Nueva constitucionalidad y transición democrática

Luce ocioso y – acaso – inmoral, el planteamiento de un nuevo texto, sobre todo cuando reclamamos la vigencia plena de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, combatida al nacer, frente a la impúdica violación del chavezato. Continuamente, estamos expuestos a las abundantes falacias de un régimen que se representa a sí mismo como la consumación del Estado de Derecho, la democracia y la justicia social, retratando y condenando a los terceros disidentes como la más acabada, obstinada y enfermiza expresión del golpismo reaccionario, cuya única vocación descansa en la radical inmediatez de los acontecimientos.

Compartimos la necesidad de rechazar activamente la consabida reforma constitucional por sus específicas propuestas y la propia concepción de fondo en materia constitucional, amén del decisivo y perverso trámite que la desvirtuó como una institución básica de garantía pretendiendo convertir al Presidente Chávez en un poder constituyente en sí mismo, con el temeroso auxilio y aval de los restantes órganos del Poder Público. Es nuestra convicción, así como planteó una reforma a todas luces inconstitucional, sin inquietar en modo alguno a aquellos que teóricamente deben controlar sus actos, no tardará en urdir otra maniobra – por más descabellada que parezca – a objeto de imponer un proyecto que sólo las circunstancias lo (s) obligan a definir: incluyendo la convocatoria de otra Asamblea Nacional Constituyente entre 2009 y 2010.

Trágico precedente

Luego del referéndum desaprobatorio, el parlamento sancionó el Plan de Desarrollo Económico y Social sustitutivo del que rigió entre 2001 y 2007, desconocidas las consultas que ordena la vigente Constitución y el debate político que supone. En definitiva, demuestra el deliberado y terco propósito de imponer – parcial o totalmente – fórmulas que contradicen las normas fundamentales, frecuentemente invocadas para legitimar aún las menores diligencias presidenciales.

Convenimos en reivindicar la Constitución de 1999, sin complejos, pues, violentada por el régimen que la diseñó, como sucede en toda experiencia autoritaria, requerimos de unas reglas esenciales de convivencia. Por lo demás, así lo aconseja una futura, pacífica, ordenada y consensuada transición democrática.

Lo cierto es que el régimen ha sentado otro trágico precedente al pretender, por una improvisada e interesada (sin) razón revolucionaria, la constante prefabricación de la superlegalidad, constitucionalizando sus coyunturas, frente al país que – cansado – demanda la solución de sus más urgentes problemas. Que no imperio de la Constitución y desarrollo institucional de sus previsiones, marcando una distinta sociabilidad, las que hacen la constitucionalidad, la ha reducido a una magnífica pieza propagandística y publicitaria, sintetizada y exhibida en formato de bolsillo, facilitando su representación como el celoso guardián de su vigencia, aunque desdiga de la radical empresa democrática que le dio o dijo darle origen.

El proceso constituyente de finales del siglo XX, generó la poderosa ilusión de un nuevo texto como remedio inmediato de todos los males que nos aquejaban, a pesar de las advertencias de voces tan insospechables, como la de Rangel. Discrepando de las consideraciones de Rodríguez, estimamos que la edición de bolsillo del texto constitucional de 1999, por siempre ventilada como conjuración ante los peligros más inminentes, ha contribuido a un imaginario colectivo que nos devuelve a escenarios que creímos superados. Destacando la sencillez, precisión y profundidad del ensayo de Gabaldón y Wiesel, a propósito de la llamada revolución liberal restauradora al concluir el siglo XIX, corroboramos las viejas prácticas de ascenso al poder en Venezuela: frecuentemente, los grandilocuentes enunciados no desembocaron en programas concretos de transformación, sino en sendas modificaciones constitucionales que facilitaban la prolongación del gobierno. Por lo menos, a partir de 1958, por cuatro décadas, alteramos tal hábito [1].

Por consiguiente, experimentamos una involución en términos de cultura política que fuerza a la recuperación de aquéllos supuestos que presuntamente perfeccionamos por estos años. Urgente cuando tendemos colectivamente a aceptar unas reglas de resignada supervivencia que no, de convivencia personal y social; a justificar la supremacía indiscutible del titular del poder ejecutivo, servido dócilmente por los restantes órganos del poder público; a consentir el monopolio arbitrario de las armas, partidizando a la principal entidad que las administra; o a aprobar un caprichoso manejo de las finanzas públicas, desestructurado el bien común que les sirve de pretexto.

