Polémica jurídica

“Silenciar la crítica es silenciar la libertad”

Sidney Hook
Uno de los principales filósofos sociales
de los Estados Unidos

LOS INTRÍNGULIS DEL CASO MICROSTAR…. ESTHER BIGOTT NO ENCUENTRA QUE HACER PARA JUSTIFICAR EL DINERAL QUE LE HA SACADO A ELIGIO CEDEÑO.- Gonzalo González Vizcaya fue el primer fiscal del caso MicroStar, funcionario a quienes muchos califican de serio y honesto que no se prestó para hacerle el juego a los involucrados. Lo hicieron salir del caso con una denuncia que tramó este grupo, y de inmediato lo sustituyeron por la fiscal Yoneiba Parra, quien viajó a Miami donde se reunió con Eligio Cedeño, Cesar Loaiza y Esther Bigott de Loaiza, esa reunión se celebró 20 días antes de que el caso estallara públicamente. El alto gobierno supo de esta reunión y puso al tanto al Fiscal General Isaías Rodríguez, quien entonces puso al perro a cuidar chorizos, le mandó el caso a Luisa Ortega Díaz, socia de la Bigott. El grupo trazó la estrategia de imputar al capitán Edgar Hernández Berehns para involucrar al gobierno, sacando cuentas que entonces taparían el rollo. La fiscal Yoneiba Parra cumplió el plan e imputó al Presidente de Cadivi. Uno de los expertos designado por el Ministerio Público para las investigaciones financieras fue a Gabriel Estaño y el grupo lo recusó, la jueza declaró con lugar la recusación y la Parra no apeló a pesar de que se trataba de su experto, además de sobrino del Fiscal General Isaías Rodríguez. Todo esto, la recusación, la decisión con lugar y la no apelación fue organizado por el grupo. Cedeño entonces pasó al ataque y ordenó a sus abogados querellarse contra Gabriel Estaño por falso testimonio, la querella fue admitida. Esto enfureció al tío del experto, Isaías Rodríguez y a los cinco días estaba imputado y con privativa Eligio Cedeño. Harto Isaías de lo que hacía la fiscal Yoneiba Parra y a sabiendas de lo comprometido que en esto estaba Luisa Ortega, ordenó sacar a esta fiscal del caso y está a punto de despedirla. Isaías entonces designó para el caso a los fiscales Nelson Mejías y Alejandro Castillo, ambos con fama de muy serios y con buena reputación. El grupo no ha podido penetrarlos. En este caso Luisa Ortega ha quedado muy mal parada y ha resentido su estrecha relación con el Fiscal General. El grupo anda de carreritas porque la Bigott le mandó a decir a Eligio Cedeño que Isaías Rodríguez se iba del cargo y que Luisa Ortega lo sustituiría, pero esa retirada del Fiscal Isaías Rodríguez, que algo tenía de cierto, fue abortada, primero por el titular que le desplegó El Diario de Caracas, y segundo porque Rodríguez se ha tomado a pecho el caso y quiere llegarle al final y verle el hueso a Eligio Cedeño. Está por verse si las heridas recibidas en este caso por Luisa Ortega son tan graves como para distanciarla de su jefe y socio, pero en estos días la malquerencia generalizada en el Ministerio Público contra ella está haciendo mucho ruido, casi todos la quieren fuera. Esther Bigott no encuentra que hacer para justificar el dineral que le ha sacado a Eligio Cedeño sin haberle podido cumplir en nada. Hoy en día podemos afirmar que esta abogada huele a fó entre la gente del gobierno que antes la tenía de vedette, ahora no la quieren ni ver, no la reciben ni le contestan llamadas. Seguiremos informando.

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¿ANTE QUIÉN RECLAMAR LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES DE LA SALA CONSTITUCIONAL? Las esposas de los ocho funcionarios de la Policía Metropolitana, enjuiciados por los hechos del 11 de abril del año 2002, están solicitando una audiencia con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrada Luisa Estela Morales Lamuño, con el fin de conocer las razones que han impedido a la Sala Constitucional decidir sobre la Acción de Amparo Constitucional presentada por ellas el 27 de septiembre de 2005. La falta de celeridad procesal de la Sala Constitucional es injustificable, si se toma en cuenta que el Amparo fue admitido en fecha 5 de mayo de 2006 (ocho meses después de introducido), y la audiencia constitucional se celebró el 7 de noviembre de 2006, antes de las elecciones, fecha en la cual la Sala Constitucional decidió dictar un auto para mejor proveer, solicitando información al Tribunal de Juicio del estado Aragua, pese a que es público y notorio que ese juicio se encuentra en pleno desarrollo. La Sala Constitucional recibió hace ya dos meses la información requerida y aún así no termina de decidir, a sabiendas que los funcionarios de la PM tienen cuatro (4) años privados de su libertad. Resulta inconcebible que la Sala Constitucional incurra en tan bochornoso retraso procesal, pues en todas sus decisiones fustiga a los Tribunales inferiores e impone sanciones, cuando incurren en denegación de justicia, desacatos y retardos.

