Ni se compra, ni se vende
Lejos de intentar crear un clima de paz y tranquilidad, el régimen de Maduro insiste en el espinoso camino de la confrontación, expresada en la brutal persecución e intimidación que se realiza en contra de los medios, un ejemplo, el periódico 2001, al que por cumplir con su deber de informar se le ha abierto un procedimiento dirigido por la misma Fiscal General, una amenaza que ahora se extiende a otros medios como El Universal y El Nacional que según Nicolás Maduro estarían implicados en la “guerra económica” para justificar el precio del dólar fantasma; en el acoso a los diputados de la oposición a quienes se les pretende despojar de la inmunidad inherente a su cargo que ocupan en representación del pueblo, Juan Carlos Caldera, “respetado y apreciado”, según palabras de Maduro; y, la diputado Aranguren, del Estado Monagas, representativa del numero 99; y, en el acorralamiento de que son víctimas los Gobernadores de las fuerzas democráticas; Capriles, sentenciado por el envalentonado teniente Cabello quien ha también decidido arbitraria e ilegalmente suspender el derecho de palabra de decenas de miles de electores representados por Julio Borges y Nora Bracho y Falcón quien tenía que “retractarse” en menos de 24 horas, según pedido de Maduro, grosero ultimátum express.
La intimidación en práctica por el régimen bolivariano ataca directamente a todos los venezolanos quienes resultamos objeto de abominables medidas de control: entrega de divisas en forma de dádiva; inspecciones intimidatorias en fabricas y sitios de trabajo; dificultades para la obtención de documentos; férreo control de precios y sanciones por “acaparamiento” y “especulación”, entre muchos otros, innecesarias todas, pero útiles, según ellos, para acorralarnos y mostrar que el poder rojo no cede ante encuestas ni derrotas.
Para afinar la persecución y el dominio, los “revolucionarios”, ignorando deliberadamente la Ley de 2003, promulgada por su eterno Chávez, preparan una ley habilitante que poco tiene que ver con la lucha contra la corrupción que los venezolanos exigen ahora más que nunca. El régimen prepara a la medida de la oposición un conjunto de leyes para afianzar su dominio.
El “ataque” a la corrupción que anuncia el régimen excluye actos que evidentemente constituyen delitos graves contra la cosa pública y la moral, cuya interpretación fiel pondría a más de uno vinculado a régimen, desde dentro o fuera del Ejecutivo, en serio aprietos. Los revolucionarios separan hábil y deliberadamente la “corrupción” de otras prácticas delictivas evidentes como el “tráfico de influencias”, el “soborno”, el “enriquecimiento ilícito” evidente este último por la “situación patrimonial” del investigado y por la forma de vida no cónsona con sus ingresos, simplemente, por el “incremento patrimonial desproporcionado” que no se puede justificar. También ignoran el abuso de funciones; el peculado, especialmente de uso; la concusión, cuando al funcionario público, abusando de sus funciones, constriñe o conduce a alguien a que dé o prometa, para sí mismo o para otro, una suma de dinero o cualquier otra ganancia o dádiva indebida.
Parece que a los “investigadores” y “contralores” del régimen no les interesa la Declaración Jurada del Patrimonio, común en épocas de democracia, menos aún compararla con la riqueza evidente de algunos. Tampoco ven a los funcionarios y familiares que usan los bienes públicos en forma indebida, simple peculado de uso; menos a los candidatos del PSUV que utilizan los recursos del Estado, las instituciones, los medios todos, para hacer campaña cuando la Ley contra la corrupción de 2007 señala muy claramente que no se podrán usar los recursos públicos para favorecer partidos o proyectos políticos.
Lamentablemente quienes mandan hoy en el país insisten torpemente en dividir y perseguir con el solo fin de afianzarse en el poder, fundándose en la destrucción del país y de las instituciones y del empobrecimiento de los venezolanos. Pero en vano, como lo veremos el 8D, otra fecha memorable en este proceso, cuando agotados por las falsas promesas y el fracaso de un régimen corrupto, entre colas humillantes para abastecerse y sobrevivir, como en tristes periodos de postguerra superados en otras partes, los venezolanos castigaremos a los candidatos impuestos por la cúpula roja y confirmaremos que la dignidad ni se compra ni se vende.
