Polémica jurídica
«Ojo por ojo, y el mundo acabará ciego.»
MAHATMA GANDHI
BANCO PROVINCIAL PERDIÓ JUICIO EN EL TSJ POR $ 68.980.773,65.- La entidad bancaria guarda silencio frente a la derrota judicial que sufrió… El Banco Provincial perdió una demanda en la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (EXP. Nº 2000-1.063, MAGISTRADO PONENTE: LEVIS IGNACIO ZERPA) por cobro de dólares americanos a la República, en razón de los pagares firmados con la empresa Industrias Metalúrgicas Van Dam C.A. (la de los Tanques AMX 30) En febrero del 2006 ocurrió exactamente igual. El mismo tribunal, el mismo juez, el mismo concepto. Sorprende el silencio del banco, sobre todo, tratándose de sesenta y ocho millones novecientos ochenta mil setecientos setenta y tres dólares de los Estados Unidos de América con sesenta y cinco centavos (US $ 68.980.773,65) ¿Que opinaran los accionistas?.. Si es que se enteran… ¡Difícil explicar algo así! (El primero (1º) de febrero de los corriente, se publicó y registró la presente sentencia, marcada con el Nº 00161, la cual no esta firmada por el Magistrado Hadel Mostafá Paolini, porque no estuvo presente en la discusión, por motivos justificados, según la Sala)
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A ISAÍAS RODRÍGUEZ, CLODOSVALDO RUSSIAN Y A GERMÁN MUNDARAÍN LES LLEGA SU CUARTO DE HORA.- Ya está llegando a su fin el periodo de siete años (07) contemplado para los miembros del Poder Ciudadano, es decir, Isaías Rodríguez, fiscal general de la República; Clodosvaldo Russian, contralor general; y, Germán Mundaraín, el defensor del pueblo. De acuerdo con el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, el Comité de Evaluación de postulaciones para la designación de los nuevos titulares del los órganos del Poder Ciudadano (Fiscal General, Contralor General y Defensor del Pueblo) se deberá conformar próximamente. Veamos lo que al respecto dice la Ley: “Capítulo II… Del Comité de Evaluación de Postulaciones.- Artículo 23.- El Comité de Evaluación de Postulaciones se integrará con representantes de diversos sectores de la sociedad, quienes deberán ser venezolanos por nacimiento, y en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, en un número no mayor de veinticinco (25) integrantes, y cuyos requisitos serán establecidos en el Ordenamiento Jurídico Interno del Consejo Moral Republicano, que lo convocará sesenta días antes del vencimiento del período para el cual fueron designados los titulares de los órganos del Poder Ciudadano, a efectos de seleccionarlos mediante proceso público, de conformidad con lo establecido en el artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En caso de no haber sido convocado el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano en el lapso indicado, la Asamblea Nacional procederá a la designación de los titulares de los órganos del Poder Ciudadano en un tiempo no mayor de treinta (30) días continuos.” Podemos afirmar que hay muchos preparados al bate, que aspiran ocupar esos cargos. La verdad es que el Presidente Chávez será quién decida al respecto. La Asamblea Nacional solo bendecirá la orden de Miraflores.
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LA “TRIBUS JUDICIALES’ SON MAFIAS, QUE REALMENTE OBEDECEN A UNOS INTERESES MUY LEJANOS AL ALTO INTERÉS DE LA JUSTICIA.- Ayer la magistrada Luisa Estella Morales, nueva presidenta del TSJ ofreció unas declaraciones en las que se refirió al tema de la corrupción judicial. En este sentido la nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Morales Lamuño fue puntual al señalar que el problema del retardo judicial es un problema de funcionamiento del Poder Judicial mientras que el de la corrupción es un «problema de ética, mucho más profundo». En este sentido, la presidenta del TSJ expresó que se ha hecho un esfuerzo grande por dignificar el Poder Judicial, «pero tenemos que ser muy cuidadosos en la escogencia; y sobre todo porque el problema que heredamos no fue un problema de dos días, es una situación que viene de hace décadas, en el cual se dio la facilidad de la formación de las llamadas ‘tribus judiciales’, con el permiso de los indígenas, pero en verdad son mafias, que realmente obedecen a unos intereses muy lejanos al alto interés de la justicia. Por eso pienso que debemos enfrentar éste problema con mucha entereza, y solicitarle a todos aquellos que se sientan comprometidos con un proceso de hacer un hombre nuevo, no dar pie a apoyos o a ningún tipo de solidaridad a personas que han actuado contrario a la ética; y el Poder Judicial está empeñado en enfrentar la corrupción eso y yo tengo la responsabilidad también de la Comisión Judicial y me angustio de ver las cosas que a veces nos encontramos en las jurisdicciones que son rémoras de un sistema totalmente corrompido». La magistrada Morales dijo que se debe dar la oportunidad al Poder Judicial de «revolucionarnos por dentro, de buscar las salida y de encontrar ese Juez nuevo para una sociedad nueva. Yo creo que nosotros tenemos derecho como ciudadanos y como funcionarios a que se nos dé esa oportunidad».
