Los dislates del chavismo
En estos días figuras “destacadas” del chavismo, tratando de ser más chavistas que su preboste, han lanzado una serie de iniciativas que no merecen otro calificativo que el de risibles por ridículas, chambonas y hasta pueriles.
El Ex-Canciller y Ex–Vicepresidente José Vicente Rangel afirma que los medios internacionales han creado un “cerco” contra el teniente coronel presidente y que eso es parte de una conspiración contra la revolución comunista del siglo XXI, promovida por el “imperio” en combinación con la disidencia venezolana.
Quisiera la oposición tener tanto peso y tanta influencia -y tanto dinero- como para movilizar a esos gobiernos y periódicos extranjeros y a esas instituciones que en estos últimos días han denunciado las graves y persistentes violaciones de los derechos humanos, el creciente deterioro de la democracia en el país, la implantación de un régimen dictatorial, el incremento del tránsito de droga a través del territorio venezolano, la colaboración cómplice con organizaciones terroristas como las FARC, ETA y el Hezbolah.
Como periodista que es, JVR sabe perfectamente que ese cerco, si es que de eso se trata, se lo ha creado el mismo inquilino de Miraflores. Todos los millones de dólares que ha gastado en comprar articulistas, pagar lobistas, y sobornar artistas y cineastas para que produzcan documentales y películas exaltando su megalomanía no le han servido de nada porque a esta altura el mundo más allá de nuestras fronteras –ya era hora- sabe perfectamente quién es y qué persigue el personaje que gobierna este país.
La Defensora del Pueblo ha propuesto crear una nueva instancia interamericana de derechos humanos. Dice que “desconoce” a la actual CIDH porque en su opinión está politizada y debe ser sustituida por “un nuevo organismo imparcial”. ¿Qué puede ella hablar de imparcialidad cuando en lugar de ejercer la sagrada función para la cual fue designada se dedica a defender al gobierno y todos los atropellos que comete contra la ciudadanía?
La fiscala generala (uno de los más importantes logros de la revolución comunista del siglo XXI es que la igualdad de género obliga a aplicar el femenino a todo los cargos públicos), ha solicitado la extradición del Ex–Presidente Carlos Andrés Pérez por los sucesos del “Caracazo” ocurridos en febrero de 1989. En un programa de radio la funcionaria dijo que esa solicitud no se había planteado antes porque estaban “revisando” si Venezuela tiene un tratado de extradición con el país donde se encuentra actualmente el Ex–Presidente. ¡O sea que han pasado 10 años tratando de averiguar si hay un tratado de extradición con los Estados Unidos!
A esa trastada respondió oportuna y acertadamente CAP anunciando que es él quien demandará al teniente coronel presidente por el delito de magnicidio frustrado en el cual incurrió durante el fracasado golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. El Ex-Presidente inculpa a la Fiscalía General y a la Defensoría del Pueblo porque no han tomado acción en el caso del intento de asesinato de que fueron objeto él y su familia por orden del cabecilla de aquel acto insurreccional.
Otro disparate lo escuchamos a raíz del embrollo que ha desatado la revelación de la conexión Chávez-ETA- FARC que se ventila en la Audiencia Nacional Española y la presunta colaboración del teniente coronel con las FARC y la ETA, que contemplaba planes para asesinar al Ex – Presidente Andrés Pastrana, al Presidente Álvaro Uribe y a otras personalidades colombianas entre ellas la Ex –Embajadora de Colombia en Venezuela y actual Embajadora en España, Noemí Sanín.
Definitivamente, los despropósitos brotan de boca de todas las “eminencias” del régimen. Un “destacado jurista del proceso”, y además diputado en la Asamblea Nacional, ha dicho que en vista de la investigación que adelanta el más alto tribunal español, Venezuela debería demandar a la Corona Española por el “crimen de lesa humanidad” cometido durante la Conquista que acarreó, según él, la muerte de cien millones de indígenas.
Como una bufonada merece ser respondida con otra bufonada pienso que la Corona española podría demandar a Venezuela, y de manera particular a su actual gobernante quien se considera Simón Bolívar reencarnado, por el delito de genocidio cometido el Libertador con la aplicación del Decreto de Guerra a Muerte de 1813 que explícitamente dispuso pasar por las armas todos los españoles y canarios que se encontraran en el territorio venezolano.
