La trasgresión e impunidad como norma

El episodio entre el comisario de la Policía Metropolitana, Carlos Lara Montilla, y los efectivos de la Policía Militar muestra hasta dónde se ha avanzado en el desmantelamiento del Estado y en la entronización de la impunidad como norma de funcionamiento de toda la sociedad. El comisario Lara Montilla fue agredido por policías militares luego de sostener un intercambio fuerte de palabras con un oficial del Ejército, para colmo pasado de tragos, que protegía a un grupo de vendedores de perrocalientes que tomaban de forma ilegal electricidad de unas tanquetas colocadas en Sabana Grande. La Policía Metropolitana, por fin ocupada de poner un poco de orden en este pandemonium en que se ha convertido Caracas, fue atacada por cumplir con una de las obligaciones que pauta su acta de constitución.

Por supuesto que las heridas, que casi le causan la muerte, del comisario Lara Montilla quedarán impunes, lo mismo que el atentado a Marta Colomina, el atentado contra Enrique Mendoza, los asesinatos del 11 de abril, los saboteos, heridos y muertes de Antímano, Catia y Petare. Es larga la lista de hechos en los que hay violencia y flagrancia, pero no aparecen culpables. La razón de que las cosas ocurran de ese modo es que al Gobierno le interesan la violencia y la trasgresión, por eso alienta la impunidad en todas sus modalidadess. Desde el campesino que invade un terreno vacío o una finca, el buhonero que se apropia de un espacio público que le pertenece a la ciudad, el damnificado que se instala en una edificación, hasta los grupos violentos que rodean a la Asamblea Nacional o los francotiradores que disparan contra las marchas, todo ese amplio espectro de conductas delictivas han pasado a formar parte de la vida cotidiana del país. Allí reside parte de la fuerza y popularidad del Gobierno.

Pero la trasgresión o la incitación a hacerlo no se limita a grupos sociales con bajo nivel de formación cultural o excluidos desde siempre. La invitación a brincarse a la torera las leyes la fomentan también quienes ocupan cargos de responsabilidad política e institucional, en quienes habría que suponer altos valores morales y una sólida consistencia ética. Los miembros de la Asamblea Nacional están proponiendo desconocer el procedimiento establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Electoral para la elección del cuerpo de Rectores del CNE. La procuradora general de la República, Marisol Plaza, sin que se le haya perturbado un músculo de la cara, sugiere que la Asamblea Nacional elija a los miembros del CNE por mayoría simple, cuando la Constitución dice claramente que la escogencia de esos funcionarios en por mayoría calificada de al menos dos tercios, 110 diputados, de la Asamblea Nacional. El Gobierno sabe que un país tan complejo como Venezuela no puede llevar una vida económica normal con la reducida cantidad de dólares que suministra Cadivi, y que, por lo tanto, la existencia de un mercado negro es inevitable; sin embargo, el Ejecutivo se hace de la vista gorda ante ese mercado paralelo, expresamente prohibido y sancionado en el decreto mediante el cual se crea la comisión de administración de divisas. El ministro Diosdado Cabello declara que la agresión a la periodista Marta Colima es un auto atentado dirigido a elevar el reting del programa de la conocida periodista. De ese modo tiende un manto de protección a quienes cometieron el atentado. Ni siquiera apela a la formalidad de declarar que el suceso será investigado “hasta las últimas consecuencias” como suele decirse, incluso en el presente.

El morbo de la trasgresión y la impunidad se instaló hasta en el propio MVR. Las primeras elecciones populares en ese partido, después de cinco años en los que predominó una conducción personalista y arbitraria, han estado signadas por las denuncias de abuso de poder y fraude entre los mismos miembros de esa organización. En Barinas se da un caso insólito. El inefable Pedro Carreño acusa a Ramón Rodríguez Chacín de haber comprado una hacienda por un monto millonario, sin que se sepa de dónde el ex ministro del Interior obtuvo esa cantidad de metálico, al menos de forma honesta. A lo mejor el señalamiento de Carreño en esta oportunidad sí es cierto y no está movido por el simple afán de descalificar a un adversario de su propio partido. El destino de esa acusación, no obstante, será el de todos los demás. Ninguna autoridad se encargará de adelantar una averiguación seria sobre el asunto, a pesar de que provenga de un diputado de la República y esté dirigida contra una persona que ocupó altos cargos en el Gobierno y en la actualidad ejerce funciones clave dentro del partido oficial. La Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo desparecieron. A ambas se las tragó la concupiscencia con el régimen. Dejaron de ser instituciones al servicio de la Nación y se transformaron en agencias subordinadas a Miraflores y a la cúpula del MVR.

Por supuesto que la laxitud del Gobierno no beneficia sólo a quienes participan del “proceso”. Algo también se derrama hacia otros sectores. Quienes se están beneficiando del mercado negro de divisas, por ejemplo, probablemente no sean personas ligadas al régimen, pero aprovechan el deterioro global y la ausencia de normas e instituciones para sacar provecho del cuadro general de descomposición. De ese modo marcha el país. ¿Cómo podremos evitar el colapso?