Polémica jurídica

«Las almas superiores no tienen miedo más que de una cosa: De cometer una injusticia”

AMADO NERVO
Poeta y escritor mexicano
(1870-1919)

LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR EL ESTADO SIGUEN RATIFICANDO LA INOCENCIA DE IVÁN SIMONOVIS, HENRY VIVAS, LÁZARO FORERO Y LOS OCHO POLICÍAS DE LA PM.- En el juicio contra el ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor, Iván Simonovis; los ex directores generales de la Policía Metropolitana (PM), Henry Vivas y Lázaro Forero; además de los ocho policías de la PM, por la presunta participación en los hechos del 11 de abril de 2002 ocurridos en el centro de Caracas, podemos informar que el Inspector Jefe del CICPC Jesús Ramírez, quién es experto planimétrico va para tres semanas declarando, sobre los planos que realizó y donde según, aparecen las personas disparando. Por cierto que esa planimetría ha destacado que hubo un intenso intercambio de disparos y no como se quiere hacer ver, que solo los policías fueron los que dispararon. Las propias experticias revelan que los pistoleros de Puente Llaguno dispararon el doble de proyectiles que los policías, que estaban en la esquina de Muñoz. Otro hecho que revela la saña de los pistoleros, es la experticia a uno de los vehículos blindados de la PM y que se conocen como Ballena, y que recibió no menos de mil impactos de balas. Extrañamente, a esa Ballena no se le hizo la correspondiente planimetría, para ver de donde provenían los disparos que recibió, y que pusieron en peligro la vida de los policías. Cada vez se demuestra más que los policías actuantes el 11 de Abril recibieron el plomo parejo. Es decir, que el propio gobierno se está asando en su propia salsa con este juicio, que no solo constituye una vergüenza para el sistema judicial venezolano, sino que demuestra la INOCENCIA, en mayúscula, de los policías procesados.