Por otra parte podemos asegurar que la doctora Luisa Estella Morales Lamuño tiene decidido retirarse de la Comisión Presidencial para la Reforma Constitucional, pues según ella misma “es diferente actuar como titular de la Sala Constitucional que como cabeza del Poder Judicial». La doctora Morales Lamuño explicó que es evidente que se presentan dos situaciones diferentes, y que por eso cree que lo mejor sea retirarse de esa comisión, pero dijo que eso lo definiría en cuestión de algunos días más.
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HOY COMENZARÁ EL JUICIO A UGUETH URBINA.- Hoy, martes 13 de febrero,0 comenzará el juicio oral y escrito al grandeliga Ugueth Urbina, luego de año y medio de haber sido acusado por lesiones infringidas a un grupo de trabajadores en su finca ubicada en Los Valles del Tuy, estado Miranda. El acusador privado, Antonio Molina, indicó que los hechos se originaron el 15 de octubre del 2005, oportunidad en que el lanzador presuntamente golpeó, hirió y trató de quemar a 8 de sus trabajadores y dos de ellos estuvieron a punto de morir por las lesiones. Recordó que el proceso es conocido por el tribunal Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, extensión Ocumare del Tuy, a cargo del juez Adrián García. El abogado Molina dijo que el proceso tiene retardo procesal por los cambios de defensa que ha hecho el acusado, pero ya fue fijado el 13 de febrero como fecha de inicio del juicio. Manifestó que los abogados defensores de Ugueth Urbina introdujeron este jueves un documento en el tribunal de la causa donde solicitaron una medida cautelar sustitutiva de libertad para que su representado sea juzgado en libertad. Pero recordó que ya los abogados del lanzador habían hecho esa misma petición y fue negada, “porque persisten las condiciones de fuga del acusado y en esta oportunidad puede repetirse la misma sentencia”. Ugueth Urbina es acusado de la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de frustración, privación ilegítima de libertad y hacer justicia por sus propias manos. De ser condenado, el lanzador podría cumplir una pena de 15 años de prisión.
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LES DECOMISARAN LOS PASAPORTES A LOS MEDICOS CUBANOS.- A principios de mes se informó que por lo menos 38 médicos cubanos que desertaron de la misión en Venezuela están atrapados en Colombia, que les negó refugio, y esperan si Estados Unidos los asila. Algunos de esos médicos dijeron que eran forzados a trabajar siete días a la semana por poca paga y sus relaciones con los venezolanos eran vigiladas. “No podíamos llamar a nuestras familias ni salir después de la 5 de la tarde, la Guardia Nacional de Venezuela y las autoridades cubanas nos controlaban a cada minuto”, dijo uno de ellos a la agencia AP. “Nos cansamos de ser tratados como esclavos”, añadió. El caso es que ayer se supo que el gobierno venezolano, en acuerdo con el cubano, decidió decomisarles los pasaportes a todos los médicos cubanos que aún permanecen en el territorio venezolano, a fin de frenar las deserciones. Los pasaportes estarán en manos de las autoridades venezolanas y solo se los entregaran para regresar a Cuba. Es decir, que en lo adelante estarán más controlados que antes.
