Polémica jurídica

Ninguna pérdida por inundación o tormenta, ninguna destrucción de ciudades y templos por fuerzas hostiles de la naturaleza, ha privado al hombre de tantas vidas e impulsos nobles como los que su propia intolerancia ha destruido.

Hellen Keller

¿TRAFICO DE INFLUENCIA EN EL TSJ? Las juezas penales de Aragua Zomalia Margarita Gutiérrez de Bejarano y Mariela Jiménez Gamboa de Ramírez fueron RASPADAS y por tanto, automáticamente quedaron fuera del sistema judicial, según las normas aprobadas en el TSJ. El caso es que aquí todo el mundo anda extrañado, porque alguna mano poderosa ¿Isaías Rodríguez? se movió y logró para ambas un derecho a “reparación”, es decir una segunda oportunidad. Si eso lo permiten, se le abre la posibilidad a todos los raspados a acudir a la Sala Constitucional a solicitar un amparo, puesto a que “la salsa que es buena pal pavo, debe ser buena para la pava”. ¿Hay más casos de estos en el país? En otras entregas profundizaremos sobre este asunto que evidencia un tráfico de influencias que se paga con cárcel, según la Ley Contra la Corrupción.

VENEZUELA ENTERA ASPIRA A UNA JUSTICIA MÁS O MENOS FUNCIONAL Y HONESTA, EN LA CUAL SE PRIVILEGIEN LOS VALORES ÉTICOS Y LOS CRITERIOS JURÍDICOS. Por décadas los venezolanos hemos anhelado la existencia de un Poder Judicial idóneo, pulcro, transparente, decente y honesto. En la búsqueda de ese objetivo y desde los diversos medios de comunicación donde nos han tocado escribir sobre el tema judicial, hemos dedicado años de lucha y sacrificios tratando de lograr para Venezuela una justicia más o menos funcional y honesta, en la cual se privilegien los valores éticos y los criterios jurídicos, y no los intereses políticos o económicos al momento de decidir los asuntos que les son sometidos a su consideración. Durante años hemos escuchando decir que los palacios de justicia en nuestro país son una especie de mercados persas, donde se compran y se venden sentencias, cual si las mismas fueran mercancías que se ofrecieran al mejor postor, pero siempre hemos tenido la esperanza de que este estado de cosas tiene necesariamente que cambiar. Luego de toda aquella alharaca que ocurrió en el Poder Judicial cuando intervino la Asamblea Nacional Constituyente, creímos que el sueño de los venezolanos se vería realizado, que Venezuela tendría un ejemplar sistema judicial.

Lamentablemente el tiempo ha llenado al país de frustraciones. Hoy la administración de justicia padece graves problemas. Además de los comunes a toda la sociedad, están los propios, tales como la postración del Poder Judicial por la existencia aun de un elevadísimos porcentaje de jueces provisorios, que como tales son más manipulables que los otros, esto sumado a que la incapacidad reinante por los juzgadores improvisados, que en muchos casos mantiene paralizadas las causas, ya que no saben cómo hacer las cosas.