GRAVE DENUNCIA DE UN LARENSE CONTRA EL CONTUBERNIO DEL PODER JUDICIAL CON LOS GÓMEZ SÍGALA DUEÑOS DE CENTRAL BANCO UNIVERSAL.- “Estimado periodista José Rafael Ramírez, le escribo para recordarle el caso de la denuncia formulada por ante el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz; por ante la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, presidida por la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño; y, por ante la Inspectoría General de Tribunales, referida al RETARDO PROCESAL cometido por Tania Maria Pargas Canelón, Juez Primera de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, quién reiteradamente viola el Artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en varias docenas de expedientes. Hay inclusive expedientes que ya han cumplido todos los lapsos establecidos por la Ley, y todavía esperan, no sabemos que, para que la referida jueza se digne en dictar sentencia. El caso por ejemplo del expediente: Kp02-V-2.003-002462, donde la parte actora la ciudadana Agnet Josefina Chirinos Ochsner, cédula de identidad número V-9.460.036, está esperando por decisión. Este caso se refiere a una demanda de NULIDAD DE DACIÓN DE PAGO, contra la Institución Financiera C. A. Central Banco Universal, y declaratoria de Simulación contra la empresa supuestamente con sede en la Isla de ARUBA, A. F. C. ALLIED FUND CORPORATION A. V. V., representada por el ciudadano Bernardo Vera Medrano, cédula de identidad número V-4.159.737. Curiosamente y llama la atención, que la ciudadana Agnet Chirinos Ochsner, amparada por los artículos 168, 170, y 1281, del Código Civil, luego de haber consignado todas las pruebas pertinentes al caso en copia certificada, y donde consta que no hubo el consentimiento del cónyuge en la negociación de su esposo con la Institución Financiera C. A. Central Banco Universal, y presentados los informes y haber pasado más de trescientos (300) días, porque la Juez Tania Maria Pargas Canelón, no toma una decisión en esta causa. ¿Ésta jueza en que ranking la pudiéramos ubicar? Entre los jueces corruptos que están esperando una propuesta indecente para cumplir con su trabajo o entre los jueces incapaces que por desconocimiento de la materia no haya por donde empezar para hacer el dispositivo del fallo. Lo que si es cierto que se es irresponsable y corrupto cuando se acepta un cargo para el cual no se está preparado ni intelectual ni moralmente. Tienen la palabra los Magistrados integrantes de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, y la Magistrada integrante de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia e Inspectora General de Tribunales, Yris Armenia Peña Espinoza de Andueza, para que se le abra el debido procedimiento a todos estos jueces corruptos y se proceda a su suspensión y posterior destitución. Señor Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Teniente Coronel (Ej.) Hugo Rafael Chávez Frías, métale la LUPA, a los Tribunales Civiles y Mercantiles de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, pero ordene a la Dirección de Inteligencia Militar, en la persona de su Director General de Brigada (Ej.) Hugo Armando Carvajal Barrios, porque hay una Magistrada de Barinas de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que en la gran mayoría de sus decisiones, favorece a los grandes capitales como es el caso de la acción de cobro de bolívares, contra la empresa Promociones Tirreno, C. A., en el expediente número: R. C. – 2.005- 000349, y R. C. 2.005 – 000334, ordenó la REPOSICIÓN de la CAUSA, sin ton ni son favoreciendo a una de las familias que más aportado recursos a la oposición política que viene trabajando para sacar de Miraflores a la esperanza de un pueblo que todavía ve en estos infiltrados con boina roja, pero que por debajo de cuerda se entienden perfectamente bien con los enemigos más recalcitrantes de nuestro Presidente Hugo Chávez Frías, como es el caso de la familia Gómez Sígala del estado Lara, accionistas mayoritarios y Directivos de la Institución Financiera C. A. Central Banco Universal y de sus empresas relacionadas Promociones Tirreno, C. A., Seguros Los Andes entre otras. Métale el OJO Señor Presidente y reestructure lo más pronto posible ese Tribunal Supremo de Justicia, y esa Sala de Casación Civil, como es el caso planteado de esa Magistrada del Estado Barinas. Atentamente: Javier Alvarado, desde Barquisimeto”

TRES GUARDIAS NACIONALES, UN FUNCIONARIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA, Y CINCO CIVILES PARTICIPARON EN EL SECUESTRO DEL EMPRESARIO MAZZONE.- El Tribunal 39° en funciones de Control del área metropolitana de Caracas, acordó la medida privativa de libertad contra tres Guardias Nacionales, un funcionario de la Policía Metropolitana (PM), y cinco civiles por su presunta participación en el secuestro del empresario Anthony Vicente Mazzone, hecho ocurrido el pasado martes 03, en la urbanización La Floresta. En la audiencia de presentación el fiscal 24º, Rafael Giménez, imputó a los distinguidos Jadys Franklin Senior Ortiz y Gerardo José Salas Perales; al cabo primero Miguel Erasmo Arias Hernández todos adscritos al Destacamento Nº 56 de la GN; así como a Luís Rodolfo Flores Villalobos funcionario del Servicio de Protección Especial de la PM; además de, Elías Rojas Velásquez, Wilmer Alberto Mora García, Carlos Enrique Irázabal, Manuel Manrique Rey y Noel José Armas por la presunta comisión de los delitos de robo de vehículo, robo agravado, secuestro y agavillamiento. Adicionalmente, el representante fiscal imputó a los funcionarios policiales el uso indebido de arma de fuego. El Tribunal ordenó como sitio de reclusión de todos los imputados la Casa de Reeducación e Internado Judicial La Planta, hasta que se presente el acto conclusivo y se realice la audiencia preliminar.