Versamos en torno a una aceptación, justificación, consentimiento o aprobación que imposibilitará el carácter democrático de la transición esperada, condenados a repetir la experiencia así reivindique un signo distinto al actual. Sin lugar a dudas, nos acercamos a un período histórico semejante al abierto en 1936, en el que echamos las bases culturales de una realidad política que hoy merece radicalmente otras, aunque sospechamos de otro largo y penoso tránsito, esperanzados en un liderazgo que emerja del cuestionamiento responsable del rentismo sociológico y político que nos embarga.

La nueva constitucionalidad

Una transición democrática amerita del acatamiento, respeto y desarrollo de las actuales previsiones constitucionales, podando los elementos de incuestionable naturaleza autoritaria que formaron parte del “paquete referendario”, aprobado en medio de las curiosas y excepcionales circunstancias de diciembre de 1999. Toda modificación obligará a una consulta popular que permita – por una exacta transparencia – recobrar su significado e importancia, superando una de las más efectivas falacias de las que se ha valido el régimen al acreditarse una inédita vocación democrática, mientras que – en los hechos – degenera en novedosas prácticas de dominio, probablemente haciéndose eco inconsciente de las ya remotas soluciones políticas ensayadas en medio de nuestro intenso conflicto de emancipación [2].

Importa más ir al encuentro de otra cultura constitucional, como sustento real de nuestras relaciones políticas, que oficiar en el altar de una infinita, pormenorizada e inútil reelaboración de la carta constitucional. Si fuere éste el caso, tratamos de una reacción condicionada por la Razón de Estado permanentemente esgrimida por el Presidente Chávez que, aún fuera del ejercicio del poder, ayudará a oxigenar y reivindicar las promesas de 1999, reivindicándose a sí mismo.

La interpretación acomodaticia de los mandatos constitucionales que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), convirtiendo la Razón de Estado en la espina dorsal de los planteamientos y ejecutorias del mandatario nacional, facilita la inmediata acogida y defensa de sus más ingenuos seguidores. Asistimos al terrible aprendizaje de otras pautas de coexistencia y de otras modalidades de exclusión, que ejercen y ejercerán un peso importante en la crisis política y sus posibles o previsibles desarrollos, so pretexto de la Constitución nominalmente invocada y – en el presente e hipotético futuro – harto conspirada.

La pérdida del sentido teleológico y de las orientaciones garantistas, benefician las versiones gramaticales que el poder actual pueda dar a cada una de las normas y – en propiedad – de sus urgencias. No por casualidad, la fracasada propuesta de reforma constitucional de 2007 estuvo poblada de una dudosa, oscura y prácticamente incomprensible redacción en buena parte del articulado que – a la postre – convierte las argucias en otra de las tendencias autodestructivas del poder.

Abusivamente empleada en una sociedad cuya inevitable complejidad aconseja el reconocimiento y procesamiento limpio de sus contradicciones, deducimos con Maritain y del Aguila que la Razón deviene Pasión de Estado en la medida que la obcecada autoprotección del elenco de poder está por encima de la protección de los intereses que ha creado, privilegiando los juegos tácticos. El ardid maquiavélico lo lleva a una recurrente y abierta confrontación con la sociedad, habida cuenta de tres de los rasgos que dicen garantizar la permanencia del régimen: una crónica conflictividad, el convencido ejercicio de un poder ilimitado y el sistemático sabotaje hacia una oposición venezolana que se desea responsable y comprensiblemente articulada [3].

Una importante advertencia

Oposición que – como toda – alberga a grupos potencialmente constituyentes, pero debe – a nuestro juicio – insistir más en una nueva constitucionalidad que en la perfección ilusoria tornada radicalmente en otra Constitución. Sobre todo, porque existe una propensión a confeccionar textos en los cuales no haya asunto humano que le sea ajeno, regulando cualesquiera de los fenómenos que surjan en la coyuntura.

