Mancha Roja
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La prensa del pasado domingo, da cuenta de un hecho grave de contaminación ambiental (otro más), en el que por segunda vez en el año aparece una mancha roja, sumamente llamativa en nuestro soberbio rio Orinoco. Como en oportunidades anteriores, la desidia de las autoridades ambientales y la falta de controles que deben ejercer los organismos competentes, por mandato de la Constitución y la ley.
Casos emblemáticos como la lemna (lenteja de agua), que todavía está presente en nuestro querido lago de Maracaibo o la Bora que igualmente flota sobre un importante embalse como La Mariposa, que permite el abastecimiento de agua a un buen número de venezolanos, aún no han sido resueltos, a pesar de las advertencias y recomendaciones de expertos y vecinos conocedores del problema y preocupados por él.
Hoy parece que estamos en estamos en presencia de una descarga de aguas no tratadas sobre el Orinoco, cuando normas como la Ley Penal del Ambiente y las Normas Técnicas para el Control de las Descargas de Efluentes Líquidos establecen no solos los límites de elementos contaminantes que pueden descargarse a un río, sino las potestades de de control para los organismos públicos, que a todas luces no han sido ejecutadas. Se dice en la información de la prensa escrita que pudieran tener alguna responsabilidad en lo rojo del agua, importantes básicas de Guayana, en las cuales también el Estado venezolano es el dueño del capital.
Y por si la mancha no fuera suficiente, nos indica la reseña que se encontraron “algunos peces muertos, rodeados de un vertido de color verdoso con aspecto baboso”. Los indicios del color rojizo parecen indicar que pudieran ser aguas residuales propias de desechos de bauxita, con la cual se procesa este mineral en empresas del estado como CVG Bauxilum.
Esto nos lleva a pensar que la responsabilidad es doble. La Constitución de la
República Bolivariana indica que es un deber del Estado proteger el ambiente y en su enumeración nos incluye las aguas, por lo que no tiene ninguna justificación que la degradación ambiental se causada por entidades manejadas por el mismo Estado.
¿Con que autoridad entonces el estado le va exigir a los ciudadanos y sobre todo a los empresarios que respeten la normativa ambiental?
Nuevamente exigimos como ciudadanos al Gobierno que tome las acciones necesarias para detener la contaminación del Río Orinoco los por efluentes contaminantes y pedimos que el Gobierno Nacional le haga frente a esta situación, para que de acuerdo a las mejores prácticas, proceda al saneamiento del río, y que además ejerza sus potestades de control sobre las descargas contaminantes. Exigimos también que la Fiscalía inicie una investigación, de acuerdo con la Ley Penal del Ambiente y que la Asamblea Nacional interpele con seriedad a la Ministro del Ambiente, a fin de que rinda cuentas al país.