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PRIVADOS DE LIBERTAD DOS DE LOS “AGRICULTORES” DEL ESTADO LARA POR DELITO DE CONCUSIÓN.- El Tribunal 8° en funciones de Control del estado Lara acordó la medida privativa de libertad contra dos funcionarios policiales de esa entidad, quienes forman parte de lo que en Barquisimeto se conoce como “los agricultores” y quienes fueron aprehendidos el pasado viernes 09, en la capital larense, luego de que presuntamente cobraran una suma de dinero solicitada un ciudadano. Los dicen los agricultores, pues a quienes no se dejan extorsionar, les siembran drogas y armas. En la audiencia de presentación, el fiscal 22° de Lara, William Guerrero, imputó a los funcionarios Hembert Gudiño y Franklin Torres, por la presunta comisión de los delitos de concusión y agavillamiento, previstos y sancionados en los artículos 60 de la Ley Contra la Corrupción y 286 del Código Penal, respectivamente. Los imputados permanecerán recluidos en la sede del Centro Penitenciario de Occidente en Uribana, mientras transcurre el lapso para la presentación del correspondiente acto conclusivo. Gudiño y Torres fueron denunciados ante las autoridades por un ciudadano, a quien supuestamente amenazaron con involucrar en la comisión de un delito sino les entregaba cierta cantidad de dinero. Tras un procedimiento de inteligencia, efectivos de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) interceptaron el vehículo en el cual se desplazaban los funcionarios policiales en la Carrera 25 con calle 14 de la ciudad de Barquisimeto. La investigación continúa a fin de determinar la presunta responsabilidad de otros miembros del organismo policial regional en el hecho.
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PRESOS SEIS EFECTIVOS DEL CICPC POR LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE CONCUSIÓN Y PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD.- La podredumbre en los organismos policiales del país es cada vez más evidente. Ayer los Tribunales 3º y 6º Control de Yaracuy, acordaron medidas privativas de libertad en contra de 6 funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Subdelegación de San Felipe, de esa entidad federal, por la presunta comisión de los delitos de concusión, abuso de autoridad y privación ilegítima de libertad. En la audiencia de presentación, celebrada ante el Tribunal 3° de Control el 10 de febrero, los fiscales 2º Y 10º de Yaracuy, Miguel Ángel Gómez y Rosario Elena Herrera, respectivamente, imputaron a los funcionarios Ilan José Santander Infante, Cruz Mario Azuaje Briceño y Edgar Eduardo Lara Gil, por los delitos antes mencionados. En ese mismo acto, fueron acordadas las medidas de privación de libertad solicitadas por el Ministerio Público. El tribunal 3° de Control ordenó que los imputados fueran recluidos en la Comandancia de la Policía de Yaracuy, hasta la realización de la audiencia preliminar. La investigación que dio origen a estas medidas se inició luego de una denuncia interpuesta por un ciudadano, quien señaló que fue interceptado y amenazado con un arma de fuego bajo el supuesto de una presunta orden de aprehensión del año 2004, por funcionarios de la subdelegación del CICPC, con se de en la capital yaracuyana. Luego de su aprehensión los funcionarios le solicitaron, presuntamente, la suma de 50 millones de bolívares. En virtud de su negativa a entregar el dinero requerido, estuvo detenido durante cinco días en el Comando de Patrulleros Urbanos de San Felipe. Con respecto a los funcionarios presentados ante el Tribunal 6° de Control, el día 11 de febrero, los fiscales 2º Y 10º de Yaracuy, Miguel Ángel Gómez y Rosario Elena Herrera, respectivamente, imputaron a los funcionarios Segio Edilberto Fuentes Colmenarez, Pedro Rafael Gordillo Zerpa, Juan Pedro Meléndez Piña, Ilan José Santander Infante y Cruz Mario Azuaje Briceño, por la presunta comisión de los delitos de concusión, abuso de autoridad y privación ilegítima de libertad. El Tribunal acordó las medidas privativas de libertad contra estos policías, de acuerdo a la solicitud del Ministerio Público. Cabe señalar que Santander Infante y Azuaje Briceño también fueron imputados por la causa que conoce el Tribunal 3° de Control, órgano jurisdiccional ante el cual se realizó el sábado 10 de febrero.
La causa que conoce el Tribunal 6° de Control, se inició a raíz de otra denuncia hecha por un ciudadano, quien afirmó ser víctima de una presunta extorsión por parte de unos funcionarios policiales de San Felipe, quienes le exigían la cantidad de diez millones de bolívares para liberarlo de un expediente de drogas que le habían levantado, dinero éste que fue entregado, según el denunciante. En este caso, el Tribunal 6º de Control acordó que el sitio de reclusión para los imputados fuera la Comandancia de Policía del Estado Yaracuy.
