Maisanta de nuevo en Barinas

Todo estaba fríamente calculado: el Tribunal Supremo de Justicia de vacaciones y, por lo tanto, inhabilitado para resolver el recurso de amparo que los afectados introducirían; el país semi anestesiado por el asueto escolar; la oposición enfrascada en el debate sobre la conformación de las planchas unitarias para encarar con un poquito de mayor fortaleza las elecciones de diciembre, cuidadosamente preparadas por el ministerio de asuntos electorales que preside el psiquiatra Rodríguez. En este cuadro, zass, se produjo el zarpazo: Hugo Chávez, según palabras del ministro de Agricultura y Tierras, Antonio Albarrán, ordenó intervenir el hato La Marqueseña, la fábrica de enlatados Alimentos Heinz, los silos de la agroindustria Promabasa, propiedad de Polar, y el matadero industrial Fribarsa. De esta forma responde el comandante al llamado al diálogo formulado por Fedecámaras a través de su presidente, José Luis Betancourt. Después el Gobierno considera una calumnia que el Índice Mundial de Libertad Económica, elaborado anualmente por el prestigiosos Instituto Fraser de Canadá, coloque a Venezuela en el lugar 124 de la tabla, el mismo de la República Democrática del Congo, y sólo por encima de Zimbabwe, Myanmar (Birmania) y Burundi, todos países muy pobres sometidos a crueles regímenes despóticos. Estas intervenciones -que se mueven entre la expropiación y la confiscación, pues no se sabe a ciencia cierta si el Estado indemnizará a sus legítimos propietarios o simplemente se adueñará a la brava de esos bienes- forman parte de esa novela cuyos capítulos anteriores tratan de la invasión impune de edificios en distintas zonas de Caracas, la toma de haciendas y fundos en varios estados, intervenciones de los hatos Charcote y Piñero y la expropiación de industrias como Venezolana de Papel (Venepal).

El socialismo del siglo XXI necesita reubicar el lugar y significado de la propiedad privada. Una de las líneas maestras del proyecto hegemónico chavista pasa por allí: nadie puede estar seguro de lo que hasta ahora ha detentado. La posesión de un determinado bien no necesariamente significa su propiedad. La propiedad -aunque se deriva de la propia naturaleza humana, así como el intercambio comercial o la división del trabajo- la preserva el sistema judicial. Es, en consecuencia, un fenómeno de naturaleza jurídica. Si no existe un Estado de Derecho que la garantice, la propiedad privada desaparece o es sometida a tantos ataques que se debilita al extremo. En Venezuela estamos de vuelta a medioevo, cuando los siervos de la gleba tenían la posesión de la tierra y los instrumentos de labranza, pero la propiedad pertenecía al señor feudal.

Formalmente la propiedad está garantizada en la Constitución, artículo 115. La presencia de Venezuela en la Comunidad Andina de Naciones y en MERCOSUR, así como la búsqueda de aliados para el ALBA, permiten pensar que el Gobierno no abolirá este principio. El revuelo que causaría entre los aliados, reales o potenciales, sería tan grande que Chávez difícilmente escogerá este peligroso atajo. Sin embargo, lo que sí le atrae, y donde actúa como un Alfred Hitchock, es crear suspenso. Incertidumbre constituye la clave de su juego. Ya apareció el doctor Isaías Rodríguez, quien salió de la vicepresidencia de la Republica a la Fiscalía General, con un retorcido argumento jurídico en el que antepone el “interés general” al “interés particular”. La violación de la Constitución se “justificaría”, según el refinado abogado, porque el Estado debe velar por los supremos intereses de la nación, entre los cuales sobresale la condición de los más pobres. En el caso de La Marqueseña, ahora se descubre que como parte de esos “supremos intereses” se encuentra el hecho de que Pedro Pérez Delgado, Maisanta, bisabuelo del teniente coronel que despacha desde Miraflores, de acuerdo con la confesión que éste le hiciera a Agustín Blanco Muñoz, era el auténtico propietario de esas fecundas tierras. Se trata de una reivindicación familiar y de un reencuentro con el antepasado al que el bisnieto tanto admira. El episodio con los silos de la Polar fue de lo más pintoresco. El ministerio de Agricultura y Tierras y el Instituto Nacional de Tierras (INTI) por un lado dicen que en los silos las condiciones de trabajo son infrahumanas y dantescas; por el otro, los trabajadores declaran que se encuentran de maravilla y que lo mejor que el Gobierno puede hacer por ellos es dejarlos trabajar tranquilos. De nuevo a los subalternos se les ve la costura.

No puede ser de otro modo. El propósito de Chávez y su socialismo del siglo XXI consiste en crear la sensación de que el país entero, incluidos sus gentes y los bienes muebles e inmuebles, le pertenecen. Se encuentran bajo su total custodia. Si concede islas de libertad para que prospere la iniciativa privada es porque su generosidad carece de límites. Además, hay que cubrir ciertas formas para que las sanciones de la comunidad no se desaten y para que los amigos internacionales no se alejen. No obstante, hay que introducir agentes patógenos como el miedo en todos los poros de la sociedad, tal como logró hacerlo Fidel a comienzos de la revolución en Cuba. Para eso cuenta con el control del Poder Judicial. Se puede anticipar que, con casi absoluta seguridad, el fallo del TSJ será favorable al Gobierno cuando conozca el caso de La Marqueseña. Ya las líneas maestras las trazó Isaías. Las expropiaciones y confiscaciones forman parte del proceso revolucionario del que es tan devoto el presidente del máximo Tribunal, Omar Mora Díaz. Sin embargo, Chávez dirá que el socialismo del siglo XXI protege la propiedad, no esa que el mundo occidental conoce desde hace cinco siglo, y que soltó las amarras para que la humanidad saliera del atraso medieval y despegará hacia los niveles de bienestar y prosperidad que las naciones más modernas del planeta disfrutan, sino otra, muy bolivariana, muy chavista y muy retrógrada, que permite que un pequeño grupo de incondicionales del régimen autoritario se conviertan en amos y señores de la nación.

Con el socialismo del siglo XXI estamos viviendo los episodios de abigeato, abusos y tropelías que de forma brillante describe José León Tapia en su impactante Tierra de marqueses, cuya trama también transcurre en Barinas.