COMIENZAN LOS JUECES LARENSE A HABLAR DEL CASO DE YONNI BOLÍVAR.- Nos resulta sorprendente el cúmulo de llamadas, entre ellas de varios jueces de Lara y de Caracas, y correos que recibimos, a raíz del trabajo que publicamos ayer sobre la aberración de la justicia larense en el “juicio” contra YONNI EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, actualmente encerrado en un calabozo de “Las Colonias Móviles de El Dorado”, por el simple capricho de un alto oficial de la GN. En una de esas las llamada que recibimos de un juez larense, quién para evitar represalias nos pidió omitiéramos su nombre. Éste nos dijo: “Desde que entró en vigencia el 23 de enero de 1998 el Código Orgánico Procesal Penal, el cual sustituyó aquel y perverso Sistema Penal Inquisitivo que llenó de tanta vergüenza a la justicia venezolana, por el novedoso Sistema Acusatorio, no habíamos sabido que en un procedimiento ordinario se dictara una medida innominada de congelación de bienes, como ocurrió en este. En una materia especial como drogas, estamos cansados de verlas, pero nunca supimos de ninguna en un juicio ordinario. Nos aseguró que el juez que se atreviera a emitir aunque fuera una cautelar a favor de Bolívar, inmediatamente era sancionado o botado del Poder Judicial, por influencias del General de División OMER ENRIQUE CARMONA RODRÍGUEZ, ex Comandante del regional Nº 4, hoy jefe del Comando Logístico de la Guardia Nacional. Gracias a Dios que alguien como usted ha comenzado a meterle la lupa a semejante injusticia. No solo avalo todo lo que escribió ayer, sino que me sumo a su llamado, en el sentido de que la Sala Penal debe avocarse a conocer esta causa y ponerle orden a ese desordenado y arbitrario proceso.”. Otro nos aseguró que hasta el defenestrado Magistrado Luís Velázquez Alvaray hizo su agosto con el procesado, a quién después dejó en la estacada para no enfrentar al general Carmona. En fin, nosotros seguiremos metiéndole la lupa a este asunto, pues nuestra misión es luchar contra las injusticias y ésta es una mayúscula.

CON SOLUCIONES EN LA MANO, EL MAGISTRADO APONTE APONTE ESTUVO EN LA CÁRCEL DE URIBANA.- El Presidente de la Sala Penal del TSJ, Magistrado Eladio Aponte Aponte estuvo en Barquisimeto tratando de poner orden en el desorden judicial penal de ese estado. En el propio terreno de juego, el Magistrado Aponte pudo constatar el desastre. Recibió cualquier cantidad de quejas sobre los miles de casos que presentan retardo procesal. Los hechos que a diario se suceden en la tenebrosa Cárcel de Uribana, son el mejor indicador de cómo de pésima funciona la justicia en el estado Lara. Buscando solventar el problema, el doctor Aponte Aponte designó 20 jueces itinerantes, que junto a los 20 fiscales itinerantes que nombró el Ministerio Público que formarán parte de la comisión que, a partir de esta misma semana, se instalará en el Centro Penitenciario de la Región Centro-occidental en Uribana, estado Lara, para darle celeridad procesal los casos que presentan retardo. Este grupo de 20 jueces, 20 fiscales y 20 defensores públicos, también con carácter itinerante, se trasladarán al citado recinto carcelario, el cual fue seleccionado como centro piloto de las jornadas especiales que se desarrollarán paulatinamente en los centros penitenciarios del país. Tal decisión es parte de las propuestas surgidas durante las reuniones sostenidas entre representantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ministerio de Interior y Justicia (MIJ), de la Defensoría Pública y de Ministerio Público, con el objetivo de buscarle solución a los problemas que afectan la celeridad del proceso penal. La intención de las jornadas es revisar los expedientes de los internos a fin de precisar el estado actual de las causas y aplicar los correctivos necesarios; con ello se verificarán los casos que esperan por la celebración de las audiencias preliminares, constitución de tribunal, inicio de juicio, entre otros. Esta designación forma parte de los mecanismos establecidos por los operadores de justicia, los cuales a través de una coordinación efectiva buscan solucionar el retardo procesal.