El insigne penalista, e insospechado constitucionalista, Jiménez de Asúa, llamó la atención sobre la disciplina constitucional contemporánea que, al tratar de resolver la pugna entre la técnica y el ansia popular, recoge los problemas básicos u obsesivos del momento; y, a propósito de una conferencia dictada en Caracas, consideró “nefando pecado” conllevar las diferencias en el exilio, postergando la polémica sobre la organización del Estado español en la tercera república, por lo que colegimos la importancia de identificar los desacuerdos de la actual oposición venezolana y, con miras a una venidera transición, subrayar la importancia de la constitucionalidad frente a la constitución que no puede ser objeto de toda suerte de regulaciones, supuestos e –incluso- facturaciones políticas. Koeneke bien observó, contrastando los logros de la República Democrática Alemana con los de la República Federal Alemana, que los derechos artificiales, “creados a menudo con buena intención por gobernantes populistas, socialistas y comunistas, no han garantizado ni garantizarán el progreso y la felicidad de los pueblos”, incitando al “paternalismo y al conformismo colectivista, tan ajeno a la creatividad y a la motivación al logro”. Por lo demás, al versar en torno a la democracia iliberal, Congote Ochoa señala a Nikos Poulantzas quizá como la corriente marxista más consistente y convincente, aunque no reciente, que trata del Estado y –eventualmente- de su hechura constitucional, pero tan ausente como otros autores que pudieran darle un poco más de prestancia a una izquierda en el poder a la que se le pide una venezolana depuración postmoderna, convirtiéndola en única [4].

Importante advertencia, al revanchismo actual no podemos responder con otro que, amparado en ideas y ocurrencias – incluso – de buena fe, no deben forzosamente constitucionalizarse, cuando la discusión y la sanción legislativas pueden allanar un mejor camino para la actualización de normas y procedimientos de menor jerarquía que – al desprenderse de una más abstracta norma superior – obligan al esfuerzo de consensuarse permanentemente. Consecuencia de la natural confusión y presunta inutilidad de las nociones de izquierda y de derecha, sobre las cuales existe una profusa y respetable literatura, lo más lamentable reside en constatar que no existen novedosas “cuestiones batallonas” – parafraseando a un historiador español – entre quienes dicen representarlas, por lo que se requiere de un profundo debate – por lo menos, en la oposición – para identificar y acordar las diferencias antes de que estallen con un eventual ejercicio del poder.

Sin lugar a dudas, el chavezato ha acentuado nuestro retroceso en términos de cultura política (del cual no escapan sus adversarios), por más que reclame un inconfundible y genuino carácter marxista. De sus pobrezas conceptuales y técnicas en el campo constitucional, ya estamos convencidos los venezolanos, pero – enfaticemos – las reiteradas improvisaciones del régimen le conceden una naturaleza y una tipología que invitan a la inquietud y al estudio más profundos de legos y especialistas.

La crisis de una evasión

Por lo pronto, privilegiados los problemas de la inseguridad personal y el desempleo en los estudios de opinión, preocupado el venezolano promedio por no morir a manos de la delincuencia ni del hambre, aparecen las condiciones objetivas y subjetivas que ayudan a modelar el carácter campamental de un Estado que desespera o desesperará – él mismo – por sobrevivir. Constitucionalizar cada uno de los detalles, medidas, programas y políticas para dirimir tan ilustrativos, específicos y cambiantes asuntos, oculta y difiere – de un lado – la crisis real que es la del Estado, y –del otro – acepta la obligada y permanente reforma de la Constitución, cuya facilidad en nombre de su constante reajuste legitimará una instancia o dispositivo administrativo e inconsulto para hacerlo. Vale decir, es necesario redescubrir y actuar sobre un precedente y una herencia nefastas, con mayor lucidez que la expuesta en los fugaces programas de radio o televisión.

Un gobierno que se proclama revolucionario ha de hacer la revolución, pero no luce tan obvio en el caso venezolano. Existe una abundante literatura sobre la materia que coincide en algunas características esenciales, como la de una ruptura evidente, anímica y discursiva de la población con un orden que ya no puede enmascarar las lesiones que provoca, un proyecto y modelo sustitutivo que alcanza una importante y contrastante especificidad, y un elenco que política y moralmente lo encarne, amén de las circunstancias que faciliten a la revolución como acontecimiento.

No hay revolución en Venezuela, excepto se diga de un masivo relevo de los principales actores políticos y del intento de reimplantar el modelo cubano. O, peor aún, la agravación de los vicios y fallas del pasado con igual o superior impulso de las transitorias bonanzas petroleras, convertida la Constitución en un simple pretexto. No obstante, por sus gravísimas e inevitables exigencias, evadimos la tarea de cuestionar el pretendido carácter revolucionario del chavezato, prefiriéndolo un chavismo que – al expresarse como corriente provisoria de otras – aligeren la carga pesada carga de una reflexión específica.

