Opinión Nacional

Los restos de la antipolítica

Indistintamente de los sectores denunciantes, la posibilidad y existencia de una agenda oculta –suma de todos los eufemismos- retorna como hábito. Una contribución incuestionable de la Coordinadora Democrática ha sido la de limitarla, intentando un debate que enriquezca el aprendizaje cívico alcanzado y de tan importantes consecuencias para el futuro.

El golpe de Estado opera como un mito formidable del gobierno para (intentar) ocultar el asedio de la protesta masiva, pacífica e institucional, sorprendiéndolo e ironizándolo simultáneamente. Ella ha escapado de los iniciales esquemas defensivos, perplejizándolo, al igual que ha revelado la desnudez doctrinaria del oficialismo, cuyo instinto de supervivencia apela a un maquiavelismo que tampoco logra asimilar y comprender sin traicionar los supuestos proclamados desde el proceso constituyente (1), otro ingrediente inevitable desencanto de sus seguidores.

De acuerdo al discurso gubernamental, ya no es posible distinguir entre golpismo virtuoso y vicioso, así empleé el término “rebelión”, ya que –por una parte- los indicadores sociales y económicos actuales son considerablemente peores que los de 1992, y –por otra- los motivos y procedimientos por entonces esgrimidos resultan evidentemente contrastantes. No sólo nos referimos a la corrupción administrativa, sino a la denuncia de un magnicidio que anteriormente gozaba de justificación como herramienta de superación de la crisis.

Además, la suposición de un golpe de Estado se ofrece como una obvia maniobra de distracción, cuyo efecto –indeseado- es el de aligerar y debilitar los referentes, por ausencia de los elementos de prueba concretos e incontrovertibles, excepto se trate de los sucesos del 11 de Abril de 2002. La calculada tardanza en declarar el estado de excepción, inexorable aporte a la regularización del conflicto al propiciar el posterior debate en el seno de la Asamblea Nacional, responde a la necesidad de provocarlo y de mantenerlo –en lo posible- fuera del marco constitucional.

Lo anterior dice actualizar el fenómeno de la antipolítica en su fase tardía, si es posible periodizarla cuando culmina, está y se realiza en el poder. A pesar de creerla agotada, incluso temáticamente, sugiere un incremento inadvertido del costo político de las decisiones adoptadas, un crecimiento superior de la economía informal y un apego inusitado –como contradictorio- a los tradicionales símbolos del Estado.

La práctica genera una pérdida del sentido de responsabilidad y, por añadidura, responsabilidad histórica; apuesta a una determinada estética de las acciones callejeras; y obstaculiza todo esfuerzo organizado, transparente y participado para encarar los retos del presente y del porvenir. Propios y extraños se encuentran prontamente condicionados, lo que fuerza a una reflexión en torno a la urgente innovación de la naturaleza y alcances de lo público y de lo político.

Las trampas de la supervivencia

El constante empeño de victimizarse ante una oposición capaz de emplear todos los medios posibles para derrocarlo, prohibitivos para el gobierno, ha ganado la condescendencia de sus sufragantes originales. No obstante, jamás ha habido una definición sustentable de lo que entiende por oposición, desconcertando a las propias filas del oficialismo, y, a cuatro años de gestión, comienza a correr el velo que ocultó la incapacidad de gobernar.

En efecto, a juzgar por el último mensaje presidencial dirigido a la Asamblea Nacional, Hugo Chávez saludó las conversaciones que sostuvo con importantes voceros de la oposición, otrora figuras fuertemente estigmatizadas. Al darle “gusto (de) estrecharle su mano y conocerlo personalmente” , en el caso de Eduardo Fernández, reclamó la necesidad de una “dirigencia seria de oposición”, pero –al recordar sus posturas persistentes frente a las iniciativas opositoras rigurosamente constitucionales- dudamos que deseé una “oposición racional verdaderamente democrática” que “acepte las reglas de juego” (2), tanto porque ha liquidado inclementemente cualquier síntoma de disidencia entre aquellos partidos y personalidades que formaron parte del antiguo Polo Patriótico, como por el sistemático amedrentamiento y la cada vez más abierta persecución de los que, desde sus inicios, lo adversan.

Hay una neurosis discursiva en Chávez, dado a la improvisación –sobre todo dominical- que no es posible sostener en el tiempo. A los obsecuentes integrantes de los círculos dizque bolivarianos, ya no les bastará el estigma hecho consigna cuando cada vez menos es suficiente la contraprestación recibida por sus labores de defensa, mientras que abundan las denuncias de corrupción, amén de la pérdida elocuente de la calle que los lleva a arriesgar demasiado, salvo que –en definitiva- se especialicen en reyertas y escaramuzas como un paso previo a la supuesta guerra civil que también les dará alcance.

Lo más importante, al agudizarse el drama de la pobreza, el hambre y el desempleo, la versión oficial tiende a subestimar la complejidad de lo que acontece, privilegiado un relato trivial y maniqueo que celebra la marcialidad de un eructo. Al parafrasear un viejo artículo de Joseph Ramoneda – “Democracia auscultativa” – el gobierno entiende la política como la prolongación del béisbol por otros medios (3).

No esperamos demasiado para descubrir el elevado costo político de sus iniciativas, pues, procurando transferirlo a sus opositores, la realidad marca su pauta: los entendidos ya advierten las consecuencias del fracaso de las políticas implementadas a lo largo de cuatro años, anteriores al paro cívico nacional. Detrás del lenguaje trivial, se encuentran los incrementos impositivos, por ejemplo, y el aprendizaje de supervivencia que es el del poder en el poder mismo, tiende inevitablemente sus trampas.

