Polémica jurídica
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“Cuantas veces puedas, convence a tu prójimo de llegar a un arreglo. Hazle ver cómo el supuesto triunfador suele ser el real perdedor, en honorarios, gastos y pérdidas de tiempo. Como pacificador tiene el abogado la suprema ocasión de ser un hombre bueno. Jamás alientes el litigio. Difícil es encontrar gente peor que quienes de eso se ocupan”.
Abraham Lincoln
LA EMBOSCADA CONTRA OMAR MORA. Es impresionante como, luego de lograr posiciones de poder, la mayoría de los seres humanos se transforman. De allí que muchos afirmen que el poder enloquece. Lo anterior nos sirve de referencia, para entrarle al tema de la lucha que se libra en el Tribunal Supremo de Justicia para sacar del juego al actual presidente, Omar Mora Díaz. Desde hace algún tiempo, la actual vicepresidenta y presidenta de la Sala Constitucional, Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño comenzó a conspirar contra el Nº 1.
A Mora Díaz le han montado cualquier tipo de emboscadas, sin embargo este ha podido sobrevivir. Ahora acaba de quedar al descubierto otro grupo que también quiere el poder. Este lo encabezan Jesús Eduardo Cabrera y Luís Martínez Hernández. La elección está prevista para enero 2007, pero ellos arrancaron con tiempo a golpear a Mora, para desgastarlo en estos seis meses y medio que faltan. Nadie se imagina lo que en medio de esa guerra sucia están haciendo esos grupos por lograr el control del TSJ. Pronto comenzaremos a revelar detalles de todos los pasos que están dando.
SE ENFERMÓ LA TESTIGO Nº 1.– Luego de su primera declaración en el caso contra los ex comisarios de la Policía Metropolitana Henry Vivas y Lázaro Forero, el ex secretario de seguridad ciudadana de la Alcaldía Mayor Iván Simonovis y ocho funcionarios policiales más, todos imputados por los sucesos de abril de 2002, la sub.-Comisario Deisy Olimpia Vigües se enfermó, (¿remordimiento?) por lo que la representación Fiscal, pidió excusas.
Como hemos informado, con los videos presentados hasta ahora, la Fiscalía no hace otra cosa que probar que Vivas, Forero y Simonovis, más los ocho funcionarios policiales imputados, son inocentes. Nosotros, que desde esta trinchera hemos estado monitoreando el juicio oral y público contra todos estos ex funcionarios, podemos asegurar que este, efectivamente, será un proceso que durará, no menos de año y medio… si no más. Repetimos, hay una lista de mil treinta y dos (1.032) testigos, de los cuales solo uno ha declarado: La sub.-Comisario Deisy Olimpia Vigües, encargada de avalar los videos y fijaciones fotográficas, que sin duda alguna, lo que hacen es demostrar la inocencia de los imputados. En todos esos videos se observan a los policías bajo una lluvia de plomo, y a los comisarios Vivas y Forero, tratando de controlar aquella situación, es decir, apaciguando a los policías.
También hemos dicho y hoy reiteramos, que la contundencia de esas fijaciones fotográficas y videos presentados por la Fiscalía, demostrativos de la inocencia de Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovis y ocho funcionarios policiales, los representantes de Isaías Rodríguez en este juicio, apelaron al montaje conocido como el documental del cineasta venezolano Ángel Palacios, «Puente Llaguno Claves de una Masacre», y que fue elaborado por mandato del Ejecutivo Nacional a un costo de 400 millones de bolívares. Con ese montaje, pretenden guardar por años a estos ex funcionarios. Hoy está prevista la continuación del juicio, pero lo que no se sabe es si la sub.-Comisario Vigües se curó del dolor de muela y retorne al estrado. ¡Que viva la justicia revolucionaria!
IMPROCEDENTE MEDIDA CONTRA RESOLUCIÓN QUE REGULA PRECIOS DE LAS MATRÍCULAS EN PLANTELES PRIVADOS. La Sala Político-Administrativa del TSJ declaró improcedente la medida de suspensión de efectos solicitada por la Asociación Venezolana de Educación Católica, contra una Resolución conjunta del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio y del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, que regula los precios por concepto de matrícula y mensualidades que serán cobrados en los planteles privados para el año escolar 2005-2006. Se trata de un recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con acción de amparo cautelar y subsidiariamente suspensión de los efectos, contra la Resolución Conjunta Nro. 84 emanada del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio y N° 50 del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, de 6 de septiembre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.267 del 7 de septiembre de 2005, en sus artículos 1, 2 y 3, que regulan los referidos precios. Alegó la parte accionante que el artículo 1° de la Resolución impugnada, establece que las matrículas y mensualidades que se cobran en los planteles privados para el período 2005-2006, no pueden ser superiores al 10% de las establecidas durante el año escolar 2004-2005, es de imposible ejecución, toda vez que su aplicación trae como consecuencia una disminución del 90% con relación al monto cobrado en el período escolar anterior.
