Las recompensas del Diablo
En la actividad política abundan los demonios que mal pagan. Descuellan los casos de quienes habiendo atentado contra las instituciones democráticas, en flagrante violación de los preceptos constitucionales, son indultados o sobreseídas sus causas. De usual el otorgamiento de dichos beneficios responde a errados cálculos políticos, cuando no a compromisos inconfesables. También es frecuente que los delincuentes perdonados se burlen del benefactor y vuelvan a las andadas al espabilar un mosquito.
El ex-Presidente Rafal Caldera hizo uso de esa facultad en el caso de los golpistas del 04 F y el 27 N de 1992. Desconocemos (¿quién no?) las motivaciones reales que indujeron la toma de la histórica decisión.
No es admisible el argumento de la necesidad de calmar los ánimos dentro de los cuarteles complaciendo a quienes, estando comprometidos, miraron para otro lado durante los aciagos días vividos por la República, en espera de mejor oportunidad.
Y no es admisible porque resulta complementaria del discurso pronunciado en el Senado por el doctor Rafael Caldera justificando la acción de los militares felones. Esa pieza fue un misil a la línea de flotación de la democracia y de los partidos fundamentales, comparable a un parricidio. Sobre esas ruinas echó a caminar hacia su segundo mandato sin el temor de un madrugonazo. Mas, la “retribución” se extendió a todos los venezolanos. Sin distingos de clase social ni de militancia partidista recibimos a diario manifestaciones de gratitud expresada en cheques de inseguridad personal y jurídica, inoperatividad de los servicios, inflación, ocupación de viviendas, confiscación de fundos, plantas industriales y terrenos urbano; así como leyes que van cercenando los derechos y las libertades democráticas.
13 años y medio de desgobierno castrochavista han fortalecido nuestra convicción de que con forajidos no se puede transigir, creando comisiones para el diálogo ni autorizando movilizaciones cívicas, sin escudriñar que ocultan tras el inocente antifaz, como la promovidas por Piedad, un súcubo con el nombre de la virtud que inclina hacia los actos del culto divino y mucho menos “empujando” la aprobación de leyes semejantes a las de “perdón y olvido”. Quienes hacen armas contra la constitucionalidad democrática deben ser enjuiciados y condenados a las penas establecidas en la ley, sin beneficios distintos al respeto de los derechos humanos. Y, cumplida la pena, no perderlos de vista porque la reincidencia es moneda que corre libre entre esa canalla. Nos acongojan y llenan de ira cuanto está ocurriendo a nuestra hermana Colombia, con el retorno dinamitero y la emboscada.
Porque no es posible renegar del pasado en el que se actuó en primera línea, sin hacerle el juego a la narco-guerrilla sean las FARC, el ELN o saldos de las AU. Es imperdonable abrir brechas en el frente democrático, por las cuales comienza a colarse el narco-socialismo, para satisfacer la vanidad subida hasta el copete. Es encomiable la reapertura del mercado colombo-venezolano que en los picos movilizó más de 7 mil millones de dólares, pero es menester hacerlo garantizando la defensa de los valores democráticos, lo cual pasa por el combatir en mancomunidad a los narco-guerrilleros.
Formar una fuerza binacional es lo indicado y Colombia que, hasta ahora, ha soportado el mayor peso en esa lucha debe ponerlo sobre la mesa, para cerciorarse si el “nuevo mejor amigo” de su Presidente está dispuesto a acompañarlo en la aplicación del termocauterio en esa llaga cancerígena cuyas metástasis amenazan el cuerpo social de ambos países.
