Polémica Judicial

«… Si hubiera el alma….»

Blaise Pascal

MARISOL PLAZA DEBIERA ESTAR PRESA.- Marisol Plaza siendo Procuradora General de la República emitió un dictamen por el que comprometió a Venezuela a pagar MIL MILLONES DE DÓLARES, representados en los bonos conocidos como “Notas Promisorias de Bandagro”. En base a ese documento varias empresas compraron parte de dichos bonos y demandaron el pago en tribunales de los Estados Unidos y Suiza. Marisol Plaza entonces contrató a su amiga íntima, la abogada penalista Esther Bigott de Loaiza, por la escandalosa suma de CIEN MILLONES DE DÓLARES para que hiciera la defensa. Indudablemente que eso es un guiso, donde quiera que lo pongan. Tan grosera fue esa operación, que cuando salió a la luz pública la botaron del cargo. Realmente el escándalo estalló por las denuncias que hizo el abogado Carlos Ramírez López en dos artículos que escribió en el diario El Nacional, titulados Mil millonario desastre judicial I y II. De inmediato Chávez la destituyó. En un foro que le hizo El Nacional la semana pasada, Marisol Plaza dijo que quien esto escribe la presionó a través de esta columna que se publica en Reporte, diario de la economía; dizque para que suavizara la defensa, cuando precisamente lo que se ha dicho en este espacio es que la defensa que han hecho es tan mala, que llevan a la República a una segura condena. Yo no tengo nada que ver con sus andanzas en aquellos juicios. Soy periodista totalmente independiente de mi hermano que es abogado. Él tiene su trabajo y yo tengo el mío, incluso no pocas veces hemos tenido profundas diferencias y hasta publicas, porque no compartimos muchas cosas. Con esto desmiento categóricamente que entre ambos la hayamos presionado para que suavizara las defensas. Aquí nadie se explica como es que la República no ha procedido legalmente contra esta señora. Estoy seguro que en otro escenario político, ya Marisol Plaza estaría tras rejas. Quizás la está salvando Isaías Rodríguez, su socio y viejo e íntimo amigo. Marisol Plaza es tan perversa que le propuso a Luís Velásquez Alvaray, cuando este estaba al frente de la DEM, mandarme a “silenciar” y éste, horrorizado lo rechazó y se lo contó a varias personas. Una cosa si digo, estoy tras la pista de lo que ha hecho Esther Bigott con esa bola de millones de dólares que ha recibido para la defensa de la República. Que yo sepa ya van cuarenta. Estos investigando los detalles de la repartición. Manejo información seria que revela, que de la cuenta en Nueva Cork, sacaron cuatro millones de dólares para abrir otra cuenta a nombre de una testaferro de Marisol Plaza. A través de unos colegas periodistas norteamericanos que se han interesado en el caso he pedido una cita al Fiscal de aquella ciudad, porque voy a ir hasta allá a consignarle una denuncia y suministrarle los recaudos que hasta ahora tengo, incluyendo los números de cuenta donde han manejado ese alto volumen de dinero. Este caso, quienes integran estaba banda de delincuentes, han dejado tantas huellas, por lo que no es tan difícil seguirla. Allá en los Estados Unidos no está Isaías, allá el Fiscal es otra persona. ¡Voy por ti Marisol, y por también por ti Esther!
/////
JUICIO CONTRA LOS GUARDIAS NACIONALES QUEDARA PARA EL 2007.- Argumentando amistad manifiesta con la abogada Yoleide Baptista, defensora del GN Antonio José Galea, la jueza suplente en el Tribunal Segundo de Juicio, abogada Maria Del Pilar Corujo Gil de Monte, procederá a inhibirse en el caso de la masacre de Santa Rosa, ocurrida el 03 de junio de 2005 y donde murieron acribillados tres policías de Aragua, a manos de Cesar Omar Peña Villegas, Andrés Javier Aguilera Aquino, Antonio José Galea Ortega y Adonai Rafael Díaz Molina, efectivos de la Guardia Nacional. Como se sabe, recientemente se inhibió la jueza del Tribunal 3º de Juicio, Carmen Cecilia Cortez, quien por enemistad manifiesta con el abogado Manuel Biel Morales, defensor de otro de los efectivos militares, decidió no conocer el expediente. Esta séptima inhibición en este caso, revela que el juicio contra estos efectivos de la GN quedará para el año que viene.

