Más policías ni depuraciones son suficientes

Recientemente fue comentado por la prensa estadounidense que la ciudad de Nueva York; en 2009, se encaminaba hacia una nueva reducción de la tasa de homicidios anuales—delito que ha venido declinando constantemente desde 1994, cuando William Bratton fue designado Comisionado de Policía de esa ciudad (la más alta autoridad policial, dependiente del Alcalde Rudolph Guliani)—y les fijó a sus funcionarios la meta de reducir los homicidios drásticamente—algo que todos sus subordinados; incluyendo a todos los más expertos y experimentados jefes policiales, consideraban “imposible”.

Sin embargo la “imposible” meta que les fijó Bratton a sus subordinados no sólo fue lograda, sino superada ese año—y todos los años subsiguientes hasta el presente; aunque Bratton ya no trabaja para la ciudad de Nueva York, sino para la ciudad de Los Angeles, donde ha logrado éxitos similares—que han sido imitados por muchas otras ciudades estadounidenses con similares éxitos contra el delito.

¿Cómo logró Bratton lo “imposible” contra el delito?; simple: poniendo en práctica los conocimientos científicos de George L. Kelling y Catherine Coles, expuestos en su libro de 1996 sobre criminalística y sociología urbana, titulado: Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime in Our Communities [Reparando Ventanas Rotas: Restaurando el Orden y Reduciendo el Delito en nuestras Comunidades], un resumen del cual fue previamente publicado en marzo de 1982 en la revista The Atlantic, por sus autores George L. Kelling y James Q. Wilson [ver:http://www.theatlantic.com/doc/198203/broken-windows ].

Por las razones mencionadas arriba fue que el Alcalde Metropolitano de Caracas; Alfredo Peña, contrató en los años 2000 y 2001, a William Bratton, para que aplicase en la capital de Venezuela sus anteriores éxitos contra el delito.

Pero el Alcalde Peña y Mister Bratton no lograron el éxito buscado.

¿Por qué?

Porque nuestro código penal es tan primitivo y obsoleto; que aún después de ser reformado mediante la Gaceta Oficial 38.148 del 16 de marzo de 2005, aún mantiene en vigencia el siguiente artículo:

Artículo 422. Los tribunales estimarán como motivo de atenuación en los juicios por muerte o lesiones corporales, el haberse causado los hechos en duelo regular. En este caso podrá rebajarse de una a dos terceras partes la pena correspondiente al hecho punible; y a los testigos se les aplicará una pena igual a la que se imponga al matador o heridor, disminuida en la mitad.

Es decir, que en 2009, todavía es legal en Venezuela abofetear—en privado o en público—a un rival con un guante y exigirle que escojan juntos las armas y los padrinos, para, en fecha y hora predeterminadas, lavar con sangre, la supuesta ofensa al honor de una persona; es decir, Venezuela aún no ha salido de la Edad Media—y las familias de los homicidas o hallados culpables de lesiones personales, festejarán y apoyarán a su familiar mientras cumple su condena (si alguna vez es sentenciado), por haber lavado el honor de la familia, con sangre.

El “ultra moderno” COPP (Código Orgánico Procesal Penal]—reformado numerosas veces después de su puesta en vigencia, fue una desquiciada decisión política de implementar en Venezuela el sistema de justicia anglosajón—fundamentado en la Common Law (La Ley de la Costumbre) y no en el Derecho Romano y los Códigos Napoleónicos en los que se fundamentan las leyes venezolanas, y previsiblemente profundizó la ineficiencia, el desorden y el caos existente desde hace siglos en nuestro sistema de justicia.

En tercer lugar; pero no por ello menos importante, porque nuestros juristas y criminólogos son seguidores de John Locke—quien dijo muy equivocadamente que el hombre es bueno y es corrompido por la sociedad—y se rehúsan a seguir a Rousseau—quien dijo muy acertadamente que el hombre es malo y la sociedad lo corrige.

Por ello en nuestro país aún se cree muy erróneamente que el delincuente puede ser reeducado y reinsertado en la sociedad para que se comporte como un buen ciudadano—algo que ha sido desmentido desde siempre por la reincidencia delictiva y que adicionalmente nunca podrá ser siquiera intentada en Venezuela antes de que nuestras  mazmorras medievales sean convertidas en cárceles y prisiones modernas.

En cuarto lugar, porque algunos “políticos, juristas y criminólogos superdotados” confundieron las técnicas pedagógicas utilizadas para enseñar ciencias y técnicas policiales con tipos de instituciones policiales, y por ello—por mandato legal—las funciones de policía administrativa, preventiva y de investigación; que debería estar obligada legalmente a desempeñar toda institución policial—desde la policía escolar hasta la anti extorsión y secuestro, están separadas en diferentes instituciones que se pelean entre sí constantemente, para “llevarse la gloria” de resolver los casos delictivos que producen los mayores titulares de prensa.

Y finalmente, porque, tanto los ciudadanos comunes como los policías, creen que las armas de fuego—y de otro tipo—con las que los dotan los gobiernos son para cazar delincuentes—y no para su legítima defensa, como establecen las leyes venezolanas y el sentido común de todo ser humano civilizado—y esta confusión hace que numerosos de nuestros funcionarios policiales (de todas las diferentes instituciones) padezcan de “síndromes” de Robocop, Terminator, Rambo; etc., y les exijan a sus jefes armas de fuego cada vez más letales—no pocas de las cuales terminan en las manos de los delincuentes.

En un ambiente jurídico, político y social como el que he descrito arriba, no es posible que los conocimientos científicos sobre ciencias y técnicas policiales, funcionen—y ni siquiera un mesías salvador podrá ponerle coto a la inseguridad personal y patrimonial en Venezuela, mientras nuestras universidades y partidos políticos no produzcan abogados, policías, legisladores y jueces que realmente dominen los conocimientos científicos sobre las más actualizadas tecnologías y ciencias anti delictivas.