Peligroso cóctel
Desde hace ya algún tiempo, algunos analistas han venido advirtiendo que el presidente Hugo Chávez tiene la clara intención de armar a los consejos comunales.
El señalamiento es grave porque existen 30 mil consejos y el gobierno ha anunciado su intención de impulsar la creación de muchos más. El presidente mismo ha dicho que debe haber un consejo comunal en cada edificio.
Rocío San Miguel, directora la asociación civil Control Ciudadano, me explica que este temor se fundamenta básicamente en la concatenación de dos legislaciones.
La primera es la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana aprobada el pasado 31 de julio, que legaliza un cuerpo especial ya existente (y rechazado en el referendo de reforma constitucional): la Milicia Nacional Bolivariana.
Entre las funciones de la milicia –un cuerpo que depende directamente del presidente– está la de “contribuir y asesorar en la conformación y consolidación de los Comités de Defensa Integral de los consejos comunales, a fin de fortalecer la unidad cívico-militar.”
La segunda legislación –que clarifica un poco más la función de los Comités de Defensa Integral– es el proyecto de ley de los consejos comunales que se discute actualmente en la Asamblea Nacional. Este proyecto de ley establece la creación de una Unidad Ejecutiva en cada consejo que agrupará varios comités, incluyendo el Comité de Defensa Integral. Entre las funciones de la Unidad Ejecutiva está la de “promover y participar activamente en la defensa de la soberanía e integridad territorial.”
Milicia, comités de defensa, unión cívico-militar, defensa territorial –todo esto, según San Miguel, apunta claramente en una dirección.
Además, debe considerarse otro factor. Ulises Daal, diputado oficialista encargado de redactar el proyecto de ley de propiedad social, declaró en mayo que la formación militar de los trabajadores de las empresas de propiedad social será obligatoria.
“Se busca militarizar al sector cívico,” me dice San Miguel. “En un país extremadamente polarizado como Venezuela esto es muy peligroso.”
San Miguel añade que si cada Unidad Ejecutiva consta de diez personas, y estas diez personas son armadas, 300 mil venezolanos más portarían armas “legalmente” –eso sin contar los planes de expandir el número de consejos comunales.
Por supuesto, nada de esto es nuevo. Durante la presidencia de Chávez, el uso de grupos armados civiles para intimidar y agredir a la oposición ha sido una constante. También lo ha sido la intención de fusionar los sectores cívico y militar.
Sin embargo, San Miguel tiene razón en algo: la asociación del concepto de los consejos comunales con la estrategia de armar grupos civiles para intimidar a la oposición es algo que no se debe simplemente desestimar como más de lo mismo.
ARMAS Y DELINCUENCIA
Este creciente esfuerzo gubernamental por fortalecer la “unión cívico-militar” coincide con dos tendencias bastante preocupantes.
La primera es el creciente número de armas que circulan en el país.
Según cifras difundidas por el ministerio de Interior y Justicia, en 2006 había aproximadamente 6 millones de armas ilegales en Venezuela. La organización Control Ciudadano estima que ya el número supera los 8 millones, lo cual representa poco menos de un tercio de la población total (y mucho más de un tercio de la población mayor de 18 años).
Las armas legales también constituyen un grave problema por la ausencia de mecanismos de control. Por ejemplo, organizaciones no gubernamentales no han podido averiguar cuál fue el destino final de los 100 mil fusiles AK-47 ni de los 5 mil Dragunov que el gobierno adquirió entre 2006 y 2008.
A esta proliferación masiva de armas se suma el grave problema de la delincuencia y la impunidad.
Venezuela es uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de 48 homicidios por cada 100 mil habitantes (la tasa de Brasil y México es 23 y 24 respectivamente). En los diez años que lleva Chávez en la presidencia la cifra de muertes violentas prácticamente se ha triplicado, pasando de 4.550 en 1998 a 13.200 en 2007. El número total oficial de víctimas del hampa durante la última década ya supera las 100 mil personas.
Entre el 80 y el 90 por ciento de las muertes violentas ocurren en los barrios pobres, lo cual es un indicador de que un alto porcentaje los crímenes no tienen motivación política.