/////
ENVIADOS A TOCORON SUJETOS QUE ASALTARON LA QUINTA DEL DOCTOR MOISES RENDÓN.- Seis delincuentes, entre ellos un menor de 17 años, tuvieron la ocurrencia de asaltar la vivienda, nada menos que del conocido abogado aragüeño Moisés Rendón Oropeza, ubicada en la parte alta de la urbanización El Castaño. El hecho ocurrió el viernes pasado en horas de la mañana. Luego de someter al profesional del derecho, junto a su esposa e hijos, los maleantes cargaron con joyas, laptop, celulares, cámaras de video, etc, además de las escopetas del personal de vigilancia. En tiempo record, funcionarios de la Policía de Aragua, al mando del Comisario Álvaro Castellano, dieron con el paradero de cuatro de los malhechores, cuyos nombres son: Palomino Marín Norlan Vidal (24), Wilfredo Enrique Ibarra Macarena (23), Leonel Guideman Cristian Baena (20) y José Abrahán Medina Martínez (20) Dos huyeron, pero están plenamente identificados, tanto que Eduardo José Aguilera Contrera, C.I N° 18.945.632, es buscado vivo o muerto. También en tiempo record, el doctor Moisés Rendón logró que mediante la intervención de los fiscales 1° y 17°, Luís López Indriago y Francis Schleepfer, respectivamente, la jueza Segundo de Control, Galmir Gerratana Cardozo, dictara medida privativa de libertad contra este cuarteto de pillos, por lo que ya están en Tocorón. El doctor Rendón Oropeza dijo que se constituirá en acusador, con la intención de lograr una larga condena para quienes osaron asaltar su hogar y causarle semejante angustia a su familia. Luego del hecho, el abogado redobló la vigilancia armada en su quinta. Creo que si este sexteto de bandoleros hubiese sabido antes con quién se iban a meter, jamás se les hubiera ocurrido asaltar esa quinta. Ahora que se atengan a las consecuencias.

/////
JUEZA DEL TRIBUNAL QUINTO DE JUICIO DE CARABOBO PRETENDE LIBERAR A POLICÍAS IMPLICADOS EN TRIPLE HOMICIDIO. Liliana Valbuena, jueza encargada del Tribunal Quinto de Juicio, administrando una justicia muy particular, se negó a admitir la prueba anticipada que introdujo el Ministerio Público contra los cuatro policías imputados por el triple homicidio de ciudadanos colombianos localizados enterrados en el municipio San Diego del estado Carabobo, el 28 de agosto de 2004, según se conoció en el Palacio de Justicia de Valencia. La jueza no le dio lectura a la prueba en el acto de apertura del juicio que se inició hace seis meses contra el inspector Audi Saúl Pinto Ramírez, el sub comisario Carlos Blanco y el inspector Elio Luis Alarcón, y por razones que no se explican se fue de vacaciones cuando a ese proceso le queda una sola audiencia para decidir. El jueves 23 de este mes y año la jueza celebró una audiencia sin la presencia de los representantes del Ministerio Público, acto en el cual se habrían tomado declaraciones violando el debido proceso a las víctimas, ya que para el Ministerio Público es vital la resolución del amparo que introdujeron el sábado 18 ante la Sala 2 de la Corte de Apelaciones, decisión que postergó la Sala para hoy miércoles, cuando debió resolverse en 48 horas. Esa irregular situación que se ha presentado en el desarrollo de ese proceso ha llamado la atención de quienes lo siguen de cerca, debido a que hay presuntas irregularidades en un juicio que al parecer pretender culminar este jueves 30 violando el debido proceso de las partes. Haciendo un poco de historia, recordamos que el 01/09/2004, con una orden de aprehensión, fueron detenidos y trasladados hasta la sede de la sub delegación “Las Acacias” del CICPC en Valencia, el inspector Audi Saúl Pinto Ramírez, el sub comisario Carlos Blanco, el inspector Elio Luis Alarcón y el agente Juan Carlos Morillo, luego que los vincularon con el homicidio de tres colombianos que fueron desenterrados en una zona enmontada de San Diego. El 04/09/2004, el Tribunal Décimo de Control, ese momento en manos del juez Luis Javier Torres, dictó privativa de libertad contra Pinto Ramírez, Blanco y Alarcón, mientras dejó en libertad condicional al agente Juan Carlos Morillo y bajo resguardo al policía delator Rafael Fernández, a quien le incautaron el vehículo robado a las víctimas. Un sexto funcionario involucrado, de apellido Brizuela, se fugó. Posteriormente y con pruebas irrebatibles, el Fiscal Tercero, Darmis Solórzano imputó a los funcionarios por la presunta comisión de los delitos precalificados como agavillamiento, privación ilegitima de libertad, desaparición forzosa, robo de vehículo, homicidio calificado y robo agravado. Ahora con su extraña actuación, la jueza Liliana Valbuena, del Tribunal Quinto de Juicio, pretende liberar de responsabilidad a los policías homicidas.