El artículo 2 de la Resolución impugnada establece, según la parte accionante, que se dejaban sin efecto aquellos aumentos de matrículas y mensualidades aprobadas en contravención con el artículo 1° aludido, ordenándose devolver el excedente pagado a los padres y representantes, o imputarlo «al pago de mensualidades futuras», todo lo cual -a juicio de la parte actora-, además de desconocer que dichos aumentos se efectuaron cumpliendo «con el proceso y los extremos legales vigentes para el momento que los mismos se realizaron». La Sala se pronunció sobre la medida de suspensión de efectos solicitada y recordó que la misma sólo procede cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, es decir, que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o bien para evitar que el fallo quede ilusorio. Precisa el fallo que «examinados los elementos presentes en el caso concreto, se observa la ausencia de fundamentos que sustenten la medida de suspensión de efectos solicitada, que debe necesariamente ser desestimada, siendo inoficioso el análisis y pronunciamiento respecto del otro supuesto de procedencia, pues su cumplimiento debe ser concurrente».
IMPUTADA JUEZA MARÍA ALEJANDRA RIBAS POR SUPUESTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN. La denuncia publica hecha el 17 de noviembre de 2005, por el diputado Presidente de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro, sobre la realización de una reunión en casa del empresario Tobías Carrero el lunes 14 de noviembre, donde habrían intervenido varios empresarios y cuyo objetivo era sobornar a la jueza 34 de Control del Área Metropolitana de Caracas, María Alejandra Ribas, para lograr una decisión a favor de imputados por la autoría intelectual de la muerte del fiscal Danilo Anderson, comenzó a dar sus frutos: El Ministerio Público, a través de la fiscal 36 nacional, Mercedes Prieto, citó en calidad de imputada, para este miércoles 17 de mayo, en horas de la mañana, a la jueza 34 de Control del Área Metropolitana de Caracas, María Alejandra Ribas, para que responda por este señalamiento. Como se recordará, el diputado Maduro denunció que en esa reunión le habrían ofrecido a la jueza tres millones de dólares a fin de lograr la libertad condicional del empresario Nelson Mezerhane. Dijo además que había un Magistrado del TSJ involucrado. El 29 de noviembre del 2005, el presidente del Poder Legislativo se entrevistó con la representante de la fiscalía y consignó evidencias que confirmarían el supuesto acto de corrupción. De la declaración de la jueza María Alejandra Ribas podría depender de que caiga el Magistrado del TSJ involucrado en el caso. Ya veremos.
LA VENGANZA DE ISAIAS CONTRA CHAVEZ.– El Fiscal General de la República, Julián Isaías Rodríguez Díaz, no conforme con haberlo sometido al escarnio publico, regañándolo y acusándolo de manipulador, a través de la televisión, por sus declaraciones en el caso del asesinato del padre Jorge Piñango, decidió vengarse del Comisario Marcos Chávez, Director de CICPC. En este sentido, y por expresa orden superior, la fiscal 9º nacional, Egle Fuentes, imputó a Nelson Navas Sánchez, hermano del director del Cuerpo de Investigación Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), por porte ilícito de arma de fuego, establecido en el artículo 277 del Código Penal vigente y solicitó la prohibición de salida del país, en base a lo señalado en el ordinal 3 y 4 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Por su parte el Tribunal 10 de Control de Maracaibo, a cargo de la juez Raiza Rodríguez Fuenmayor, dictó prohibición de salida del país y régimen de presentación cada 15 días al hermano del Comisario Chávez. El hermano del Comisario Marcos Chávez, fue detenido a las 6:30 de la tarde del sábado pasado en un sector de la zona industrial dentro de una “peña hípica” llamada “El Mapal” de Maracaibo, estado Zulia e inmediatamente la información le fue subida al Fiscal General, quién personalmente se encargó de girar las instrucciones del caso.
¡ULTIMA HORA! Al cierre de esta columna, una fuente ligada a uno de los servicios de inteligencia del Estado, nos informó que en la extraña liberación del narcotraficante Larry Tovar Acuña está metido hasta el cuello un Magistrado de la Sala Penal. No prometieron que en las próximas horas nos darán su nombre, sin embargo se nos adelantó que es el mismo Magistrado que le habría medido MIL MILLONES a las esposas de uno de los comisarios detenidos y enjuiciados en los Tribunales de Maracay por los sucesos de puente Llaguno. Se nos aseguró que el alto gobierno ya tiene información de este delicado asunto.