Valga acotar que, después de considerar el esquema revolucionario, hallamos la útil observación de Petzold Pernía sobre la falta de comedimiento de los grupos sociales y políticos históricamente dominantes, en el empleo de los mecanismos de supresión, reforma o revisión constitucionales, asegurando así una ausencia de identidad de la nación con la Constitución. Plantea que el actual sistema político es una clonación del anterior, emergiendo un texto constitucional desfasado con un preámbulo írrito, al escapar de la consulta referendaria de diciembre de 1999, y –concretamente, referido a sus aportaciones- advertir que el Consejo Moral Republicano en nada abona a las concepciones de Bolívar en términos de organización, funciones y competencias, amén de las contradicciones con la competencia constitucional y legal concedida a los tribunales y a las mismas Contraloría y Fiscalía generales de la República 5. Ergo, al huir de una seria reflexión sobre el fenómeno revolucionario, incurrimos en iniciativas que a la postre lo simulan y celebran, aunque dramáticamente huérfanos de la naturaleza y rasgos que lo autoricen.

Agencias de socialización constitucional

Los estudios de opinión revelan una básica susceptibilidad de la población frente a las violaciones que sufre la Constitución, pero frecuentemente resulta impactada cuando el oficialismo agita el fantasma del “golpismo”, con la entera eficacia de los recursos propagandísticos y publicitarios con los que cuenta. Hay más de predisposiciones culturales que de asentamientos constitucionales, a lo largo de nuestra vida republicana, por lo que luce necesario contrarrestar las versiones gubernamentales, emprendiendo una campaña decididamente pedagógica en la que los distintos sectores y factores opositores digan más de la constitucionalidad viviente que los comprometa, que de una ingeniería normativa que siempre le pedirá correcciones para no aparecer como fuente maldita de toda conspiración.

El Estado dispensador se ha hecho inútil para quién ya no clama por justicia, sino por la cuota imaginaria que le corresponde en el reparto petrolero. Sostenemos que la crisis es la del Estado que quedará luego de la salida de Chávez del poder, con múltiples fracturas, aquejado por la falta de un andamiaje mínimo para despejar la ecuación de la gobernabilidad, en tanto ella es realización de la legitimidad y de la eficacia que se espera.

Imposible pretender que el pueblo se convierta en un órgano del Estado, tratándose de ensayar futuras constituyentes derivadas. Retomar los esfuerzos que, en un momento dado, justificaron la existencia del Estado Social y de Derecho, diferente a la cómoda calificación de liberal-burgués, fuerza a organizar socialmente a la población para su definitiva participación en los ámbitos político y económico que implican la equidad social tan desesperadamente demandada, junto a la generación de riquezas.

No es mucho pedir a los partidos que se recuperen como agencias de socialización política, carácter que se creyó tan obvio. Al fin y al cabo, directa e indirectamente, forman parte del Estado que –en definitiva – tendrán que recuperar, con el sorteo de las fortalezas y debilidades que experimenten en el natural juego político.

La diaria acción de las organizaciones políticas, conjugando un determinado pensamiento que los legitime, constituye un valladar para las pretensiones académicas que puedan caricaturizar su misión. Se trata de validar una institución más de participación y de comprensión de los problemas comunes que, a su vez, denuncie a un régimen que la ha abusado hasta confundirla con las de la democracia directa de la cual toma grosera ventaja: nos parece inaceptable una oposición alejada del testimonio democrático que ha de dar, por prolijas que sean las tentaciones o demostraciones carismáticas de sus voceros. Y más inaceptable aún que se entienda como instancia de la más desleal competencia para protagonizar la transición, pues, siendo tan gigantesca la amenaza totalitaria, no habrá excepción alguna para el naufragio.

Otra importante advertencia (final)

Al referirnos a la participación, no debemos entenderla como excluyente de toda representación (y a la inversa). Aceptemos que aquélla ha existido a lo largo de la década, por lo menos, en intención, aunque se ha convertido en un magnífico y novedoso instrumento autoritario por despreciar el elemento representativo, creyéndolo una amenaza, como ocurrió en la primera legislatura del régimen con los sectores legítimos de la oposición, pero también por no conquistar importantes cuotas de representación misma en otros campos, como en el estudiantil o sindical. Y ésta insuficiencia o incapacidad política, definitivamente, lo inclina a reforzar una postura doctrinaria en nombre de la democracia directa.