/////
EN LA FISCALÍA LA BONIFICACIÓN DE FIN DE AÑO NO FUE PAGADA CON BASE AL SALARIO INTEGRAL.- El fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, dio instrucciones a la Dirección General Administrativa y a la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio Público para que se recalcule la bonificación de fin de año pagada a los trabajadores y trabajadoras del Ministerio Público toda vez que se percató que la misma no fue pagada con base al criterio de salario integral. El Ministerio Público contempla seis meses de aguinaldo para el personal que labora en la Institución pero, por errores de interpretación y ejecución, la Dirección de Recursos Humanos hizo, equivocadamente los cálculos, y, en los primeros días de noviembre, se canceló esta bonificación, con base al salario normal y no con el criterio de salario integral, como lo contempla la resolución correspondiente, publicada en Gaceta Oficial. El Fiscal General aclaró que como ciudadano, como representante del Ministerio Público y especialista en derecho laboral, debe ser diligente, justo y apegado a derecho en todo cuanto tenga que ver con su competencia, pero de manera específica con los derechos laborales, constitucionales y legales, de sus subordinados que se encuentran perfectamente delineados en las normas y leyes especiales de la República, razón por la cual, ratifica los anuncios que en este sentido realizó durante el acto del XXXVII aniversario de la Institución, referidos a esta materia, así como a la póliza de HCM, cestaticket y salarios. Todo esto sin perjuicio de anunciar próximamente, un bono adicional para el personal obrero que beneficiaría, de manera singular a estos y a quienes menos ganan dentro de su Institución, pero que se extendería en menor proporción a los demás funcionarios de su Despacho.

/////
23 DETENIDOS HUBO EN ARAGUA POR HABER COMETIDO DELITOS ELECTORALES.- La Fiscalía puso a la orden de los tribunales penales a veintitrés (23) personas que el domingo cometieron diversos delitos electorales, previstos y sancionados en la Ley del Sufragio. La información lograda en fuentes judiciales revela que el Plan República detuvo a varias personas que le causaron daños a las maquinas de votación, otros que en vez de meter la boleta en la urna, la destruyeron; y otros que intentaron torpedear el proceso; otros que intentaron votar dos veces, e incluso, una Presidenta de Mesa fue detenida por avalar irregularidades. Luego de ser detenidos, fueron puestos a la orden de la Fiscalía, organismo que ayer los presentó ante los respectivos Tribunales de Control.

