Manifiesto por la participación y la unidad nacional inclusiva

 No cabe duda, y nadie en Venezuela lo niega, que nuestra sociedad atraviesa una severa y aguda crisis. Esta se manifiesta en su economía, con alta inflación, subempleo y decrecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB); en su sistema político autocrático-militarista; en los servicios públicos como salud, educación y hasta agua y electricidad; en el severo problema de inseguridad con más de 15.000 asesinatos en 2009 y todo tipo de delitos contra las personas, la propiedad privada y los recursos públicos; en sus modos de convivencia y, especialmente, en su cultura, incluida la ética colectiva. En esta última, la crisis se expresa mediante la pérdida de la creencia común en la existencia de valores compartidos, esto es: en un estado de anomia. Sus raíces están principalmente en la regresión de los principios democráticos en las últimas dos décadas del siglo pasado, y, en lo que va del siglo actual, por un régimen autocrático con características crecientemente totalitarias.

Antes de describir y analizar las consecuencias de esta crisis, vale la pena aclarar lo que entendemos por este concepto. Aceptamos la definición que el Grupo Internacional del Análisis del Sistema-Mundo ha propuesto y maneja: “Una crisis es un periodo de duración variable en el que el cúmulo de contradicciones y conflictos es mayor que la fuerza de los mecanismos socio-institucionales para domesticarlos.” Entre estos mecanismos están las políticas macroeconómicas, las sociales y los acuerdos en torno a las formas de convivencia y coherencia sociales. En otras palabras, una crisis es siempre política en su esencia, en el sentido de que involucra las acciones y omisiones de los miembros de una sociedad, entendida como el binomio de sociedad civil y sociedad política.

En nuestro país, la crisis se ha agudizado en los últimos tres a cuatro años, en la medida en que el Presidente de la Republica ha radicalizado su proyecto de imponer a los venezolanos un modelo societal totalmente contrario al democrático-liberal que había prevalecido durante los 40 años desde el derrocamiento de la ultima dictadura militar en 1958 hasta su juramentación en 1999, con sus deficiencias y su ya mencionada regresión en los últimos 20 años.

En la medida en que dicha radicalización avanzó, con su conocida mezcla de leyes, gobernalizaciones[1] de empresas y tierras privadas, restricciones a las libertades de pensamiento y de expresión, una creciente represión de las protestas y, no en último lugar, la construcción de la “hegemonía comunicacional”, ha crecido la resistencia en amplios sectores sociales, política y partidistamente organizados o no, incluso en círculos tradicionalmente cercanos al “chavismo”. Ello se ha expresado, por ejemplo, en la negación masiva de la mal llamada Reforma Constitucional del 2 de Diciembre de 2007 y la conquista de amplios espacios en las elecciones regionales y municipales del 23 de Noviembre de 2008.

Es esta la faz de la crisis en el sentido antes mencionado: el aumento de las contradicciones y los conflictos en circunstancias del debilitamiento de los mecanismos socio-institucionales para frenarlo o domesticarlo.

En los últimos tiempos, especialmente después del Referéndum del 15 de Febrero de 2009 y el anuncio por el Presidente, habilitado desde hace 18 meses, de los 26 “decretos con rango y fuerza de ley” a finales de Julio del mismo año, factores de la Alternativa Democrática[2] empiezan seriamente a organizarse. Los partidos políticos, uno de sus actores importantes, constituyen la Mesa de la Unidad Democrática, una coalición que intenta diseñar políticas enfrentadas a las del gobierno de la “Revolución bolivariana-marxista” de Hugo Chávez Frías.

Previo a este hecho, los estudiantes universitarios habían organizado protestas, en mayo y junio de 2007, contra la liquidación de la concesión de RCTV. Simultáneamente, las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) intensifican su labor de resistencia, al igual que otras Asociaciones Civiles, algunos Colegios Profesionales y las Universidades Nacionales, aunado a un valiente concurso de algunas universidades privadas. El reciente documento público de la Asociación de Rectores Universitarios (AVERU) traduce de manera firme y contundente la voz universitaria en franca oposición a las políticas y estrategias totalitarias del Presidente Chávez. También es menester mencionar las organizaciones de las mujeres. Estos movimientos, a veces conjuntamente con los partidos políticos, organizan numerosas marchas y demostraciones, muchas de las cuales son fuertemente reprimidas por los “Organismos de Seguridad del Estado”, todos ellos “asesorados” por agentes cubanos.     