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NUEVO VICEPRESIDENTE DEL TSJ, SUCRE CUBA, TIENE UNA PELIGROSA TRIBU JUDICIAL.- En los tribunales civiles y mercantiles de Caracas se ha ido montando una tribu regentada por el cumanés, Luís Alfredo Sucre Cuba, nuevo vice presidente del TSJ. Este magistrado, quien desde que ascendió a ese cargo, ha estado muy activo colocando gente suya, incondicional, en cuanto cargo queda libre en el área civil capitalina. Después que les consigue los puestos les exige que hagan lo que el les dice, o mejor dicho, lo que les ordena a través de dos de sus ayudantes en la Sala, quienes de paso han aprovechado para montar su propio sub.-negocito. Van donde los jueces a recomendar sus propios casos. Cabecillas de esta tribu son Angelina Margarita García jueza 12 de primera instancia civil de Caracas y Carmen Helena Gutiérrez jueza 7ª Bancario. La primera es una de las juezas que más denuncias disciplinarias tiene por inepta, por retardo procesal y por abuso de autoridad. La segunda, soterradamente mantiene una campaña contra la nueva presidenta del TSJ desde hace tiempo, y por tanto obra por reconcomio. Tal parece que todo proviene de una vieja inquina entre la doctora Morales Lamuño y la ex jueza superior, hoy jubilada, madre de esta Carmen Helena. Ambas son las capitanas del equipo del magistrado de la Sala Electoral y ahora con el ascenso de este andan peores que nunca. ¿Hasta cuando las tribus?
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GUERRA AVISADA.- Atención Lisbeth Segovia, juez cuarto de primera instancia civil de Caracas: En su tribunal tiene a dos personas que andan haciendo desastres hace tiempo, las altas autoridades ya tienen un rollo de ellos y están en la idea de que usted o lo sabe y los deja, o es su cómplice, se trata de Ramón y de Robert quienes al mejor estilo persa todo lo venden y todos pueden comprarle sus mercancías, solo que esas mercancías llevan su firma doctora Segovia. Para más señas, estos dos pajaritos se reúnen frecuentemente con su antecesor en ese cargo que usted hoy desempeña y quien fuera doblemente destituido de allí: Heber Contreras. Estas reuniones etílicas y de negocios se celebran en un botiquín denominado “La Estación del Metro” en las adyacencias del edificio de la CTV en Quebrada Honda. ¡Saque a estos sujetos de su tribunal o alguien la sacará a usted!
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¡POR FIN! FISCALÍA INVESTIGAN ACTIVAMENTE CASOS DE PORNOGRAFÍA INFANTIL EN VARIOS ESTADOS DEL PAÍS.- Fiscales adscritos a la Dirección de Protección Integral de la Familia, dirigen activamente las investigaciones de los casos de pornografía infantil, denunciados, en varios estados del país, para determinar las responsabilidades penales correspondientes. La información la sumiistró el propio FGR, Isaías Rodríguez quién destacó que casos de pornografía infantil que se investigan, forman parte de una materia muy delicada y reservada que imposibilita ofrecer información detallada de los avances obtenidos, puesto que sus víctimas son niños, niñas y adolescentes, aseguró que se adelantan una serie de diligencias, de las cuales se desprenden posibles vinculaciones con redes internacionales. Señaló además que el Ministerio Público, a través de la Dirección de Protección Integral de la Familia, trabaja en coordinación con el Ministerio de Educación, los Concejos de Protección del Niño y el Adolescente y los directores de los planteles educativos, con la finalidad de ejecutar acciones conjuntas para avanzar en las investigaciones que se realizan, y delinear políticas que posibiliten abordar, integralmente, este grave problema. El Fiscal General mencionó al Distrito Capital, Carabobo, Táchira y Zulia como los estados en los cuales existen investigaciones vinculadas a la pornografía infantil. Agregó que, en el estado Táchira ya existe un imputado por el Ministerio Público que se encuentra a la espera de que el Tribunal 3º de Control, fije la audiencia preliminar respectiva. La acusación contra el ciudadano José Gregorio Márquez Pernía fue presentada el pasado 31 de enero de 2007, por la presunta comisión de los delitos de explotación sexual y tentativa de explotación sexual, establecido en el artículo 258 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente, y actos lascivos agravados, tipificado en el artículo 376 del Código Penal. FISCALÍAS CON COMPETENCIA ESPECIALIZADA.