Advirtamos, finalmente, que la ineficacia de los instrumentos democráticos utilizados, además de deslegitimarlos, incurriendo en un nefasto aprendizaje, encuentra sobrados ejemplos de percusión en los partidos políticos, sean de oposición o de gobierno. De un lado, la marcada propensión a resolver sus diferencias internas mediante fórmulas decididamente autoritarias, so pretexto de las especiales circunstancias que los recomiendan, como la mera resistencia al régimen o a su oposición, traduce la inmensa e impune pobreza conceptual que nos aqueja en el terreno de la democracia representativa con participación y de la democracia participativa con representación 6, vaciando de sentido a la Constitución. Y, del otro, apunta a la calidad de la polémica y de los polemistas políticos, contrastante con los decenios más o menos remotos de nuestra vida política, según lo exalta Urbaneja en su ya citada síntesis histórica.

Se evidencia una irrefutable pérdida de la calidad del debate y la de sus actores que está orientada hacia las posiciones plebiscitarias y el videoliderazgo, enfatizando en una dramaturgia de la crisis política o de la política como simulación, restando toda posibilidad a una vigorosa corriente informativa y dialógica 7. Obviamente, la propia práctica política degenera, la de la compenetración y comprensión de los problemas micro/macropolíticos, y la defensa de la constitucionalidad es la de su literalidad, al compás de cada coyuntura, mas no de la su vivencia: urge corregir el curso que ha tomado respecto a una oposición que ha de ofrecerse como alternativa, más que como resistencia o foco de resistencia, rehabilitándose para una necesaria e inevitable transición post-autoritaria o democrática.

Notas

[1] Vid. Rangel, Domingo Alberto (1999) “Los milagros de la Constitución”, Ultimas Noticias/Caracas, 13 de agosto; Rodríguez, Fernando (2007) “El fetichismo de la Constitución”, El Nacional/Caracas, 3 de noviembre; cfr. Gabaldón, Eleonora – Wiesel, Judith Gamus de (1983) “Prólogo”, en: Congreso de la República, “El pensamiento político de la Restauración Liberal”, Caracas: tomo I – volumen I, pp. 23 – 175.

[2] Entendemos por “paquete referendario”, la subrepticia inclusión de definiciones y mecanismos autoritarios en las ofertas atractivamente democráticas que el régimen hizo en 1999 y, mediante su propuesta de reforma constitucional, en 2007, decididamente más abiertas, directas y elocuenes. Valga anotar, por una parte, que el resultado del proceso constituyente generó severas dudas al decidirlo una asamblea nacional distorsionada por los dispositivos electorales empleados, con predominio del sector oficialista (94%), beneficiario de un menor porcentaje de los sufragios (52%), amén de la confusa versión de textos que ulteriormente motivó la interposición del recurso correspondiente por el entonces Fiscal General de la República, Javier Elechiguerra. Y enfatizar, por otra, que la consulta de 1999 no descalifica el modo de aprobación de la Constitución de 1961, como acostumbra a hacerlo el chavezato, pues, “anacronismo histórico” observado por Urbaneja, contó con el más amplio consenso de todos las corrientes políticas y sectores sociales del país que hubiese hecho redundante el referendum. En éste sentido, vid. Urbaneja, Diego Bautista (2007) “La política venezolana desde 1958 hasta nuestros días”, Temas de Formación Sociopolítica, nr. 7, Centro Gumilla – UCAB, Caracas: 24. Por cierto, sorprende que congresos constituyentes como los de Angostura, Cúcuta u Ocaña, celebrados en el accidentado marco de la guerra independentista, carecieran de una necesaria y convincente representación en contraste con el evento fundacional de 1811, de acuerdo a los señalamientos de Pino Iturrieta y Meza Dorta. Cfr. Pino Iturrieta, Elías (2007) “Nada sino un hombre. Los orígenes del personalismo en Venezuela”, Editorial Alfa, Caracas: 208, nota 26; 289; y Meza Dorta, Giovanni (2007) “Miranda y Bolívar. Dos visiones”, Bid & Co. Editores, Caracas: 95, 123.