La precaria sustentación social

Llama poderosamente la atención el aparente apoyo con el que ha contado el gobierno en el ramo de la buhonería, cuyo incremento no sólo se debe al fracaso de las políticas sociales y económicas implementadas, sino a la propia tolerancia que ha dispensado frente a su alarmante extensión. Hasta finales de 2001 y principios de 2002, el régimen asumió la conocida conducta de vacilación y diferimiento del problema, y, luego de incumplidas las promesas de reubicación, movilizado violentamente el sector, lo ha aceptado considerando las ventajas que prodiga en su defensa.

Pudiera aseverarse que la antipolítica y su “desarrollo en el poder”, encuentran en la economía informal un elemento valioso de sustentación, aunque precario cuando hablamos de lumpenproletariado. Por ello, debemos contextualizarla en el mesianismo, el neopopulismo, la democracia plebiscitaria y el autoritarismo, esencialmente porque no significa una liberación de los moldes industrialistas y del paternalismo de Estado. Al contrario, crece en el marco de un novedoso asistencialismo, actuando con toda la permisividad que puede brindarle el gobierno, donde suele imponerse la ley del más fuerte en lugar del –teóricamente- más necesitado, en los espacios urbanos y estratégico que ocupa (4).

A la defensa del régimen podemos incluir el modo violento de actuación de los sectores que lo han favorecido, contribuyendo a radicalizar –ésta vez- la informalización de la política. Santuarios como el de La Campiña, en Caracas, ilustran bien el escenario.

Aferramiento estatal

Al fallar la legitimidad, el gobierno se apega fuertemente a la legalidad: apela a la variable del poder público (recurso a la coerción/coacción), más aún cuando son tan profundas las consecuencias derivadas de El Firmazo. Y es que, lo curioso, en momentos de peligros significativos, entiende el derecho y el Estado como absoluta realidad jurídica y poco importa que la norma de la que reclama tanta preeminencia tenga por origen el antiguo régimen, como ocurrió al invocar la prohibición de protestar en las adyacencias del palacio de Miraflores.

Puede –y lo hace- violar la Constitución, pero aguza la responsabilidad punitiva del Estado y enfatiza el monopolio de la violencia al tratarse de los opositores. Hablamos de la dimensión coactiva de la revolución que dispone de armas, tanques y cañones, y -exclusivamente- de la Constitución, pues, en última instancia, la autocracia y la democracia son igualmente regímenes constitucionales.

Las pretendidas transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales no remiten –como sugirió François Furet, sobre la revolución- a una liberación del pensamiento colectivo, autorizando a una sociología de la producción y consumo de las ideas, sino a una realidad de Estado, ya que: “…Puede construir hospitales y atender a los enfermos, crear escuelas y prodigar la enseñanza, explotar ferrocarriles, etc. Pero aun en este caso, son normas coactivas generales e individuales las que garantizan la conducta deseada. La particularidad consiste en que dicha conducta es el deber de los órganos profesionales, establecidos para ejercer esa actividad, pagados del presupuesto del Estado” (5).

Ahora bien, el partido revolucionario no es otro que el Estado: fusión encarnada en quien ejerce su jefatura. Niega claves distintas de organización, transparencia y participación a las que concede el aparato militar, policial, administrativo y logístico del Estado, jerarquizada cualquier banalidad. La plebiscitación luce como el recurso por excelencia para encausar a sus seguidores, reacio a la conformación de un partido que lo haga, aún cuando existen exigencias constitucionales en la materia.

Por consiguiente, sin el Estado, los símbolos y recursos que facilita, no se entiende lo que se ha dado en llamar el “chavismo”, al menos, en su vertiente antipolítica, pues, la otra, la vertiente política, desde hace un buen tiempo está en oposición. La sola presunción de un golpe dispara un poderoso resorte para sacarlo –a uno- del amodorramiento, mientras –al otro- se ofrece como otra ocasión para el aprendizaje.

Notas:

1. Arcos Rivas, Arleison. (%=Link(«http://www.geocities.com/arleison/Maquia.htm»,»El asunto de la razón de Estado en el Príncipe de Maquiavelo»)%) .
2. Chávez Frías, Hugo. “Mensaje anual presidencial del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías”. (%=Link(«http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/discursos.asp?pos=1&id=8″,»Asamblea Nacional. Caracas, sesión extraordinaria del 17 de Enero de 2003»)%)
3. (%=Link(«http://www.elpais.es/p/d/19980528/opinion/ramoneda.htm»,»www.elpais.es/»)%)
4. Vid. Petrash, Vilma. “La sociedad civil y el peligro de la antipolítica”. Diario “El Globo”. Caracas, 6 de Diciembre de 1995. Cfr. Rivas Leone, J. A. “Antipolítica y nuevos actores en Venezuela”, en: Ramos Jiménez, Alfredo. “La transición venezolana. Aproximación al fenómeno Chávez”. Centro de Políticas Comparadas (ULA). Mérida. 2002, pp. 241-268; y (%=Link(«http://www.diba.es/icps/working_papers/docs/wp202.PDF»,»Transformaciones y crisis de los partidos políticos. La nueva configuración del sistema de partidos en Venezuela»)%). Puede (%=Link(«http://usuarios.lycos.es/antipolitica/html/capitulo_v.html»,»consultarse también»)%), a propósito del seminario internacional realizado sobre el tema, en Caracas, por 1997.
5. Kelsen, Hans. “Teoría general del Estado”. Editora Nacional. México. 1973, p. 312.

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