Niple a Unión Radio: anonimato inconstitucional

El artefacto explosivo lanzado subrepticia y arteramente contra las instalaciones de (%=Link(«http://www.unionradio.com.ve/»,»Unión Radio»)%), en la madrugada entre el viernes 18 y el sábado 19 de octubre de 2002, es una forma de expresión del pensamiento que viola el artículo 57 de la Constitución Nacional, que prohíbe el anonimato y la propaganda de guerra.

Este acto de violencia da a entender que sus perpetradores no están de acuerdo con las informaciones y opiniones que son transmitidas por esa emisora y desearían que ésta dejara de transmitirlas. Asunto realmente absurdo, porque si alguna radioemisora da cabida a la existente pluralidad del pensamiento, ésa es Unión Radio. Por ejemplo, Maripili Hernández, una furibunda chavista de vieja data, tiene allí un espacio permanente.

Hasta que concluyan las investigaciones y sean detenidos los perpetradores, no sabremos cuál de tantas ideas es la que no le gusta a los violentos. De antemano podemos intuír que a quienes lanzaron la bomba, lo que no les agrada es que se diga la verdad, porque eso es lo que caracteriza a las informaciones y opiniones que transmite la emisora.

¿Por qué en vez de lanzarle un niple a la emisora amparados en la obscuridad de la noche, no le solicitaron más bien un derecho a réplica?. ¿Será que no les correspondía por no haber sido ellos directamente aludidos?

Esto también hace intuír que quienes agredieron a Unión Radio cobardemente –porque no dieron la cara— no fueron mencionados en las informaciones u opiniones puestas al aire por Unión Radio, sino que lo que realmente les irrita es que exista la pluralidad del pensamiento y la libre expresión de las ideas; política periodística que se opone, o imposibilita. la consolidación de un proyecto político totalitario que desea ver suprimidas todas las informaciones y opiniones contrarias o distintas a las de los agresores.

Aunque varios calificados voceros del desgobierno chavista y de su partido político, fueron prestos en condenar el atentado (siguiendo el consejo que les dió el Secretario General de la OEA en su última visita a Venezuela), el niple lanzado contra Unión Radio, señala protuberantemente como presuntos culpables, a sus partidarios políticos.

Esta es una muy sencilla conclusión a la que se arriba, luego de conocer que no existe un sólo sector de la sociedad venezolana que esté de acuerdo con las formas –y los fondos— con los que el actual desgobierno chavista, y los otros cuatro poderes públicos nacionales fuertemente solidarios con éste último, administra los asuntos de la Nación.

Una prueba de ello, es la existencia de una institución llamada Coordinadora Democrática, que incorrectamente llamada “oposición” es más bien la legítima representación del sentir y pensar de la inmensa mayoría de los venezolanos, como lo demostró la gigantesca marcha de protesta realizada en Caracas, el pasado jueves 10 de octubre, bajo la organización de esa institución.

El niple, por otra parte, nos demuestra porqué no debe llegar a existir la Policía Nacional que ordena crear la Constitución Nacional de 1999.

Antes de este ataque con explosivos a Unión Radio, han habido numerosos otros atentados contra otros medios de comunicación Social, como los perpetrados contra los diarios El Nacional, Así Es La Noticia,El Impulso y las televisoras Globovisión, Promar Televisión y TV Guayana, sin que hasta el sol de hoy, las tres policías nacionales, que poseen (a) La responsabilidad legal, (b) los recursos logísticos, (c) los recursos financieros y (d) el personal entrenado, para conducir las investigaciones, (CICPC, Disip y DIM), hayan resuelto alguno de esos casos. Hay una excepción, el caso de Randolf Hernández, estudiante de sociología en la UCV, acción posible porque fue detenido in fraganti el 18 de septiembre de 2001 cuando transitaba cerca del diario El Nacional con explosivos caseros y otros materiales para la fabricación de bombas.

Si cada estado y cada municipio de Venezuela tuviese una policía habilitada legalmente para conducir investigaciones criminales, la historia sería distinta.

Ese deber ser uno de los objetivos principales del gobierno que herede el desastre que dejarán los comunistas que llegaron al poder escondidos detrás del disfraz de paracaidista de Hugo Chávez. Porque como vemos, a pesar de la “caída y mesa limpia” que hicieron los comunistas con la Asamblea Nacional Constituyente y la hemorragia de elecciones escrutadas por INDRA, al chavismo le resultó imposible lograr controlar a la totalidad de los gobiernos regionales y locales; es decir, quedaron abiertas, afortunadamente para los venezolanos, algunas rendijas de democracia.

Todas las policías del país deben tener las facultades legales y los recursos humanos, financieros y logísticos, para desempeñar las FUNCIONES de policía administrativa, policía general (orden público) y policía de investigaciones penales, en sus respectivas jurisdicciones, para que los gobiernos, tanto nacional, como estadales y municipales, tengan bajo su directa administración, una herramienta con la cual hacer cumplir la ley, que es la única razón por la cual existen INSTITUCIONES de policía.

En Venezuela existe una aberración policial, al haberse confundido “funciones” con “instituciones”. Cada institución de policía que exista, debe tener las facultades legales para ejercer todas las funciones policiales. Pero en nuestro país, esto no es así. Una policía investiga delitos pero no los previene. Otra policía vigila procesos administrativos, pero no penales, etc. Eso las hace a absurdamente ineficientes. Esto crea algo muy peligroso para la justicia: todos los jueces del país deben obligatoriamente apoyarse en una sóla institución de policía controlada por el gobierno nacional (El CICPC, antes PTJ).

Eso se puede corregir. Es una tarea compleja pero posible. El norte deber ser separar las competencias de cada institución policial, eminentemente por ámbito jurisdiccional, mientras que cuando los delitos abarcan dos o más jurisdicciones o traspasan las barreras internacionales, pueden ser diferenciadas las competencias, por tipo de delito, monto de los daños, etc.

Un absurdo y protuberante ejemplo, de la aberración policial existente en Venezuela, es que todas las policías municipales, estadales y metropolitanas de Venezuela TIENEN PROHIBIDO POR LEY, investigar los robos de gallinas y de licuadoras. Eso es el COTO CERRADO del CICPC. Lo que significa en la práctica, que nadie investiga esos delitos (y muchísimos otros).

Las instituciones de policía de USA divididas en federales, estadales, de condado, de ciudad, universitarias, etc., son un buen ejemplo a estudiar.