[3] Hay más de directa supervivencia política e, incluso, física de la dirigencia estatal que de desarrollo de relaciones e intereses que la trasciendan, excepto el caso de Diosdado Cabello, en distintas ocasiones señalado como líder – entre otros – de una supuesta “derecha endógena”. Lección alterna, el caso de Luis Alfonzo Dávila, otrora figura del poder, hoy desterrada y aparentemente olvidada por la preferencia de la que ha gozado Tarek William Saab, en el estado Anzoátegui, pudiera servir de escarmiento a aquellos que pretendiesen complejizar el universo gubernamental. Por consiguiente, las transgresiones inherentes a la Razón de Estado se convierten en transgresiones propias de una Pasión de Estado, con una carga de autodestructividad que se infiere de los meros afanes de sobrevivencia del elenco de poder, cuyos integrantes sólo están primariamente vinculados entre sí, contando como único e insustituible interlocutor ante sí y ante los otros, al Presidente Chávez Vid. Maritain, Jacques (1949) “El hombre y el Estado”, Editorial Guillermo Kraft, Buenos Aires, 1952, pp. 72 s., 76, cfr. Peces-Barba, Gregorio (1972) “Persona, sociedad, Estado. Pensamiento social y político de Maritain”, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, pp. 102 s., 272 ss.; y Aguila, Rafael del (2000) “La senda del mal: política y razón de Estado”, Taurus, Madrid, pp. 95, 120 ss., cfr. Sauquillo, Julián (2001) “El retorno de la política”, Claves de Razón Práctica/Madrid, nr. 109 de enero-febrero.

[4] Jiménez de Asúa, Luis (1946) “La Constitución de la democracia española y el problema regional”, Editorial Losada, Buenos Aires: pp. 22 s., 100, 102. Para una reseña de la constituyente de la segunda república española que partió de la religión y autonomías regionales como “cuestiones batallonas”, vid. Tuñón de Lara, Manuel (1974) “La España del siglo XX”, Editorial Laia, Barcelona: vol. 2, p. 321. Cfr. Congote Ochoa, Bernardo (2003) “Colombia: iliberalidad democrática y Estado en crisis”, en: Londoño Toro, Beatriz (editora academica) “Estado de crisis o crisis del Estado”, Centro Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, pp. 476 ss.; Koeneke, Herbert (1999) “Derechos naturales y derechos artificiales”, El Universal/Caracas, 23 de febrero; Biardeau, Javier (2008) “La muerte del mito de las dos izquierdas”, El Nacional/Caracas, 28 de enero; y Boersner, Demetrio (2008) “Sí hay dos izquierdas”, Tal Cual/Caracas, 1ro. De febrero. Lanz extiende el ejercicio topográfico al versar en torno a una izquierda de la derecha, y viceversa, crf. Lanz, Rigoberto (2008) “Mensaje para la izquierda de la derecha”, El Nacional/ Caracas, 17 de febrero; y “Mensaje la derecha de la izquierda”, ibidem, 24 de febrero.

[5] Por cierto, creyendo pertinente la formalización de una tercera cámara parlamentaria compuesta por los que no se sienten o consideran representados (vecinos, universidades, gremios empresariales, profesionals y sindicales, etc.). Vid. Petzold Pernía, Hermann (1976-1977) “Constitución y ciencia política”, La Universidad del Zulia, Maracaibo, p. 8; (1978) “Hombre, revolución y derecho”, La Universidad del Zulia, Maracaibo, pp. 75, 84, 86 s.,92, 107 ss.; y (2001) “Breve estudio comparativo entre la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los proyectos constitucionales de Simón Bolívar de 1819 y 1826”. Revista Venezolana de Ciencia Política, Universidad de Los Andes, Mérida, nr. 19 de enero-junio.

6 Vid. Calle, Humberto de la (2005) “Democracia directa en los países de la Región Andina. Efectos en la consolidación de la democracia”, en: Sample, Kristen – Zovatto, Daniel (editores) “Democracia en la Región Andina, los telones de fondo”. International Institute for Democracy and Electoral Assistence. Lima, pp. 218, 227 ss., 232. Cfr. Sartori, Giovanni (1972) “Elementos de teoría política”. Alianza Editorial. Madrid, 1999, pp. 26, 30; y (1999) “En defensa de la representación política”. Claves de Razón Práctica/Madrid, nr. 91 de abril.

7 Suscita interés las observaciones de Lucas y Murillo, en un cuadro más universal del fenómeno que no impide una particularización del caso venezolano. Vid. Lucas y Murillo de la Cueva, Fernando de (2001) “Comunicación política y liderazgo: la dimensión estético-expresiva de la política moderna”, en:
http://www.uax.es/publicaciones/archivos/SABSOC03_014.pdf