Lo anterior, y muy especialmente los dos últimos párrafos, no es más que la introducción a unas interrogantes que queremos plantear para contribuir a promover y reforzar los factores de la unidad de la Alternativa Democrática.

1. La composición de la Mesa de Unidad Democratica esta formada básicamente por los partidos políticos, incluyendo sus voceros (de los cuales no sabemos si son también sus pensadores). Compartimos el criterio de que los partidos son esenciales para el funcionamiento de una democracia madura. Pero creemos que la Sociedad Civil organizada debe tener un papel importante en las decisiones y demás trabajos de la Mesa de Unidad, por ejemplo en la selección de candidatos para las elecciones legislativas del 26 de Septiembre, la elaboración de agendas legislativas para después de esa fecha y el diseño del proyecto del diseño de país que todos queremos.
2. Este planteamiento tiene como trasfondo el hecho de que la gran mayoría del pueblo venezolano no milita ni tiene deseos de afiliarse a los partidos – nos permitimos remitir a los que lean este Manifiesto a las más recientes encuestas. Ello se debe, a nuestro modo de ver, a la percepción de muchos de nuestros conciudadanos sobre el carácter “cogollérico” de los mismos y, de los más inteligentes, sobre su parte en la regresión democrática antes mencionada. Para reconquistar la democracia, deberíamos exigirles a los partidos que se reformen democráticamente y se constituyan en organizaciones en las que nuevos líderes tengan la posibilidad de emerger y actuar, incluso personas que no pertenecen a ningún partido.
3. No estamos de acuerdo ni con el término de Ni-Ni ni con la suposición de que los que así son designados no tengan opiniones y deseos de cambio. Nos parece que la Mesa de Unidad debería hacer un trabajo serio hacia este sector de nuestra sociedad.
4. Pensamos que la Mesa de Unidad Democratica debería incluir, y colaborar estrechamente con, los estudiantes universitarios y demás miembros de las Universidades nacionales y privadas. Las Universidades pueden hacer contribuciones substanciales a la elaboración de la agenda de la Mesa de Unidad, particularmente en lo que se refiere a la legislativa y en lo concerniente al diseño de la Venezuela que queremos.

En resumen, nuestras inquietudes apuntan a la necesidad de crear una unidad nacional inclusiva, no una en las que algunos actores, en este caso los partidos políticos, ejerzan una hegemonía que tiende a la exclusión de gran parte de la sociedad civil organizada y, por ende, de muchos venezolanos. Esta necesidad debería ser tópico de una discusión franca, pública y sin cortapisas de ninguna índole. Pensamos que solamente de esta manera se establece esta unidad nacional inclusiva, la cual se reflejará sin duda en los resultados de las elecciones parlamentarias y se proyectará, plural y dinámica, hacia el futuro.

La sociedad civil venezolana organizada ha asumido, en varios momentos históricos de su evolución, retos y riesgos y ha construido propuestas y ejecutado acciones concretas, muchas de ellas apuntalando las acciones de la sociedad política.

Una vez que se concreten los acuerdos antes enunciados entre los distintos sectores de las sociedades política y civil venezolana, solicitaremos a las autoridades rectorales de la Universidad Central de Venezuela el poder reunirnos en el Aula Magna, excepcional sitio de una primera discusión, cuyos ponentes y moderadores serian seleccionados de común acuerdo entre todos los integrantes de la Mesa de Unidad, tanto de los partidos políticos como de las organizaciones de la sociedad civil. Posteriormente haríamos eventos similares en otras universidades de la capital y de las ciudades del interior, después en barrios populares y urbanizaciones y así sucesivamente. Porque pensamos que la discusión en torno a la unidad nacional inclusiva es un desafío de toda la sociedad venezolana, con miras a lograr vencer los múltiples obstáculos que puedan presentarse en la elecciones parlamentarias del 26 de Septiembre de este año, tan decisivas para el futuro de la nación.

[1] Preferimos este termino en vez de “estatizaciones”, puesto que la toma de empresas y tierras no favorece al Estado cual comunidad de los ciudadanos sino exclusivamente al Presidente Chávez y sus allegados.

[2] Preferimos esta denominación a la de “oposición”. Este termino pertenece al lenguaje de la democracia, pues la relación del gobierno y la oposición implica la negociación sobre las políticas a emplear y eventuales acuerdos en aspectos de la mayor importancia para la Comunidad Política de una sociedad.