Las amenazas contra funcionarios y empleados públicos
En estos días de totalitarismo, la prensa nos da cuenta a diario de las amenazas que profieren ministros, presidentes de institutos y empresas del Estado, entre otros, contra los funcionarios, empleados y obreros que de ellos dependen. “Sepan todos” –dicen– “que quienes firmaron por el referéndum revocatorio del Ciudadano Presidente de la República, Hugo Chávez Frías” serán despedidos de sus cargos”. Obedecen todos al ukase del comandante: “Los que firmen contra Chávez, en verdad no están firmando contra Chávez (…). Estarán firmando contra la patria, contra el futuro, y quedarán registrados para la historia, porque van a tener que poner su nombre, su apellido, su firma, su número de cédula y su huella digital”. (Hugo Chávez, 16 de octubre de 2003).
En un interesante trabajo de Giuliana Chiappe, en la sección Expediente del diario El Universal, el 21 de marzo de 2004, bajo el título “Delito: Firmar”, se da cuenta de que las “Amenazas previas, despidos políticos, retención de pagos y desconocimiento son las venganzas contra quienes ejercieron un derecho constitucional”. En la misma sección de dicho diario, Oscar Medina, en el artículo “Las purgas del chavismo”. Cita “casos de sobra”: por firmar contra Chávez se sabe del despido de 7.000 funcionarios de PDVSA, más de 200 del metro de Caracas, 350 en el Hospital Universitario de Maracaibo, 26 personas en el Ministerio de Planificación. Menciona igualmente despidos en la Dirección de la Magistratura, en el Ministerio de Agricultura y Tierras, en el Instituto nacional de Hipódromos, en el Ministerio de Educación, en el Seniat y… pare de contar.
Para añadir injuria al daño, la ministro del Trabajo, con motivo del referendo promovido por el oficialismo para revocar el mandato de diputados de la oposición había advertido que los empresarios que amenazaran con despedir a los empleados que firmaran para revocar a esos diputados. Ahora, frente a todas las amenazas de ministros y otros altos funcionarios y gerentes del Estado de despedir a quines hubieran firmado contra el presidente y frente a los despidos efectuados por los mismos motivos, la ministro no abre la boca ni para decir pío.
Es bueno que los esbirros del oficialismo, aquellos que ejecutan las órdenes de la suprema autoridad sepan que la Constitución de la República “Bolivariana” de Venezuela, dispone: “Artículo 57.- Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones, de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura…”. Es bueno que sepan que el artículo 51 de la misma Constitución establece: “Todos tienen el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad o funcionario público sobre los asuntos que sean de competencia de éstos, y a obtener oportuna y adecuada respuesta. La autoridad o funcionario público que viole este derecho será sancionado conforme a la ley, pudiendo ser destituido del cargo respectivo”. Es bueno que sepan que la Ley Contra la Corrupción, promulgada bajo la administración de Hugo Chávez, dispone:
Artículo 67. El funcionario público que abusando de sus funciones, ordene o ejecute en daño de alguna persona un acto arbitrario que no esté especialmente previsto como delito o falta por una disposición de la ley, será castigado con prisión de seis (6) meses a dos (2) años; y si obra por un interés privado, la pena se aumentará en una sexta (1/6) parte.
Por último, es bueno que también sepan que esa misma Constitución, la que le viene convirtiendo en una “bicha” a Hugo Chávez establece que las acciones para castigar las violaciones graves de los derechos humanos no prescriben.