Y si a lo anterior le sumamos que el fenómeno de la corrupción aparece acentuado en comparación con épocas anteriores, nos daremos cuenta de la dramática situación que vive nuestro Estado de Derecho. En ese pasado reciente estuvimos en la primera línea en la lucha por la reforma judicial, lo cual nos da autoridad moral para afirmar que en estos siete años las cosas han empeorado. Con todo y los terribles vicios que había en la llamada “Cuarta República”, hemos ido en un franco retroceso. Vamos a citar sólo algunos puntos donde afincamos estas afirmaciones: 1.-) Antes había cierto contrapeso entre la Corte Suprema de Justicia como cabeza del Poder Judicial, y el Consejo de la Judicatura como gobierno, vigilancia, disciplina y administración del mismo. Es cierto que los partidos invadieron a este organismo y lo llevaron a la perversión de que dos o tres grupos se repartían las prebendas, los nombramientos y demás, pero el remedio fue algo similar al del chiste de quien vende el sofá porque en él su mujer practicaba la infidelidad. La Constitución del 1999 vendió el sofá al eliminar el Consejo de la Judicatura, y en vez de lograr con ello erradicar el mal, lo profundizó al entregarle todo el poder al Tribunal Supremo de Justicia, pues un grupo interesado y que en ese momento estaba en el lugar preciso, tomó por completo las riendas del Alto Tribunal y eso implicó el control de la Inspectoría de Tribunales y de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Es decir, toda la supremacía jurisdiccional, disciplinaria, presupuestaria y de los nombramientos. Luego de la caída de Luís Miquilena, esa práctica fue heredada por los grupos rapaces que le sucedieron al primero, hasta llegar a lo que vimos con el caso Luís Velázquez Alvaray y compañía. 2) Antes había tres o cuatro tribus que dominaban la escena, ahora hay una sola que lo controla todo. No se puede ser juez si no se pasa por el filtro de ellos. Quien no se alinea es hostigado mediante inspecciones constantes con las que prácticamente se fuerza su salida para darle el cargo a un incondicional, sepa o no de derecho. 3.-) Los concursos están sujetos a una infinidad de triquiñuelas dirigidas a que los de la tribu sean los que se queden. 4.-) Se han venido llenado las vacantes con jóvenes recién graduados que no tienen la menor idea del oficio de juez. 5.-) Se implantó una política de “todo el dinero para el TSJ, migajas para los demás tribunales del país”. En efecto, todos vemos cómo en el Alto Tribunal se dispone de ingentes recursos para sistemas de seguridad computarizada, rayos láser para abrir las puertas, un ejército de funcionarios parapoliciales, veinticuatro millones de bolívares mensuales por magistrado, decenas de auxiliares para cada uno de ellos, vehículos, gastos de representación, etc., etc., etc., mientras que en los casi mil cuatrocientos tribunales donde el grueso de la población va en búsqueda del servicio justicia, carecen hasta de lo elemental, pasando por míseros sueldos para jueces y empleados. 6.-) La cúpula judicial del Tribunal Supremo de Justicia aparece haciendo y deshaciendo jurisdiccionalmente, sin atenerse a preceptos jurídicos universales. Reina la anarquía entre las Salas y entre los propios magistrados, hay algunos de estos que tienen comprobada participación en estafas y fraudes, y otros de quienes ruedan alarmantes historias de sus ejecutorias cuando abogados en ejercicio, o de su vida privada que trasciende al público. Es un desprestigio como antes nunca se había visto, y eso cuestiona la imagen que debe irradiar la administración de justicia, sobre todo su más alta dirigencia, y, 7.-) Los mecanismos para enjuiciar a los magistrados que se establecieron en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la práctica anulan toda posibilidad para que tal cometido se pueda llevar a cabo. Es decir, se saben dueños de la más absoluta impunidad.

HAY UNA SOCIEDAD QUE RECLAMA, UN SER HUMANO QUE ESTÁ ESPERANDO POR JUSTICIA Y UNA COMUNIDAD QUE VIVE LAS ANGUSTIAS DE LA IMPUNIDAD QUE GENERA MAYOR DELINCUENCIA. A juicio del presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Eladio Aponte Aponte, la solución a los problemas que se presentan en el sector carcelario del país está en las manos de cada de uno de los organismos involucrados, es decir, en el Ministerio Público, en el Ministerio de Interior y Justicia, en la Defensa Pública y en el Poder Judicial en general, por lo que exhortó a que cada quien cumpla con responsabilidad con su labor «y ese es el gran compromiso que asumimos hoy». La opinión del magistrado se produjo en el marco de una reunión con todos los presidentes de los circuitos penales, fiscales superiores y coordinadores de la defensa pública; que contó con la asistencia del presidente del Alto Tribunal, magistrado Omar Mora Díaz; del Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, del Ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón; del diputado de la Asamblea Nacional, Juan José Molina; y de la magistrada de la Sala Penal y directora general de la Defensa Pública, Deyanira Nieves Bastidas. Antes de comenzar su intervención el magistrado Aponte Aponte aclaró que aunque se trataba de su opinión personal, y no de la Sala Penal, «lo importante es que llegó el momento de no estar diciendo que la culpa es de la Fiscalía General o del Juez, o del Ministerio de Justicia, aquí la culpa es de todos y la solución del problema está en nuestras manos, y ese es nuestro gran compromiso en el día de hoy; buscar soluciones».

