Lo judicialmente correcto
Aparte de las rémoras que ya sufrimos en la administración de justicia en Venezuela -por todos conocidas-, comenzamos a cargar con otra: Los jueces se volvieron más chavistas que Chávez. Todo lo que les huela contrario a los deseos de quienes invocan “el proceso”, los sentenciadores lo santifican, recurriendo incluso a figuras execradas del Derecho por ser contrarias a la conciencia jurídica contemporánea. Es impresionante, los dictaminadores de la justicia en nuestro país, se han convertido en saltimbanquis jurídicos, yendo en contra, incluso, de sus criterios científicos ampliamente divulgados en el foro venezolano. Basta leer lo que muchos de los actuales magistrados escribieron antes del comienzo de “el proceso”, para darse cuenta de que su “compromiso” con el actual régimen, va más allá de sus convicciones como juristas, como estudiosos de los principios universales del Derecho. Es una lástima.
Sin duda alguna, quienes ostentan en Venezuela el cargo de juez temen ser catalogados como enemigos de “el proceso”, y sufrir defenestraciones ignominiosas, satanizaciones y procedimientos disciplinarios jacobinos. Por ello, no dudan en sacrificar la justicia y la legalidad de sus decisiones, no por el respeto a formalidades innecesarias como lo mandan los hermosos artículos 26 y 257 del Texto Magno, sino por el acatamiento a los intereses políticos del nuevo régimen.
Sin embargo, los avances jurisprudenciales en muchas materias son elogiables y respetables, pero lamentablemente empañados por otras decisiones que constituyen verdaderas vías de hecho judiciales. La simplificación de los procedimientos contenciosos administrativos, la aplicación de los criterios más avanzados en materia de responsabilidad patrimonial extracontractual de la Administración Pública, el control de la desviación del proceso, la aplicación directa y preferente de la Carta Fundamental, contenidas en decisiones de la Sala Político Administrativa y de la Sala Constitucional, constituyen verdaderos monumentos al progreso jurídico en Venezuela.
Retrocesos flagrantes en materia fundamentales para la consolidación de las instituciones del Estado participativo, de derecho y de justicia, basadas en una “transitoriedad constitucional” mal comprendida, y avances contundentes en ciertas materias adjetivas y sustantivas. Es esta la contradicción que sufrimos en el Poder Judicial venezolano, producto de la incultura política y jurídica de un régimen, que ha hecho aparecer en el ámbito judicial la ergástula de “lo judicialmente correcto”, que podría institucionalizar lo ininstitucionalizable, con consecuencias impredecibles en la maltrecha cultura jurídica del venezolano, cultura que es muy importante para la convivencia pacífica y civilizada de un pueblo, pues se trata del grado de internalización colectiva de las reglas del juego de la sociedad. Si estas reglas de juego social varían de acuerdo con la caprichosa vida política, es evidente que la convivencia colectiva estará siempre en crisis.
La solución de esta peligrosa contradicción, está en manos de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, principalmente en quienes integran la Sala Constitucional, órgano llamado por las normas supremas a disciplinar y garantizar el respeto por las instituciones fundamentales del Estado de derecho. Si no hay una reacción oportuna de estos jueces, la República que tanto queremos se irá resquebrajando hasta lo indecible.
“Lo judicialmente correcto”, esa tendencia a decir y decidir lo que un grupo retrógrado considera “necesario”, debe ser jubilada de una vez por todas.
Abogado