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CONDENARON AL SICARIO, PERO FALTAN LOS POLICÍAS.- El Tribunal 9° de Control de Responsabilidad Penal del Adolescente de Caracas, sancionó con tres años y cuatro meses de prisión al adolescente, de 15 años, que dio muerte, el pasado 29 de enero, a Melisa Paola González Bilbao, encargada de una tienda de telefonía móvil, ubicada en Chacaito. En la audiencia preliminar, el adolescente admitió haber accionado el arma que dio muerte a González Bilbao, por lo que la fiscal 115° de Responsabilidad Penal del Adolescente, Mélida Llorente, lo acusó por el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en el 406 ordinal primero del Código Penal. A pesar de que la pena por este delito asciende a 5 años de prisión, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Orgánica para Protección del Niño y el Adolescente (LOPNA), el juzgado rebajó un tercio de ella por la admisión de los hechos en la audiencia y decidió que el adolescente permanecerá en el Centro Carolina Uslar, ubicado en El Algodonal. Cabe destacar, que por este hecho también se encuentran privados de libertad el sargento segundo de la Policía Metropolitana Pablo Barrera Ruiz, y al agente, Eduardo Urguelles Medina por la presunta comisión del delito homicidio calificado, en grado cooperadores inmediatos y agavillamiento, previstos en el artículos 406 y 286 del Código Penal en relación con el 83 de la misma norma; así como uso de adolescente para delinquir, previsto en el artículo 264 de la LOPNA. Hay que recordar que de lo que se trata es de un caso de sicariato, pues Rubén Antonio Urueta Martínez, esposo de la víctima contrató a los funcionarios policiales para le dieran muerte a su cónyuge, y éstos, a su vez, buscaron al adolescente para que cometiera el delito.

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SOCIAS EN ACCIÓN.- Nos está llegando abundante información referida al grupo de abogadas y socias Esther Bigott de Loaiza, Marisol Plaza Irigoyen, Luisa Ortega Díaz, Carmen Vargas y Luisa Estela Morales Lamuño. Ya hemos procesado algunas, pero otras, mucho más delicadas las estamos sometiendo a verificación, para luego ofrecerlas con apego a la verdad.

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ESTE PERSONAJE SE LAS TRAE.- El magistrado de la Sala Electoral Luís Martínez Hernández anda muy activo en estos días. En temas, especialmente políticos-financieros, se oye mucho su nombre. Sobre este personaje también nos están llegando informaciones en bruto sobre sus andanzas, negocios y amistades. Las estamos verificando, para procesarlas y ofrecérsela a nuestros lectores.

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CONTINÚAN LAS DENUNCIAS EN CONTRA DEL JUEZ COORDINADOR DE TRIBUNALES DE TRABAJO EN CABIMAS.- Debido a la información publicada en esta columna en relación a una serie de Denuncias en contra del juez Todo Poderoso de Cabimas Miguel Ángel Graterol, varios abogados que ejercen su profesión en los Tribunales del Trabajo de esa localidad, nos han informado que este “enjuiciador”, casi nunca realiza los respectivos Juicios, es decir, a cada rato los suspende, alegando excusas triviales, y todo para realizar como especie de un “parlamentarismo de calle”, es decir visitando las empresas que tienen causas en su tribunal. El, con el mayor desparpajo sostiene que pertenece a la tribu del Magistrado Omar Mora Díaz. Según los denunciantes, este juez que recogió en el mes de diciembre pasado más de 50 millones de bolívares y que para comprarle juguetes a los niños pobres de la Costa Oriental del Lago. Compró unos tres mil juguetes, que no le costaron ni 5 millones de bolívares y los repartió en la zona aledaña a su hacienda. Por otra parte hay que decir que este operador de in justicia actúa sin ningún tipo de mediación y con arbitrariedad, pues es neófito en la materia, pues mientras los verdaderos profesionales del derecho se capacitaron durante un mes, en el 2003, pasando trabajo en Caracas, dejando sus familias solas y pidiendo prestado para financiar sus gastos para lograr ingresar como Juez de la Jurisdicción Laboral, expuestos a no quedar seleccionado, este apadrinado ingresó bajo la capacitación del dedo del Magistrado Mora, quién lo apoya. Luego fue a concursar en el ano 2005, para cumplir con el requisito de Ley y obtener su titularidad como Juez de Primera Instancia del Trabajo, ¡claro ya la tenia ganada! ¿Hasta cuando permite el Tribunal Supremo de Justicia que este juez siga utilizando el Tribunal Primero de Juicio del Circuito Judicial de Cabimas para hacer de las suyas? Ese se observa abandonado debido a que el Juez Miguel Ángel Graterol, si no esta suspendido por enfermedad… anda en la calle buscando plata……! Así son las cosas, como diría Oscar Yánez.