En este sentido, anunció la instalación de mesas de trabajo de donde surgirán propuestas concretas, de acuerdo con las experiencias y responsabilidades de cada uno de los entes involucrados. También resaltó el papel de vigilantes que también deben asumir «por ejemplo, si el juez como director del proceso detecta una falla del fiscal del caso, no se haga el desentendido, que es en lo que a veces está incurriendo. Eso debe ser nuestro aporte en la lucha contra la impunidad que tanto daño nos hace, donde más nos atacan. Yo creo que allí es donde debemos asumir nuestro compromiso». Precisó que lo anterior es solo una de las tantas fallas en que se incurre, «pero el juez debe asumir su responsabilidad con la sociedad que reclama justicia, y así se lo digo a los fiscales y a los defensores. Yo creo que cada uno debe cumplir su rol y si la República nos exige que le dediquemos más tiempo a esto, vamos a dedicarle más tiempo, porque a veces es muy sabroso llegar a las 10 de la mañana para irse a las 2 de la tarde, y el viernes muchos están esperando que sean las 12 para encender el carro, y esa conducta irresponsable y cómoda no puede continuar, porque hay una sociedad que reclama, un ser humano que está esperando por justicia y una comunidad que vive las angustias de la impunidad que genera mayor delincuencia».

SOLUCIONES INMEDIATAS. Hay que informar que se conformaron tres mesas técnicas con el objeto de buscar soluciones inmediatas al problema carcelario, así como a las posibles causas del fenómeno de retardo procesal, las cuales serán asumidas por los organismos autónomos con prontitud y así darle una respuesta contundente a la ciudadanía. Esas mesas técnicas basarán su trabajo en unos estudios sobre las causas del retardo procesal elaborados por los organismos ya mencionados, pero lo importante de todo esto es que todos los que tienen que ver con el sistema de justicia estén prestos a buscar una solución definitiva y que se tomen los correctivos correspondientes de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.

IMPUTARON A TRES DIRECTIVOS DE LA SOCIEDAD ANTICANCEROSA. La Fiscalía formalizó la imputación contra tres integrantes de la junta directiva de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, presuntamente involucrados en el manejo irregular de recursos por el orden de los dos millardos de bolívares. Ante el despacho del fiscal 57 nacional en materia de Salvaguarda, Luís Abelardo Velásquez, comparecieron Fernando Guzmán Fajardo, presidente de la Sociedad; Pedro García Azpúrua, vicepresidente; y Luís Alberto Gómez, vicepresidente ejecutivo. Estos habrían incurrido en aprovechamiento fraudulento de fondos públicos y malversación, delitos previstos en los artículos 52 y 57 de la Ley Contra la Corrupción, la cual prevé condenas que van de 3 a 10 años; y multas entre 30 y 60 por ciento del valor de los bienes objeto de investigación. La Fiscalía abrió la investigación a raíz de los señalamientos formulados por el antiguo director administrativo del Hospital Padre Machado, Jorge González, quien denunció un posible manejo irregular de los fondos, luego de detectar un faltante por el monto mencionado al principio. Gonzáles ya rindió declaración ante el despacho fiscal, al igual que Sara Maissi, ex directora del centro de salud, destituida el 23 de junio de los corrientes por decisión de las personas imputadas, tras señalar demoras e irregularidades en la entrega de recursos para la realización de obras. La suma cuyo destino se desconoce, provenía del aporte entregado por el Ministerio de Finanzas para la ejecución de proyectos como la remodelación de la planta física del Hospital Padre Machado y la adquisición de un acelerador lineal para el tratamiento de tumores. El fiscal 57 nacional ya giró instrucciones a expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales, y Criminalísticas y de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras a los fines de adelantar las experticias necesarias sobre 25 cuentas bancarias, abiertas por la Sociedad Anticancerosa para la recepción de fondos. Aunque la investigación se encuentra en pleno desarrollo, en la Fiscalía se sostiene que la suma faltante pudo ser empleada sin autorización en colocaciones bancarias y operaciones en el mercado bursátil, cuyas ganancias no fueron reportadas a la Sociedad Anticancerosa.