- Igualmente, el máximo titular del Ministerio Público informó sobre un proyecto piloto que adelanta el Ministerio Público, en los estados Carabobo, Zulia, Táchira y el Distrito Capital, asignar competencia especializada a un grupo de despachos fiscales en las materias de violencia intrafamiliar, mala praxis médica, y robo y hurto de vehículos, cuya finalidad es fortalecer la capacidad de respuesta de la institución a los ciudadanos. “Lo que queremos lograr es una mayor eficiencia y eficacia en los casos relacionados con estas materias específicas”, dijo Rodríguez. “La formación de fiscales con estas competencias especializadas ayudará, en gran medida, a dar respuesta oportuna y cubrir la cadena de consecuencias que producen los hechos punibles”. Indicó que con este proyecto se busca adecuar el Ministerio Público a las nuevas realidades. En el caso específico de las fiscalías de violencia intrafamiliar, Isaías Rodríguez explicó que “existe un mecanismo de intermediación de las partes, no se pasa inmediatamente a la investigación de los hechos, pero hay una conciencia que hay que cambiar en la mujer, en el hombre y en la sociedad para que se entienda que eso es un delito, no un percance y eso pervierte nuestra actitud ante la sociedad. Este será el tema de la segunda fase de la campaña institucional educativa que ofrecerá el Ministerio Público este año.” En cuanto al acto de inauguración de la nueva sede del Ministerio Público en el estado Vargas, realizado en horas de la mañana de este sábado 10 de febrero, y que originó estas declaraciones del Fiscal Rodríguez ante los representantes de medios de comunicación social asistentes, refirió que la misma cuenta con 1.400 metros cuadrados de construcción en cuatro plantas donde funcionarán 11 despachos fiscales; una Oficina de Atención a la Víctima; una Oficina de Atención al Ciudadano, fiscales de transición y el Fiscal Superior del estado, presta desde ya a atender a toda la población varguense. Apuntó Isaías Rodríguez que en todas las sedes del Ministerio Público de los estados existe una Oficina de Atención a la Víctima pero en aras de ofrecer un mejor servicio y descongestionar esas oficinas de la cantidad de casos recibidos y que no son competencia de la Institución, surgió la Oficina de Atención al Ciudadano, la cual permite al usuario tener orientación y asesoría de los problemas planteados. En virtud de ello, el Fiscal General aspira tener igual número de Oficinas de Atención al Ciudadano en todas las sedes del Ministerio Público del país. En la actualidad están en funcionamiento ocho.
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TSJ DECLARÓ CON LUGAR RECURSO INTENTADO BANCO DE BRASIL S.A.- La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia declaró con lugar el recuso de casación propuesto por la representación judicial de la entidad financiera Banco de Brasil S.A contra la sentencia dictada el 11 de agosto de 2005 por el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, referente al juicio intentado por dicha entidad bancaria contra la sociedad de comercio Corporación Lynn, C.A. por cobro de bolívares, vía de intimación. En consecuencia de esta decisión, la Sala también decidió decretar la nulidad del fallo recurrido y ordenó al juzgado superior que resulte competente dictar nueva decisión corrigiendo el vicio aquí censurado. Al comienzo del juicio, el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con competencia nacional y sede en la ciudad de Caracas, conociendo en apelación, «dictó sentencia definitiva en fecha 11 de agosto de 2005, mediante la cual declaró con lugar el recurso procesal de apelación interpuesto por la empresa codemandada y Gustavo Alfonso Ramírez Farias contra la decisión del a quo, de fecha 17 de diciembre de 2003, que declaró con lugar la demanda; y, como consecuencia de ello, revocó la decisión apelada y declaró sin lugar la demanda». La Sala consideró, entre otras observaciones, que «el juez superior estriba en que en la presente causa se dictaron dos autos de admisión de la demanda, el primero, proferido por el juzgado distribuidor el 18 de agosto de 2000, a solicitud de la parte actora, sólo a los fines de interrumpir la prescripción de la acción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.969 del Código Civil; y, el segundo, proferido por el juzgado de la causa en virtud de haberle correspondido el conocimiento de la causa previo el cumplimiento de la distribución de expedientes». Igualmente consideró la Sala que «al declarar nulo el auto de admisión dictado por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario en fecha 18 de agosto de 2000, el juez superior infringió lo dispuesto en los artículos 15, 206 y 211 del Código de Procedimiento Civil y violó el derecho de defensa de la parte». Finalmente, expresó la instancia Civil del TSJ que al haber hallado procedente una infracción de las descritas en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se abstuvo de conocer y decidir las restantes denuncias contenidas en ambos escritos de formalización del recurso de casación, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 del citado código por lo que decidió declarar con lugar el recurso de casación propuesto por la representación judicial de la parte demandante y así se decidió.
INADMISIBLE RECURSO DE INTERPRETACIÓN DE DOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA EL CONTROL DE LOS CASINOS.- La Sala Político-Administrativa declaró inadmisible un recurso de interpretación de los artículos 6 y 56 de la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, que fue interpuesto el 26 de julio de 2006 por Ángel Ramón Cedeño Silva, actuando con el carácter de Presidente de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles
