusión del proceso de politización de la Fuerza Armada. ¿Cómo pueden los civiles controlar y colocar en una relación de subordinación a los miembros de la institución militar cuando éstos participan directamente en la controversia política?
Si las armas son un instrumento de la política, las diferencias políticas entre hombres armados, en última instancia se resuelven con la utilización del poder y la fuerza que dan las armas. Así ha sido a lo largo de la historia. ¿Por qué ahora, en Venezuela, puede ser distinto? Tal cambio ha debilitado hasta el extremo, los controles constitucionales para el uso de la fuerza monopolizada por los ciudadanos oficiales y soldados armados.

Es a partir de los cambios constitucionales de 1999, de la redefinición del concepto estratégico, de la definición del “imperialismo” como la amenaza principal al proyecto político que, se han identificado las nuevas misiones para los componentes militares venezolanos, centradas en 1)una confusa concepción de seguridad inclinadamente militarista, 2) una errada definición estratégica de las potenciales amenazas a los intereses de todos los venezolanos, 3) Un ilimitado concepto de “participación activa en el desarrollo nacional” 4) una supuesta “corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad en la defensa de la nación, 5) un agudo proceso de sustitución del principio de “apolítica, obediente y no deliberante por una abierta politización; y 6) Una riesgosa “participación en alianzas o coaliciones con las Fuerzas Armadas latinoamericanas y caribeñas” . Estas adherencias a la misión clásica de defensa, han generado cambios en la formulación de las leyes orgánicas de Seguridad de la Nación y de la Fuerza Armada Venezolana, cambios que sirven de base al proceso de reestructuración del Ministerio de la Defensa y de la Fuerza Armada que hoy se adelanta en Venezuela.

Finalmente, este acercamiento crítico a los cambios en la visión y misión de la Fuerza Armada Venezolana que, están influyendo en su politización y potencial partidización, debe incluir el análisis de los datos provenientes de las relaciones de la institución militar y sus miembros con la ejecución de las políticas gubernamentales asociadas a la llamada nueva etapa del proceso revolucionario; el cual tiene como centro dinámico los anunciados cinco motores hacia el socialismo del siglo XXI. Hasta el presente, hemos observado por lo menos tres significativos acontecimientos que apuntan hacia la verificación de la hipótesis de la existencia de un proceso de politización y utilización como partido político de la Fuerza Armada Venezolana.

Ellos son, uno, la conmemoración del 4 de febrero como una gesta digna de la Fuerza Armada, con un desfile militar donde el comandante General finalizó su discurso con el lema “patria, socialismo o muerte” y la condecoración de los oficiales participantes en un intento fallido del golpe de estado contra un gobierno democráticamente electo. Se obligo a la fuerza armada a celebrar un acto inconstitucional donde oficiales constitucionalistas e institucionalistas defendieron el sistema democrático y derrotaron a los oficiales insubordinados. Se obligó a la institución militar a asumir partido por los militares politizados el 4 de febrero.

Dos, la creación de Comisiones legislativas del Ministerio de la Defensa para discutir los proyectos de leyes militares que deberán ser incluidas dentro de las decisiones de la Ley Habilitante. Esta iniciativa se coloca en el supuesto Constitucional de “participación activa en el desarrollo nacional”, pero introduce una lesión al principio democrático de organización no deliberante. Lo cual apunta hacia su politización.

Y, tres, la participación de los cadetes de los cuatro componentes militares en el acto de inauguración del quinto motor: moral y luces, junto a los partidarios del Presidente. ¿No es esta una nueva forma de militancia política, expresamente prohibida a los miembros activos de la institución militar, por la Constitución de 1999?. Son este tipo de hechos que confirman la hipótesis de que la FAN está siendo objeto de un intenso proceso de partidización y politización. Lo cual refuerza una hipótesis de conflicto político cuyo centro de gravedad podría ser la propia institución militar.