No a la violencia, No al odio!
Los venezolanos estamos cansados de la violencia y de las declaraciones de odio y de guerra del régimen bolivariano y de los grupos terroristas paraoficialistas que operan libremente en el país.
Desde el 23N, fecha que termina de enloquecer a los desubicados neomarxistas criollos, se ha profundizado una política oficial de violencia sistemática y generalizada, una forma de terrorismo de Estado, aunque algunos, con la retórica y la burla propias de los bolivarianos traten de responsabilizar por tales actos a la oposición democrática que ejerce su derecho a protestar ante la injusticia y los atropellos.
La insólita ocupación de la Alcaldía de Caracas por terroristas apoyados por el régimen y las graves amenazas al Alcalde Ledezma; el ataque a las Gobernaciones de Táchira y de Miranda para impedir el éxito de las administraciones que representan la alternativa democrática, en perjuicio del pueblo, el que poco importa a los neocomunistas criollos; la persecución al bravo movimiento estudiantil y a quienes disienten, son muestras de la violencia y del odio revolucionarios.
El ataque a la Sinagoga de Caracas completa, por ahora, la estrategia de violencia y de amedrentamiento oficial en el camino al 15F. Una vergüenza con el mundo. Un crimen que destroza nuestros valores de sociedad pluralista y tolerante. Un agravio perpetrado por un grupo terrorista bien apoyado, cuyas acciones responden, como las otras, al discurso incitador a la violencia, expresado por los revolucionarios bolivarianos en sus declaraciones y en sus afirmaciones e insinuaciones. Negar el antisemitismo con discursos baratos, atribuyéndole tal actitud a la oposición “golpista” es otra muestra de desprecio a los venezolanos.
El recurso a la violencia, especialmente después de la derrota del año pasado, responde a los temores bien fundados de quienes hoy en el poder temen perderlo y enfrentar señalamientos y acusaciones por los delitos realizados, por acción o por omisión, que se plantearían en su oportunidad, ante los órganos jurisdiccionales competentes, adentro y afuera.
Rendir cuentas sobre la corrupción, el despilfarro, el aniquilamiento de las instituciones, sobre las sistemáticas violaciones de los derechos humanos y los presos políticos, ahoga a los revolucionarios en ejercicio del poder. También debe inquietar a quienes desde hace diez años han dejado de actuar para proteger los intereses de los ciudadanos y del Estado mismo, cuando tenían que hacerlo. La Constitución impone obligaciones a quienes ejercen funciones públicas y muchos han dejado de hacerlo para alcahuetear al régimen en sus desvíos y actos de corrupción.
Sin duda, la responsabilidad de quienes han saqueado las arcas públicas, enviado a disidentes a las cárceles bolivarianas, en donde se pudren integralmente, se tendrá que determinar más temprano que tarde. Algunos ignoran deliberadamente -o por ignorancia- las lecciones de la historia. La impunidad no prevalecerá, como tampoco nunca antes tras la caída de los regimenes totalitarios. Se pueden vislumbrar pactos de reconciliación nacional, de concertación, hasta un relativo perdón, todos necesario a la paz nacional que habrá que encontrar para l reconstrucción del país; pero las responsabilidades tendrán que ser establecidas para proteger a las nuevas generaciones de venezolanos que quieren vivir en libertad, en tranquilidad, en progreso.
El rechazo a la ilegitima e ilegal propuesta de enmienda de reelección indefinida montada por el Ejecutivo con complicidad institucional es un paso más hacia la recuperación del ejercicio pleno de la democracia. Los venezolanos decimos claramente una vez más: No a la violencia, no al odio. Si a la tolerancia y a la paz.