/////
A DOMÉNICO DI GREGORIO ROSSI LE COBRARON SU DECISION A FAVOR DE LOS PM.- Cuando el doctor Doménico Di Gregorio Rossi ejercía de Juez de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, decidió negar la solicitud de detención presentada por la Fiscalía del Ministerio Publico en contra de los ex comisarios de la Policía Metropolitana Henry Vivas y Lázaro Forero, el ex secretario de seguridad ciudadana de la Alcaldía Mayor Iván Simonovis y ocho funcionarios policiales, imputados por los sucesos de abril de 2002, puesto a que la misma carecía de fundamentos y pruebas. Esa decisión, ajustada a derecho, le costó el cargo al doctor Di Gregorio, pues la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, para cobrarle esa inconsecuencia para con la revolución, resolvió dejar sin efecto su designación como Juez Provisorio del Juzgado de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Aragua. Frente a tamaña injusticia, el doctor Di Gregorio Rossi intentó un recurso de nulidad por ante la Sala Político Administrativa del TSJ, la cual ayer, en ponencia del magistrado Levis Ignacio Zerpa, le declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Doménico Di Gregorio Rossi, contra el auto dictado por el Juzgado de Sustanciación en fecha 18 de octubre de 2006, mediante el cual declaró inadmisible, por haber operado la caducidad, el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido contra el acto de fecha 16 de enero de 2003, suscrito por el Presidente de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el cual se resolvió dejar sin efecto la designación del recurrente como Juez Provisorio del Juzgado de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en razón de las observaciones presentadas ante ese Despacho. La Sala luego de declararse competente para decidir, observó que en la oportunidad de pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso, el Juzgado de Sustanciación señaló que el actor estaba solicitando la nulidad de la decisión de fecha 15 de enero de 2003, dictada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, notificada el 22 de enero de 2003, tal y como se evidenció de la diligencia que cursa al folio 16, fecha a partir de la cual, dicho abogado disponía de un lapso de seis meses para interponer la presente acción de nulidad; y debido a que para la oportunidad en que la acción fue ejercida, esto es, el día 21 de marzo de 2006, ya había transcurrido con creces el lapso aludido, declaró inadmisible el recurso por caducidad, con arreglo a lo dispuesto en el aparte quinto del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. El accionante alegó que el Juzgado de Sustanciación obvió que uno de los alegatos formulados en el escrito recursivo se trataba de los defectos de la notificación del acto recurrido, señalando asimismo que en vista de que tal notificación estaba viciada no se podía entender que estaba notificado del acto para la fecha que indicó el Juzgado de Sustanciación. De esta manera la Sala advirtió que en el propio escrito recursivo el actor señaló que «el día 22/01/03 el Presidente del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, me convoco personalmente a su despacho, aproximadamente a las 5:00 PM, ya que debía notificarme y entregarme una Resolución de la Comisión judicial, por cuyo contenido debía entregar el cargo, pues quedo ‘sin efecto mi nombramiento como Juez Provisorio’. Una vez en su Despacho me comunicó verbalmente lo dicho, y procedió a notificarme y entregarme un facsímil.» Es así como la Instancia Judicial resaltó que de lo expuesto por el accionante, no cabe duda que desde el 22 de enero de 2003 había sido notificado del acto de la Comisión Judicial de este Alto Tribunal mediante el cual se resolvió dejar sin efecto su designación como Juez Provisorio del Juzgado de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Aragua. En tal sentido, resultó necesario precisar lo que al respecto establece la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, vigente para el momento en que le fue notificado el acto recurrido, evidenciándose que la caducidad del recurso intentado, es una de las causales de inadmisibilidad en los procedimientos contencioso administrativos previstos en la ley. LAPSO PARA LA NULIDAD.- La Sala destacó que el interesado podrá intentar el recurso previsto en el artículo 121 de esta Ley, dentro del término de seis meses establecidos en esta disposición, contra el acto recurrido en vía administrativa, cuando la administración no haya decidido el correspondiente recurso administrativo en el término de noventa días consecutivos a contar de la fecha de interposición del mismo. Para concluir la instancia destacó que el lapso de seis meses previsto en el artículo 134 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, al cual estuvo sometido el apelante para ejercer el recurso contencioso administrativo de nulidad, había vencido sobradamente para el 21 de marzo de 2006, fecha en la cual fue interpuesto el recurso de nulidad; por lo que resultó forzoso declarar que en el presente caso operó la caducidad.

