Lapi: La última víctima
Que el gobierno haya decidido inhabilitar al candidato opositor a la gobernación del estado Yaracuy, Eduardo Lapi, a menos de 20 días de la contienda electoral, no es sino otro indicio del síndrome neototalitario que corroe al chavismo cuando se aproxima a la derrota electoral más contundente que sufrirá en toda su historia.
Y para paliarla, no hace otra cosa que echar mano al único “argumento” que conoce y le queda: inhabilitar a Lapi ahora que se sabe barre en las encuestas y disparándole una decisión de la Sala Electoral del TSJ por una presunta violación de normas que el CNE no había considerado causal de inhabilitación.
O sea, que muy en el estilo de Chávez, se ordenó que corriera la candidatura de Lapi, pero solo hasta el límite en que pareciera inevitable su triunfo, pues, si ese era el caso, no quedaba más remedio que “ganarle” con las casuísticas leyes de la autocracia que se aplican, solo para el logro de objetivos políticos que no tienen nada que ver con delitos, expedientes, fiscales, jueces, inocentes o culpables.
Y es que, si de repente el exgobernador y candidato no se hubiera convertido en seguro ganador y su derrota lucía garantizada el 23 de noviembre, entonces simplemente pasaba como un candidato más y su participación a ser utilizada como prueba del escrupuloso respeto del gobierno a las instituciones y leyes electorales.
Estratagema que también busca aplicársele al candidato a la Alcaldía de Maracaibo, Manuel Rosales, el cual, mientras parecía derrotable, no se le amenazaba con juicios y decisiones para inhabilitarlo y llevarlo preso, pero en cuanto se hizo irreversible que ganaría, Chávez se lanzó a crear la matriz de opinión por la que se le sacaría de juego y “dentro de la Ley”.
O lo que es lo mismo: que solo hay una manera de mantenerse en la puja electoral actual y en las que vienen, y es que los candidatos opositores con algunas posibilidades de triunfo se las echen de perdedores, simulen que van a sufrir palizas en las urnas, promuevan encuestas que los coloquen de últimos, y así jugar a sorprender a Chávez y al chavismo el día de las elecciones, de modo de dejarlo sin capacidad de reacción, ni salidas.
Se debe también evitar escaramuzas que sitúen al candidato opositor en la lista de aquellos que Chávez busca desaparecer del mapa político y por nada del mundo aceptaría admitirlos a su lado aunque sea por razones protocolares, pues, en ese caso, es evidente que removería cielo y tierra, TSJ y Fiscalía, Ejército y cuerpos policiales, a la DISIP y al CICPC para que la candidatura se frustre, ya sea por la inhabilitación o el encarcelamiento.
Es bueno recordar a este respecto que mucho antes del inicio de la campaña electoral, hubo una primera oleada de inhabilitaciones, y que la misma se dirigió exclusivamente a sacar de la puja a aquellos candidatos emblemáticos que ganarían en gobernaciones y alcaldías emblemáticas.
No se pensó entonces que Chávez quería más, mucho más y que los candidatos opositores que permitió participar pasarían a una suerte de “sala situacional de observación” que determinaría, si en medio o al final de la campaña, había que inhabilitarlos porque sus candidaturas se convertían en ganadoras.
Y por esa vía, el teniente coronel vuelve a innovar en el sistema neototalitario que entusiastamente introdujo en Venezuela y auspicia por el mundo y que puede resumirse en el lema de: “Elecciones sí, y participación electoral también, pero solo con los candidatos oficialistas y opositores que yo acepto y tolero”.
Así, por ejemplo, los candidatos del PSUV que están en la contienda fueron los que aceptó Chávez, y en cuanto a los de la oposición, si sigue la ola de inhabilitaciones, también.
O lo que es lo mismo: que dictadura más taimada, mendaz, socarrona y zamarra no se conoció nunca, y comunidad internacional y oposición nacional que se hicieran los locos… tampoco.