Paro y transición

El país tiene suficientes razones para decirle a Hugo Chávez, por la vía del paro general indefinido, que se vaya. La operación “Tierra Arrasada” de la que tanto habla Ernesto Alvarenga, la viene aplicando el Teniente Coronel no desde hace unas semanas, sino desde que comenzó a gobernar el dos de febrero de 1999. A partir de esa fecha se inicia la politización y destrucción de las Fuerzas Armadas, para tratar de convertirla en el brazo armado de la “revolución bolivariana”; también se plantea la toma de todos los poderes públicos –(%=Link(«http://www.tsj.gov.ve»,»TSJ»)%), Poder Moral, Poder Electoral- para intentar someterlos a la voluntad de Miraflores; se plantea la destrucción de la meritocracia en todas las empresas del Estado (el caso emblemático es el de PDVSA) y en la administración pública, para sustituir la gerencia y los profesionales calificados de pensamiento autónomo, por obsecuentes incondicionales del régimen. Desde febrero del 99 el Gobierno nacional se transforma en una maquinaria todavía más incompetente que la ya existía. El inmenso drama de los damnificados de Vargas, algunos de los cuales viven ahora en carpas en la Plaza Altamira, desde que los militares que se encuentran allí se declararon en desobediencia legítima, ejemplifica la ineficacia del Gobierno. Los programas sociales que favorecían a los pobres han desaparecido o quedado relegados a un plano marginal. Hasta el Museo de los Niños, modelo hasta hace poco en Latinoamérica, ha sufrido las consecuencias de un Gobierno inepto, torpe, corrupto, sectario y prepotente, que arruina al país en medio de una bonanza petrolera. Lo más grave de esta operación “Tierra Arrasada” es que Hugo Chávez fractura a la nación. Divide al país en bandos opuestos e irreconciliables, y exacerba las diferencias existentes entre grupos sociales que tienen acceso desigual a la riqueza.

El paro anunciado para el próximo dos de diciembre, por lo tanto, pareciera la respuesta natural de la sociedad frente a un mandatario autoritario e incapaz, que ataca principios básicos de la tradición nacional y de la convivencia civilizada. La parálisis total aparece como una acción de la sociedad en defensa propia. Sin embargo, el paro puede tener consecuencias graves que una oposición responsable tiene que evaluar con detenimiento y ponderación. El paro suscita preguntas difíciles de responder, pero que resulta imposible eludir. Un interrogante se relaciona con el mecanismo concreto de sustitución del Presidente de la República. En la Constitución vigente aparecen tipificados siete casos en los cuales puede producirse la falta absoluta del primer mandatario (Art. 233). En todos ellos el Vicepresidente asume el mando con el compromiso de realizar elecciones en un período de 30 días. La Constitución no contempla la salida del Presidente mediante el vacío de poder que se crearía con un paro general indefinido que fuerce la salida de Chávez. El paro, en las actuales circunstancias, tiene carácter insurreccional, pues se adopta como resultado del cuestionamiento a un régimen autoritario y a un Presidente autócrata que agrede a los opositores y destruye las instituciones nacionales.

Si la CTV, FRDECÁMARAS y la Coordinadora Democrática desean evitar la ruptura del “hilo constitucional” y mantener las formas legales que preserven el carácter democrático del país, deben establecer de qué modo se saldrá de Chávez y se producirá la transición; ante quién se juramentará el nuevo Presidente; cuál organismo del Estado le dará legitimidad al primer mandatario; cuál instancia del Estado le conferirá legalidad y legitimidad a los actos del nuevo Gobierno. Si estos interrogantes y otros equivalentes no se responden con claridad antes de iniciarse el paro, podría producirse una situación similar a la del 12 de abril. Estaríamos ante la posibilidad de que surja un Gobierno de facto que aparecería usurpando las funciones del Gobierno legítimamente electo, por más descocado que éste sea. Estaríamos ante el peligro de que se inicie un período de inestabilidad como el vivido por Argentina recientemente. En este caso habríamos avanzado poco en el camino de reconstruir la nación a partir de la estabilidad de las instituciones, la paz y la democracia.

La mayoría de las fuerzas opositoras escogieron la ruta democrática para salir de Hugo Chávez. Como parte de esta vía se obligó al Gobierno a sentarse en la Mesa de Negociación y Acuerdos, se recogieron más de dos millones de firmas para solicitar el Referendo Consultivo, se han realizado gigantescas movilizaciones y tres paros cívicos, se ha tendido un cerco de protesta contra el Presidente, sus ministros y demás allegados. La sociedad se ha manifestado de forma ingeniosa. Está protesta masiva y permanente ha sido registrada por instituciones que parecían estar plegadas a Chávez. El TSJ durante los días recientes ha tomado medidas que lo han distanciado del Presidente. El CNE ha exhibido arrestos que reivindican su deteriorada imagen y credibilidad. En la Asamblea Nacional, foro donde Chávez disfrutó de una sólida mayoría, el predominio del caudillo es tan precario que en cualquier momento puede producirse un cambio radical en la correlación de fuerzas a favor de la oposición. Todas estas modificaciones se dan en medio de un ambiente contradictorio, pues se producen avances y retrocesos continuos. Pero lo más importante es que se deben a la participación espontánea, masiva y recurrente de una ciudadanía que despertó del marasmo en el que vivió durante décadas. Ahora no podemos permitir que la improvisación y la desesperación nos hagan retroceder hasta etapas que ya la fortaleza democrática de la sociedad superó.