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SIN LUGAR RECURSO REFERIDO A JUICIO INTENTADO CONTRA EL BANCO INDUSTRIAL.- La Sala de Casación Social, con ponencia del magistrado Alfonso Valbuena Cordero, declaró sin lugar un recurso de casación presentado por el apoderado judicial de Manolo Rodríguez, contra una sentencia dictada por el Juzgado Primero Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. El caso trata de un juicio por cobro de diferencia de prestaciones sociales seguido por Manolo Rodríguez, contra la sociedad mercantil Banco Industrial de Venezuela, C.A., en el que el mencionado Juzgado Superior de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 14 de agosto del año 2006, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el ex trabajador y sin lugar la acción presentada, siendo confirmado el fallo apelado. Posteriormente, Rodríguez interpuso recurso de casación alegando que la sentencia del Juzgado Superior incurrió en errónea interpretación de la convención colectiva de trabajo y como consecuencia falsa aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo, pero la Sala de Casación Social al estudiar el caso indicó en su sentencia que “reitera la juzgadora de alzada que la Cláusula Nº 46 se refiere a las indemnizaciones por despido injustificado previstas en la Ley Orgánica del Trabajo, las cuales fueron canceladas en forma triple, con las limitaciones legales, por el banco demandado”, por lo que se declaró improcedente la denuncia. Rodríguez esgrimió además que el fallo del Juzgado Superior vulneró el artículo 524 de la Ley Orgánica del Trabajo, por falta de aplicación, sin embargo la Sala del Alto Tribunal indicó en su sentencia que en el presente caso “no existe discusión respecto a la vigencia o no de las normas aplicables para su resolución, por el contrario, la recurrida establece que el mismo debe dilucidarse de conformidad con lo dispuesto en la cláusula Nº 46 de la Convención Colectiva respectiva, la cual interpreta acertadamente, como ya se constató, y aplica”, por lo que concluyó que el fallo impugnado no incurrió en la falta de aplicación del artículo 524 de la referida Ley. En vista de lo anterior la Sala de Casación Social declaró sin lugar el recurso anunciado y formalizado por Manolo Rodríguez, contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 14 de agosto de 2006.

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INVITADOS DE LUJO.- Muy pronto se celebrará la boda de la hija de doña Esther Bigott de Loaiza, Esther García Bigott. Según las invitaciones que ya comenzaron a circular, será nada más y nada menos que en “La Romana”, el exclusivo sitio de República Dominicana, donde solo van los ricos y famosos. La lista de invitados incluye a altos funcionarios del gobierno, del Ministerio Público, y hasta del Poder Judicial. Se nos aseguró que la primera invitada es la presidenta del TSJ, Luisa Estela Morales Lamuño, además de la ex Procuradora Marisol Plaza, la Fiscal Luisa Ortega Díaz y Carmen Vargas, entre otras muchas. Se dice que será la boda del año. Estaremos pendientísimos de este evento donde rodará, en finos licores y demás exquisiteces, el dinero percibido como honorarios en el caso Bandagro, así como los grandes ingresos por el manejo de las grandes cuentas del Seniat.

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CON LUGAR RECURSO DE CASACIÓN EN CASO DEL CENTRO MÉDICO DE CARACAS.- La Sala de Casación Civil, en ponencia de la magistrada Isbelia Pérez Velásquez declaró con lugar el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte accionante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el día 9 de marzo de 2006, mediante la cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por la sociedad accionante y; sin lugar la acción intentada. Además ratificó el fallo apelado dictado el 6 de julio de 2005, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial. Igualmente anuló la sentencia recurrida, y se ordenó al juez superior que corresponda, dicte nueva sentencia sin cometer el defecto de actividad declarado por la Sala queda de esta manera casada la sentencia impugnada. La Sala luego de declararse competente para decidir observó que el requisito de congruencia está previsto en los artículos 12 y 245 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, de conformidad con los cuales el sentenciador debe pronunciarse sobre todos y cada uno de los alegatos formulados por las partes en la demanda y contestación. Así mismo, destacó que ha extendido este requisito respecto de aquellos alegatos formulados en los escritos de informes, siempre que se trate de peticiones y defensas surgidas en el curso del proceso luego de trabada la litis y, por ende, de imposible presentación en el libelo y la contestación, los cuales resulten determinantes en la suerte del juicio, como el alegato de confesión ficta u otros similares.

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El magistrado de la Sala Electoral Luís Martínez Hernández anda muy activo en estos días