Piromaníacos
La muerte del joven soldado Ciro Ángel Pedreáñez la segunda que se produce entre los conscriptos quemados en Fuerte Mara, causa mucho dolor e indignación por la manera como el Gobierno de Hugo Chávez ha tratado este grave asunto. La hipocresía, la impudicia, el engaño cruel y descarado retratan la conducta de los nuevos amos del poder. Ningún respeto por los familiares de las víctimas y absoluto desprecio por la opinión del país es lo que se ha puesto de bulto. Ni siquiera los comentarios de rigor se han expresado. Nada como por ejemplo: “el Gobierno garantiza que se nombrará una comisión independiente y las investigaciones llegarán hasta sus últimas consecuencias. Los responsables serán castigados con todo el peso de la Ley, no importa quién resulte responsable”. El país no se ha beneficiado ni siquiera de las frases de ocasión, que en casos tan dramáticos como éste al menos avivan cierta esperanza de que los culpables no quedaran impunes. Todo ha sido un sainete.
El Comandante de la Guarnición del estado Zulia, general Wilfredo Silva, anuncia a la nación que en Fuerte Mara la madruga del 30 de marzo, se desata un incendio debido al descuido de un soldado que se queda dormido mientras fumaba. En el accidente resultan varios reclutas heridos. Jesse Chacón, en un acto teatral, pone su cargo de ministro de Comunicaciones a la orden del Presidente, luego de informarle al primer mandatario que las lesiones de los soldados eran “leves”, versión que éste difunde a través de ¡Alo, Presidente!, espacio desde el cual ataca a la oposición y a los medios de comunicación por exagerados y golpistas. El jefe del Estado, por su parte, no acepta la renuncia de su subalterno, y asume directamente la responsabilidad de lo ocurrido en el Zulia, por ser el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada
¿Luego de más de un mes de haberse arrogado esa responsabilidad, en qué se ha traducido ese gesto exaltado? En nada que sirva para aclarar lo que ocurrió aquella madrugada. De los ocho soldados que se encontraban castigados en la celda donde se desencadena el incendio han muerto dos, el primero, Orlando Bustamante, a las pocas horas de Chávez haber anunciado que las heridas causadas por la ignición eran “leves”. Pedreáñez muere en extrañas circunstancias, luego de experimentar una notable mejoría que le había permitido abandonar la sala de cuidados intensivos y después de haber declarado que podía reconocer a la persona que con un tubo de metal había lanzado fuego al interior de la celda. Tanto Bustamante como Pedreáñez fallecen por infarto. Extraño, ¿verdad? El caso está envuelto en una atmósfera de misterio y encubrimiento. Las preguntas claves no se responden. El Gobierno insiste en señalar que el fuego se produjo por un factor de combustión situado en el interior de la habitación donde dormían los soldados, a pesar de que la opinión de los expertos coincide en apuntar que un incendio de tales proporciones y las características de las quemaduras, no pueden explicarse a partir de una chispa de cigarro que haya quemado una de las colchonetas. El Gobierno incluso llega a sugerir que Pedreáñez podría haber causado el siniestro, para inmolarse y de paso arrastrar a sus compañeros al martirio. La Asamblea Nacional nombra una comisión para que estudie el caso, pero el grupo está dominado por una mayoría oficialista. Las primeras versiones revelan que los diputados del Gobierno pretenden atenuar el informe final, de modo de impedir que la verdad se revele.
Lo único cierto es que dos jóvenes y humildes soldados están muertes, que los sobrevivientes están silenciados (la prensa no puede tener acceso a ellos) y que el país está indignado ante el desparpajo con el que Hugo Chávez y sus aláteres se han comportado a lo largo de esta tragedia. Al asumir directamente la responsabilidad de lo ocurrido, Chávez tenía que haber nombrado una comisión de expertos nacionales y extranjeros que produjesen un informe técnico veraz sobre las condiciones que rodearon la desgracia, pues se trataba de un accidente cuyas víctimas eran de nuevo soldados sometidos a condición de castigo disciplinario. Hasta ahora no existen indicios suficientes para suponer que se trata de la aplicación de una campaña de exterminio dirigida contra los soldados que no obedecen ciegamente al caudillo y al “proceso”, o de una política de intimidación orientada hacia soldados y oficiales. Pareciera, más bien, que se trata de sádicos piromaníacos que se refugian en la institución armada para cebarse contra jóvenes indefensos. Pero las características de esos demonios sólo se sabrá luego de la investigación que aún está pendiente, y que Chávez se niega ordenar. Se limita a defenderse, atacando a la oposición y, recientemente, a Bush por los desmanes cometidos por soldados norteamericanos en Irak. Oculta que el presidente de EE.UU se comprometió ante los ciudadanos norteamericanos y la comunidad árabe, a través de declaraciones dadas a dos estaciones de televisión de ese pueblo, que castigará con todo rigor a los responsables de esas atrocidades. En USA lo que dice el Presidente no es mera formalidad. Sabe que si viola su palabra, el castigo de la opinión pública será inclemente.
En el Ejército, según las evidencias, algunos perturbados mentales aplican castigos inhumanos y tienen un concepto de la disciplina parecido al de Atila o Boves. Esto lo sabe Chávez, pues los soldados Aguilar y Zambrano, quienes también murieron, fueron víctimas de bárbaros disfrazados de oficiales. Por eso, si no actúa contra los abusos, se convierte en cómplice.
