Parte y juez
Deliberadamente colocamos dos variaciones en el uso común de la frase que nos sirve como título de esta nota: Invertimos el orden de las palabras con que la mayoría de los hispanohablantes construyen la frase por las razones que adelante explicaremos y colocamos la palabra juez, en minúsculas, pues así se lo merecen quienes ostentan esos cargos y desdicen de su profesión. Al grano.
El desorbitado proceso que está pervirtiendo medularmente la estructura jurídica del Estado venezolano ha establecido que sus órganos oficiales tienen la absurda función de permitir la agresión y censura abusivas de las actuaciones de todos los ciudadanos y organizaciones que militen en pensamientos diferentes a los del régimen.
INDEPABIS, extensa identificación de una oficina que dice proteger a los ciudadanos, efectúa inspecciones y sanciona de manera inmediata, generalmente con el cierre del comercio o industria supervisada. Esa actuación no tiene apelación, entre otras cosas, porque la aplicación de la sanción es inmediata. Es decir, el Estado, el régimen, el organismo regulador, el funcionario de marras… siempre tiene la razón. A la mejor usanza de los acólitos de JVG o de Marcos Evangelista, solo para mencionar versiones vernáculas.
No hablemos de los casos, como el que está sucediende en empresas de la industria procesadora del café, donde se ha “intervenido…en principio” las instalaciones de la empresa y los propietarios y demás interesados: clientes, trabajadores, etc., se quedan colgando y sin esperanzas. Detrás de la sospecha oficial está el fantasma de la expropiación o de la incautación.
La “flamante” nueva Ley de Radiodifusión permitió que las treinta y cuatro empresas radiales y televisoras que fueron cerradas el fin de semana pasado, lo fueran sin proceso alguno, sin posibilidades de argumentación y defensa y con el mayor atropello a varios de los derechos consagrados en la Constitución y en el derecho generalmente aceptado por naciones serias.
En todo Estado que se precie de tal, el gobierno, que solo puede hacer lo que las leyes le permiten, tiene que estar sometido al escrutinio de las otras ramas del Poder Público, quienes con apego a las leyes, son los que tienen que determinar la validez de sus actuaciones y la legalidad y racionalidad de las sanciones que se impongan.
Estamos sometidos a una guerra declarada por el gobierno contra los ciudadanos que se ubiquen en el pensamiento disidente. Dice el ministro de obras públicas, donde inexplicablemente se ha adscrito CONATEL, que la libertad de expresión no puede estar por encima de los intereses del gobierno. Dice la Fiscal Luisa Ortega Díaz que la libertad de expresión tiene que ser regulada. Si se regula, deja de ser libertad.
La verdad es otra. Lo importante es que la libertad es el máximo derecho de que gozan los ciudadanos de naciones libres (valga la redundancia), su única limitación es la existencia del derecho ajeno y para dirimir las diferencias hace falta una justicia oportuna e independiente y unos jueces que merezcan este título. Basta de una justicia torcida. Dios y la Patria se lo demandarán.