/////
JUEZA AVINAGRADA. El personal de limpieza del Palacio de Justicia se comunicaron con quién esta columna escribe, para denunciar que JANETH ROJAS ALCALA, Jueza Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, es grosera con ellos. “Ella es “venatica” y cada una de sus rabietas, las paga con nosotros” dijeron. Ellos llaman la atención del Presidente del Circuito, para que le llame la atención a esta prepotente funcionaria.

/////
YOLEIDE BAPTISTA ES LA PIEDRA EN EL ZAPATO DE LA JUEZA VERÓNICA CASTRO OSORIO.- Fue admitida le denuncia que contra la jueza Verónica Castro Osorio formuló por ante la Inspectoría de Tribunales de la DEM, la abogada Yoleide Baptista, sin embargo, la Corte de Apelaciones, integrada por Juan Luís Ibarra, Fabiola Colmenares de Richani y Alejandro Perillo, declaran sin lugar las recusaciones que contra esta jueza, hace la abogada denunciante. Eso es inmoralidad. Realmente podemos decir que la abogada Yoleide Baptista es una piedra en el zapato, para quién se mete con ella.

/////
CON UNA HOJA DE SERVICIO BIEN LIMPIA SALIÓ JUBILADA LA JUEZA BLANCA PIRELA. Luego de haberle servido por años y con abnegación y honestidad, a la justicia venezolana, fue jubilada por el TSJ, la doctora Blanca Pirela. Por largo tiempo, ella estuvo al frente del juzgado de los Municipios Libertador y Francisco Linares Alcántara. La doctora Pirela se va del Poder Judicial con una hoja de servicio bien limpia. Entregó el tribunal inventariado al nuevo juez, Daniel Alejandro Carero, a quién recomendamos seguir los pasos de su antecesora. Sin lugar a dudas, quién pierde con esta jubilación de la doctora Pirela, es la justicia. Desde esta columna, reciba la doctora Pirela nuestro saludo.

/////
LA RELACIÓN JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE VINCULA A LA DEM CON LA SALA PLENA DEL TSJ, ES UNA RELACIÓN DE JERARQUÍA.- La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declaró resuelto el recurso de interpretación del artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en tal sentido, declara que: 1) La relación jurídico constitucional que vincula a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura con respecto a la Sala Plena de este máximo Tribunal de Justicia, es una relación de jerarquía. 2) La naturaleza de las potestades que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ejerce sobre la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, es eminentemente administrativa, y su alcance abarca el control sobre el desempeño de dicha actividad, a través de mecanismos a los que se refirió este fallo. 3) Y el alcance de la autonomía que le corresponde a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, está limitada (como se expuso en la motiva de este fallo) por las atribuciones que le fueron conferidas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, así como también por el control que tiene la Sala Plena en el ejercicio de sus potestades administrativas. Dado el carácter vinculante del mismo, se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República, y es a partir de dicha publicación que este fallo comenzará a surtir efectos. (20/10/2006 Sala Constitucional – exp. N° 06-1103)
/////
HOY PRESENTARÁ ANTE EL TRIBUNAL 11 DE CONTROL A CORONEL DETENIDO EN CARABOBO.- El Ministerio Público presentará este martes ante el Tribunal 11° de Control, al coronel (GN) Ricardo Alfonso Cedeño, quien tenía una orden de aprehensión desde el año 2004, acordada por ese organismo jurisdiccional, por su presunta participación en los hechos ocurridos en la Plaza Francia de Altamira, en el mes de octubre de 2002. Alfonso Cedeño fue detenido este domingo, en Valencia, estado Carabobo, en las adyacencias de un centro de votación ubicado en la Unidad Educativa Rojas Queipo, del municipio San Diego de la referida entidad. La fiscal 39 nacional, Turcy Simancas, informó que el coronel (GN) Ricardo Gregorio Alfonso Cedeño, fue trasladado este mismo domingo a la ciudad capital y se encuentra en la División de Captura del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.