Otra vez: autonomía universitaria
La guerra de los poderes del Estado contra las universidades autónomas, experimentales y privadas continúa. Ya no es solamente el Poder Ejecutivo que intenta lograr lo que parece cada día más un objetivo estratégico desde el inicio de la revolución bolivariana cuando Hugo Chávez Frías fue juramentado como Presidente en febrero de 1999. El primer ataque contra la UCV ocurrió en 2001. Las salas Electoral y Constitucional del TSJ se metieron con la autonomía universitaria al dictar decisiones respecto a las elecciones de las autoridades en varias casas de estudios. Recientemente, el Poder Judicial de menor rango está tomando cartas en el asunto al prohibir las justas manifestaciones de los universitarios. Como si todo lo anterior fuese poco, la inefable Fiscalía General «investiga» autoridades universitarias como la distinguida rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, por malversación de fondos presupuestarios. Adicionalmente, el Poder Ejecutivo moviliza sus bandas delictivas para efectuar ataques violentos contra las universidades, especialmente la UCV.
De esta manera también restringen los salarios de los profesores, manteniéndolos a niveles que colocan a nuestro país en la estadística de la Unesco de las remuneraciones para docentesinvestigadores en más de 90 países en el penúltimo lugar antes de Etiopia. Últimamente, el Poder Ejecutivo ha decidido no reconocer las Normas de Homologación, vigentes desde hace 20 años, e incluir a los profesores en un Normativa de Remuneración para todos los que trabajan en las universidades, que incluye artículos como el de la evaluación de los trabajos de ascenso por parte de los consejos comunales. Estas situaciones han generado una masiva renuncia de docentes-investigadores. Este cúmulo de agresiones contra las universidades está acompañado por la creación de «universidades», «institutos tecnológicos» oficialistas, además de la Misión Sucre, todas de muy bajo nivel académico. Estas instituciones forman el núcleo de lo que sería la «universidad socialista».
El adjetivo socialista implica significados y características incompatibles con la misión y esencia de la universidad, definidas en el Artículo 109 en la Constitución de 1999: «El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación». Como la Constitución establece que lo que hacemos en la universidad beneficia la Nación, para que podamos hacer lo que es nuestro deber académico y ético deben existir las condiciones de autonomía y de libertad, no solo porque lo dicta nuestra Constitución sino porque son condiciones que rigen desde la creación de las primeras universidades. Y el trabajo en beneficio espiritual y material de la Nación tiene que desarrollarse en esas condiciones. Es menester que la Nación entera comprenda que la lucha por la universidad y su autonomía es una tarea insoslayable de toda la sociedad. Ello implica, por ejemplo, que la MUD tenga que participar activamente en esta lucha. Implica, otro ejemplo, que los que pertenecemos a la corporación universitaria llevemos el objetivo de nuestra lucha a todos los sectores de la sociedad. Fue mi primer profesor de Sociología, Helmut Schelsky, cuando llegué a la Universidad quien dijo en su clase inaugural que una sociedad sin universidades con autonomía, libertad, pluralismo e intercambios permanente de ideas, hipótesis, propuestas y conclusiones es como un ser humano sin cerebro y corazón.
