Oposición, seguridad y defensa

El jefe del Estado ha planteado y consagrado la hipótesis de un conflicto con Estados Unidos, acuñada por las consabidas fórmulas del anti-imperialismo. Recordemos, aún antes de ascender al poder, la hipótesis se centró en la posibilidad de una guerra civil que, por fortuna, no contó con las condiciones objetivas para realizarse.

Nos referimos a un conjunto de amenazas y presiones que dicen justificar la carrera armamentista e, incluso, el odio como móvil esencial de la movilización de la población. Por añadidura, la ampliación de una reserva sufragada como cualquier otra “misión”, tampoco apunta a la necesidad de un concepto estratégico de Estado, como señalan los expertos.

Ahora bien, tratándose de una materia tan grave y delicada, luce aconsejable que la concepción e iniciativas promovidas desde las más altas instancias del Estado surjan de una política nacional. La motivación, sensibilización y participación de todos los sectores políticos y sociales, según el calibre de los consabidos planteamientos, obligan a la incorporación de la oposición democrática a un debate de tanta trascendencia, comprometidos el presente y el futuro del país. Y no hay mejor escenario que el Consejo de Defensa de la Nación, ya que el oficialismo, los conductores actuales y circunstanciales del Estado, no monopolizan el sentimiento patrio y, por el contrario, tal pretensión puede desembocar en errores de apreciación y decisiones temerarias que, luego, pudiesen lamentar.

La ampliación del escenario puede hacerse a través del artículo 35 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, habida cuenta de la corresponsabilidad del Estado y de la sociedad en materia de seguridad y defensa, siendo uno de los requisitos esenciales la pluralidad política y la participación ciudadana, en correspondencia con los artículos 1, 5 y 8 eiusdem.

De conformidad con el citado texto legal, la seguridad de la nación también está fundamentada en el goce y ejercicio de los derechos y garantías en el ámbito político, afianzando la institucionalidad democrática y la participación, así como la defensa integral depende igualmente de la adecuada articulación de los distintos niveles e instancias del Poder Público, surgiendo la necesidad de involucrar aquellas gobernaciones y municipios que están bajo la responsabilidad de la oposición. Por cierto, de un lado, sugiere compartir –al menos- información no clasificada, pero suficientemente sistematizada para conocer la versión definitiva que manejan las autoridades en un renglón tan importante; y, del otro, permite evaluar la gestión del gobierno en materias tan específicas como la calidad de vida o la política exterior, en relación a la defensa integral de la nación.

Un republicano y democrático sentido de responsabilidad de quien o quienes atienden estos asuntos al más alto nivel del Estado, recomienda la ampliación del Consejo de Defensa de la Nación con los sectores más representativos de la oposición. Probablemente, ayudará a superar la paradoja de una ley teóricamente democrática que contrasta con la derogada Ley Orgánica de Seguridad y Defensa, siendo ésta –por entonces- aplicada frecuentemente con una mayor vocación democrática, como ocurrió con la inmediata consulta nacional derivada de lo acontecido con el “Caldas”.

II. ¿Cuál partido nacional?

Importa a todo proyecto autoritario el desmantelamiento de los partidos políticos como institución. La entronización de un partido único, decisivo e indispensable, camino avanzado del totalitarismo, reconozcámoslo, encuentra asidero en el desdén, el discurso y la campaña antipartidista que hemos padecido con fuerza en la última década, materializándose en el actual régimen.

La discusión ahora está centrada en el carácter nacional o no de los partidos, habida cuenta de las distintas encuestas que circulan vigorosamente, disparando a la opinión pública, aunque sus resultados contradigan los de los comicios regionales de finales de 2004, cuando el oficialismo reconoció a las expresiones democráticas de la oposición un caudal importante de votos. Se nos antoja que, en ésta ocasión, el desdén, el discurso y la campaña toman el camino de una descalificación temeraria y engañosa.

Es importante que las organizaciones políticas de comprobada existencia de un mensaje, una estrategia y una militancia coherentes, convincentes y arraigadas, se extiendan a lo largo y ancho del país para agregar e interpretar efectivamente los intereses y demandas de la población. No obstante, observemos que una implantación nacional obliga a la paciente y limpia tarea de motivación, convencimiento y captación de la ciudadanía que no puede suplantar milagro mediático alguno.

Obviamente, cuando de implantación nacional se trata, hay etapas de crecimiento, crisis y recuperación que pueden también seducir por un espejismo momentáneo. Partidos históricos como URD, tardaron décadas en desvanecerse, quizá asimilando aquella cita que hizo MacArthur sobre los soldados que no desaparecen, u otros soportan la embestida del régimen, manteniéndose no sólo en pie, sino llamando a sus militantes en todos los rincones del país para elegir directamente a sus conductores, como ocurrió con los doscientos cuarenta mil militantes copeyanos en noviembre de 2002.

Hay una viva y básica cultura democristiana en todos los rincones de Venezuela que no hacen fácil decretar la muerte súbita de la organización. Creemos que, en una sana competencia, otros partidos pueden levantar sus banderas, pero no demeritar la existencia de un partido que ha hecho aportes fundamentales a la lucha democrática del presente (no del ayer lejano, sino de la peligrosa hora actual), y, además, una lucha que no cesa por su democracia interna y el real compromiso ideológico, contrastante con otras unidireccionales y dispuestas a intentar el asalto sorpresivo de una militancia que le ha sido ajena, ya de regreso de las promesas e ilusiones fatuas.

III. Socialismo contaminador

El gobierno intenta definirse, no bastándole la difusa bolivarianidad. Sin embargo, es poco lo que ha logrado, excepto que se diga del siglo XXI, aunque lo sospechamos muy de guerra fría.

Lo cierto es que no exhibe un debate ideológico de fondo, con las novedades que reclaman sus más leales e ingenuos seguidores. La fórmula socialista es extensa y variada, aunque las vinculaciones con Cuba den pistas seguras y contundentes de una muy específica vocación de poder.

Espontáneamente, el régimen se ha hecho de modalidades que –inevitablemente- contamina, dada la espesa sombra petrolera. Las cooperativas constituyen un ejemplo, pues, sirven de mecanismos perversos de reparto de dádivas sectarias y clientelares, ayudan a evadir disposiciones expresas en materia laboral y, en definitiva, distraen sobre las causas y resultados de una errada política económica y social, francamente desempleadora; o la cogestión para la administración pública y las empresas adquiridas por el Estado, resulta un atajo de legitimación y de supuesta participación, hasta que llegue el termómetro a la autogestión, idea que puede descalabrarse en manos inexpertas.

La cooperativa, la cogestión y la autogestión no pertenecen al patrimonio exclusivo del oficialismo, y son muchos los años que cabalgan –incluso- en las propuestas de las organizaciones democráticas, alcanzando una importante significación en la discusión de los socialcristianos. El socialismo saudita o petrolero de esta hora no está contaminado, sino contamina cualquier genuino planteamiento ideológico y político que se haga.