Polémica jurídica

“Yo declaro que la justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte. La peor forma de injusticia es la justicia simulada.”

PLATÓN

LA REFORMA DE LA LEY DEL TSJ ES UN SECRETO BIEN GUARDADO. Está circulando en los despacho de los Magistrados del TSJ, pero de manera muy reservada, un proyecto de reforma a la LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, publicada Gaceta Oficial Nº 37.942 del 20 de mayo de 2004. A todos se les ha prohibido hablar de este tema. Nadie se atreve a decir nada de esa reforma, sin embargo, nuestras fuentes en Dos Pilitas, que incluye magistrados, nos han prometido una copia. Dicen nuestras fuentes que efectivamente, en el proyecto se contempla el despido de quince magistrados, ya que se contempla volver a como era antes, a solo tres magistrados por sala. También se plantea la desaparición de la Electoral, la cual pasaría a ser apenas una Sala Especial, igual que la Agraria, coordinada por un Conjuez Permanente y adscrita a la Sala Político Administrativa. Por otra parte, la tembladera está centrada en los que se tienen que ir. Se nos dice que en esta lista aparecen discriminados así: SALA CONSTITUCIONAL: Jesús Eduardo Cabrera Romero y Pedro Rondón Haaz; SALA CIVIL: Yris Armenia Peña de Andueza y Carlos Oberto Vélez, aunque afirman que la Peña busca salvarse hundiendo a Isbelia Josefina Pérez de Caballero; SALA PENAL: Eladio Aponte Aponte y Blanca Rosa Mármol; SALA POLITICO-ADMINISTRATIVA: Emiro Antonio García Rosas y levis Ignacio Zerpa; SALA SOCIAL: Omar Mora Díaz y Juan Rafael Perdomo; y como desaparece la SALA ELECTORAL quedarían cesantes Luís Alfredo Sucre Cuba, Juan José Núñez Calderón, Fernando Ramón Vegas Torrealba, Luís Martínez Hernández y Rafael Arístides Rengifo Camacaro. También logramos saber que quienes se salven en esta oportunidad quedarán guindando, pues a sabiendas que en este TSJ hay un desastre sin precedentes, la intención del Alto Gobierno, es remozarlo todo. Para nadie es un secreto que allí se han formado grupos que defienden intereses propios; que hay una buena cantidad de magistrados corruptos e incapaces, que allí se eterniza una guerra de todos contra todos y muchos andan por la libre haciendo lo que les da la gana. También que existe un generalizado nepotismo, es decir, allí relevo es urgente. Con esta movida el gobierno tratará de lavar un poco la cara de las acusaciones contra el Alto Tribunal que ya han llegado a convertirse en un tema recurrente entre las filas oficialista como quedó en evidencia en el debate donde Carlos Escarrá e Iris Varela denunciaron la existencia de mafias y tribus en el TSJ con señalamientos incluso de naturaleza personal contra magistrados acusados de corruptos. Es por esto que a la final, todos estos magistrados saldrían. La verdadera intención del presidente Chávez es que cuando se apruebe la reforma a la Ley del TSJ, se convoque a la relegitimación de todo el tribunal, para lo cual se designará una comisión que será la encargada de filtrar bien a todos los aspirantes. Se asegura que la reforma y el remozamiento del TSJ va muy pronto, es decir, antes de tres meses.