Pero con la crisis económica el riesgo de que confluyan de una manera explosiva estas dos líneas –delincuencia común y violencia política– es cada vez mayor.
SATANIZANDO AL ADVERSARIO
El último elemento de este peligroso cóctel es el discurso del presidente Chávez, repetido, imitado y propagado por el grueso del chavismo a través del aparato cada vez más amplio y sofisticado de medios oficiales.
Este discurso no es sólo populista, grosero, soez, violento, irracional, mentiroso, manipulador, militarista (cada adjetivo puede ser justificado con una montaña de evidencia), sino además se caracteriza por la constante satanización, descalificación y deshumanización del adversario –lo cual en una sociedad violenta y armada es peligroso porque es mucho más fácil cometer crímenes, e inducir a otros a cometerlos, cuando el enemigo es visto como un monstruo.
En el discurso chavista no hay adversarios políticos sino “escuálidos,” “pitiyanquis,” “víboras,” “oligarcas,” “vendepatrias,” “agentes de la CIA,” “fascistas,” “enajenados,” “terroristas.” El venezolano es vaciado de toda su complejidad y reducido a una concepción binaria cuyo rasgo principal definitorio es su posición frente a la revolución. Si alguien no apoya a Chávez, sus virtudes quedan anuladas bajo el peso de sus vergonzosas convicciones “oligarcas” o “imperialistas.” Si un chavista se pasa a la oposición, éste se convierte automáticamente en “agente de la CIA” o “fascista,” como les ha ocurrido –entre otros ex chavistas– a Urdaneta, Miquilena, Peña, Usón, Rosendo, Vásquez Velasco y Baduel.
Chavistas que trabajan en medios privados han sido golpeados y descalificados como oligarcas o agentes del imperio. También han sido agredidos verbal y físicamente miembros de partidos de izquierda que rompieron con Chávez y estudiantes opositores sin muchos recursos que nunca han visitado Estados Unidos ni tienen vínculos con los partidos de oposición. Incluso el líder del colectivo armado pro-chavista La Piedrita, y el autor de la celebérrima lista Tascón, han sido descritos por el presidente como “infiltrados del imperio” por hacer declaraciones que él considera contrarrevolucionarias.
EL PRECEDENTE DE ABRIL
En su magnífica y escrupulosa investigación sobre los sucesos de abril de 2002, el periodista (¿o novelista?) Brian A. Nelson describe una reunión poco antes del golpe en la que Chávez, su gabinete de ministros, el fiscal general y el alto mando militar discutían cómo lidiar con las protestas y la creciente presión de la oposición.
En medio de la discusión la entonces diputada Cilia Flores, el entonces alcalde Freddy Bernal, y Guillermo García Ponce –que juntos conformaban el Comando Táctico de la Revolución– entraron al lugar donde se llevaba a cabo la reunión.
Desviando la discusión a una dirección que incomodó a muchos de los participantes, el trío asomó la posibilidad de utilizar los Círculos Bolivarianos como una fuerza paramilitar para frenar las marchas y defender al presidente.
La reunión se llevó a cabo el 7 de abril. Cuatro días después miembros de los Círculos Bolivarianos congregados en los alrededores de Miraflores dispararían a la marcha pacífica opositora que se acercaba al palacio presidencial, iniciando un tiroteo al que se sumarían la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional y que culminaría en 19 muertes y cientos de heridos.
Después del golpe se descubrió que uno de los pistoleros chavistas, un hombre cercano a Bernal llamado Richard Peñalver, había estado preso por robo y asesinato.
También se encontraron en una oficina del ministerio de Interior cercana a Miraflores cientos de pistolas que, presuntamente, formaban parte del lote con que fueron armados los Círculos Bolivarianos antes de la masacre.
Varios de los elementos descritos en este artículo jugaron un rol importante en la violencia de ese día: grupos civiles armados por el gobierno, delincuencia, impunidad, satanización del adversario, falta de control sobre la armas de Estado.
En términos de víctimas y duración del conflicto, las consecuencias pudieron ser mucho peores.
