Lo transitorio es lo permanente
Parece un contrasentido, pero es así. Después de escuchar al jefe del Estado con motivo del relanzamiento de su programa radial Aló, Presidente donde desarrolló la peregrina tesis de que la transitoriedad institucional aún no ha concluido, seguramente se avanzará por parte del oficialismo, ya en pleno reino de la arbitrariedad, en transformar la Asamblea Nacional en una instancia supraconstitucional capacitada para todo y, en particular, para designar las autoridades del Poder Ciudadano que deberán ser relegitimadas (Fiscal/a General, Contralor/a General y Defensor/a del Pueblo) sin necesidad de aguardar a que sea sancionada la legislación correspondiente y saltando por encima de expresas disposiciones, al respecto, del texto constitucional. Asimismo, quedaría abierto el camino para, con criterio similar, designar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y también a los integrantes del Consejo Nacional Electoral.
De prosperar la postura asumida por el primer magistrado -y nada indica que vaya a encontrar tropiezos que se lo impidan- se consagrará así la política del dedazo en materia de nombramientos que deben estar sometidos a procedimientos y requisitos que no tendrían por qué obviarse, salvo que se reconozca que en la V República el establecimiento de los poderes públicos es la consecuencia de acciones dispares y diversas no siempre respetuosas de lo que señala explícitamente la normativa constitucional para cada caso.
El debate que se desprende de la intervención presidencial interesa a todo el país, como es de suponer y, en particular, tanto a los juristas como a los políticos. No cabe duda, en cuanto a aquéllos, que nunca estará más de actualidad la infortunada frase de que “la Constitución sirve para todo” con el propósito de justificar las actuaciones que, en el futuro cercano, asumirá la Asamblea Nacional en materia de nombramientos para integrar los órganos de los poderes que esperan por su relegitimación. Por supuesto, no todos los juristas están ubicados en la misma posición. Algunos ya han adelantado criterio y manifestado su opinión en el sentido de que la transitoriedad finalizó el 30 de julio y recuerdan el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia que así lo indicó expresamente. Otros estiman que el asunto es complejo y que la solución a la cuestión planteada no se encontrará en el plano jurídico sino en el campo político, como lo dio a entender, en su intervención radial, el presidente de la República.
En el contexto de lo anotado, puede anticiparse con certeza que será la Asamblea Nacional el escenario natural en donde vaya a debatirse la controversia entre quienes promueven la extensión de la transitoriedad y quienes, por el contrario, consideran que su deceso ocurrió a raíz de los comicios realizados el pasado 30 de julio. Pero, en tal circunstancia, todo indica que al final terminará por imponerse la mayoría oficialista con lo que ya no habrá duda alguna de que, en la V República, lo transitorio pasa por ser lo permanente. A menos que prosperen las acciones que se propone llevar a cabo la sociedad civil (la auténtica, no la de fachada que está construyendo el régimen) o se concrete el “diálogo democrático” que proyecta la Defensoría del Pueblo.
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