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MAGISTRADOS EN LA SOMBRA.- El Tribunal Supremo de Justicia en general está en manos de los asistentes de magistrados, son estos quienes en realidad llevan el peso del ejercicio de la función de juzgar, son los magistrados en la sombra. Por ahora vamos a referirnos en particular a los que se desempeñan en la Sala Constitucional por tratarse de la que tiene mayor suma de poderes, y donde, a nuestro juicio, se presentan situaciones mas preocupantes. Los asistentes tienen a su servicio un importante personal profesional, abogados jerarquizados en distintas clasificaciones, a quienes encomiendan la elaboración de proyectos, los cuales una vez concluidos son revisados y corregidos por estos asistentes. Una vez que el proyecto pasa por este filtro le es entregado al magistrado que de acuerdo con su capacidad lo analiza o no, lo corrige o no. Hay magistrados sin la debida calificación jurídica que dejan todo en manos del asistente, cuando mucho, y de acuerdo con la existencia de algún interés personal o político, le dirán a éste que el proyecto se dirija en tal o cual sentido. Una vez que el magistrado da su visto bueno el proyecto es distribuido a los demás despachos donde los otros asistentes son los encargados de revisar. En oportunidades se hacen observaciones que conllevan a modificaciones al proyecto, pero la mayoría de las veces pasan sin problemas. Hay algunos asistentes que generan preocupaciones como por ejemplo el de Luisa Estela Morales Lamuño, un abogado de nombre Gilberto Guerrero quien conoció a ésta en Miraflores donde trabajaba en el departamento de Consultoría Jurídica. Allá eran compañeros de trabajo también de la ex procuradora Marisol Plaza. Cuando Luisa Estela Morales fue destituida como jueza de lo Contencioso consiguió trabajar bajo las órdenes de Marisol Plaza en el palacio de gobierno, y allí ya Marisol tenía trabajando a Guerrero, amigos desde Maracay. El asistente del magistrado Francisco Carrasquero es un abogado de nombre José Rafael Centeno, cuñado de Omar Mora. Hay toda una historia sobre el manejo de Mora sobre los tribunales laborales, siendo Centeno su mano derecha en tales actuaciones. A Centeno se le pasó la mano en aquella jurisdicción y entró en conflicto con la jueza Maryori Acevedo, presidenta del circuito laboral, contra quien estuvo organizando una sublevación de los jueces de sustanciación, una vez descubierto estuvo a punto de ser destituido, lo salvó el cuñado Mora quien entonces se lo endilgó a Carrasquero como su asistente. Es de advertir que este Centeno también trabajaba en Miraflores bajo las órdenes de Marisol Plaza en Consultoría jurídica. Como puede verse, la ex procuradora tiene muy buenos vínculos en la Sala Constitucional. Rubén Laguna, asistente del magistrado Arcadio de Jesús Delgado Rosales (hijo del ex Magistrado José Manuel Delgado Ocando), es otro de los mas destacados “magistrados en la sombra”. Se inició en estas actividades con Iván Rincón, continuó con Luís Velásquez Alvaray y ahora sigue con Delgado. Puede decirse que es todo un veterano que se adapta con facilidad a cualquier jefe, en la Sala se le reconoce como el asistente con mayor capacidad de autonomía, ha tenido la habilidad para desempeñarse según su libre criterio. Laguna mantiene vínculos con ciertos bufetes y abogados en ejercicio. Los asistentes son unas figuras necesarias para el mejor desempeño de las funciones de los magistrados, pero lo inaceptable es que se conviertan en los verdaderos magistrados, primero porque eso es una desfiguración de lo que manda la Constitución sobre todo el procedimiento para la designación de los Altos Jueces. Los candidatos deben pasar por mecanismos de selección que independientemente de los señalamientos sobre su relajamiento, son requisitos que hay que cumplir, y tienen que ser nombrados por una mayoría calificada en la Asamblea Nacional, todo para que después el cargo lo ejerzan otras personas que nadie ha elegido, ni han pasado por el comité de Postulaciones, ni se les ha examinado su hoja de vida ni su currícula. El sobredimensionamiento de las funciones de estos asistentes viene dado principalmente por el factor de debilidad profesional de los magistrados, es decir, allí se nombraron una serie de personas no calificadas, sin suficientes méritos académicos ni formación intelectual que no pueden manejar las profundidades jurisdiccionales que se les han encomendado y entonces encuentran en los asistentes un apoyo que les resulta vital. Estos “salvadores” rápidamente se dan cuenta que sus jefes no entienden mucho de sentencias y entonces saben que ellos son los verdaderos jueces, que tienen en las manos un poder importante sin tener que dar la cara por su ejercicio ya que los fallos aparecen firmados por otros. Muy pocos magistrados revisan los proyectos que les traen los asistentes y les dan luz verde. Finalmente cabe señalar que basta con que cuatro de estos asistentes de la Sala Constitucional se pongan de acuerdo para convertir un proyecto en sentencia, sea cual sea su importancia económica, social o política, esa es una luz roja prendida en el tablero de la justicia venezolana.

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LA JUEZA DE YARACUY, RÉQUIEM POR LA JUSTICIA.- Ya aquí nada asombra. El ministro Pedro Carreño condenó a la jueza Cuarta de Control del estado Yaracuy, Alcy Maite Viñales, como autora del delito de haber dictado una decisión que estaba entre sus atribuciones. “Sobre esa jueza recaerá todo el peso de la ley” bramó Carreño, y al día siguiente, viernes por la noche, la Comisión Judicial se reunió de emergencia para destituirla. La misma Comisión Judicial que hasta ahora nada ha dicho por las gravísimas acusaciones lanzadas desde la Asamblea Nacional contra la Sala Constitucional acusándola de estar penetrada por mafias y roscas, salió presurosa a cumplir con la orden emitida por la prensa por Carreño. ¿Y que fue lo que hizo la jueza? Cumpliendo con su deber y con mandato expreso de la ley, impuso a las 29 personas inculpadas de estar relacionadas con la fuga de Eduardo Lapi, una medida de presentación. Pero el gobierno quería que estas personas estuvieran presas, no que se les juzgara en libertad como establece el Código Orgánico Procesal Penal. El deseo gubernamental no podía ser cumplido, ni siquiera por una jueza chavista como ésta, eso era una arbitrariedad. El colmo del abuso y de la más abyecta sumisión es la carrera de la Comisión Judicial para complacer al gobierno entregándole la cabeza de la jueza. El pretexto que utilizaron para la destitución es que la decisión causó conmoción pública, como si eso fuera una falta imputable a la funcionaria que solo hizo aquello que no podía dejar de hacer. En este gobierno ni cuidan ya las apariencias, además del abuso antes comentado, no obstante que los 29 investigados por la fuga de Lapi fueron liberados legalmente por un tribunal, la policía los privó de su libertad bajo una ilegal orden de “acuartelamiento”, como si fueran militares, con lo cual dejaron sin efecto la decisión tribunalicia. Aquí agarraron la Constitución, la enrollaron bien enrolladita y se la metieron por el… bolsillo. La víctima principal de esta tragedia es la independencia del poder judicial: + Q.E.P.D.