La tradición del fraude

El fraude es una de las más perversas tradiciones de las democracias latinoamericanas. Y es muy probable -ojalá
algún día dispongamos de los datos necesarios para demostrarlo- que existan culturas políticas nacionales más
propensas a practicarlo, mientras otras, incluso cuando han estado sometidas a regímenes autoritarios, poseen
una tendencia ética que las impulsa a respetar como algo sagrado los resultados, y a confiar a plenitud en sus
sistemas electorales.

Chile es un ejemplo interesante. Cuando Allende triunfó con el apoyo de la Alianza Popular, y a pesar de que el
status quo chileno sabía lo que aquello significaba, los resultados fueron absolutamente respetados y nadie se
movilizó para denunciar fraude de uno u otro bando. Lo mismo ocurrió cuando Pinochet convocó al plebiscito
para que el pueblo decidiera si quería o no que continuara en el poder. A contracorriente de lo que muchos
esperaban, Pinochet salió derrotado, aceptó los resultados y al poco tiempo, aunque no entregó el poder del
todo, sí respetó la transición elegida por la mayoría, y la democracia chilena volvió a comenzar (confiscada, es
verdad, pero democracia). Pareciera que un chileno, como lo hizo el anciano asesino de los lentes oscuros, es
capaz de cargarse sin más la vida de miles de sus enemigos, y de torturar a una cifra superior sin que esto le
produzca la más mínima culpa, pero en eso de robarse los votos de otros, guarda siempre el consenso de que se
trata de un crimen de lesa humanidad.

México y Venezuela, en cambio, son modelo de todo lo contrario. La dictadura perfecta del PRI y la imperfecta
de Acción Democrática le han granjeado a ambos países un prestigio imbatible en el arte de convertir derrotas en
triunfos. El PRI, hasta que se demuestre lo contrario, es una maquinaria imbatible, no en la aceptación de la
mayorías sino en las mesas electorales; y Acción Democrática, de ser un partido popular terminó convertida en
una maquinaria para forjar actas electorales. A tal punto, que una de las certezas mayores que cultivamos los
venezolanos, aparte de la idea de que Bolívar es un héroe, es la de que «acta mata voto»: un apotegma resignado
de la fragilidad de nuestro sistema electoral. A medida que fueron alejándose de las gentes, ambos, el PRI y
AD, se fueron acercando -entregando, diríamos mejor- a las técnicas de Don Corleone.

Si alguien tiene dudas, que revise, por favor, la historia reciente de Venezuela. Lo que hoy presenciamos en las
calles y plazas de Lima y otras ciudades de Perú fue el pan nuestro de cada elección en los últimos 10 años. El
reconocimiento de la primera gran derrota que se le asestó a AD-Copei, la del triunfo de Andrés Velásquez en el
estado Bolívar, se hizo posible sólo gracias a la movilización permanente, durante varios días, de millares de
personas que se negaban al desconocimiento de un triunfo que era ya más que evidente desde mucho antes de
que se produjera la confrontación electoral. La situación era tan agobiante e irrespetuosa, que hubo que llegar
incluso a la amenaza de apagar los hornos de Sidor -como en efecto amenazaron sus trabajadores- si no se
reconocía el triunfo del técnico medio que vino a cambiar una tradición de gobernadores adecos anquilosados en
la región.

Gracias al mismo método se lograron hacer respetar otros triunfos. De no ser por la espontánea y masiva
movilización de caraqueños apostados en las mesas electorales, primero, y alrededor del Consejo Supremo
Electoral, después, todavía Claudio Fermín estaría despachando desde el Palacio Municipal de la plaza Bolívar y
Aristóbulo Istúriz jamás hubiese sido alcalde de la ciudad.

Lo mismo vale para Arias Cárdenas. Fueron largos días de protesta popular, incluso de intervención de las
autoridades militares del Plan Bolívar, lo que impidió que otra acción fraudulenta se implementara y tuviésemos
hasta el presente la saga de Barboza gobernando en el Zulia. Igual ocurrió en Barquisimeto para hacer respetar
el triunfo de Macario González, y en Guárico con el de Manuit.

Los ejemplos sobran. Acción Democrática, al ver menguado su poderío como maquinaria electoral, comenzó a
cometer errores de todo tipo y a mostrar impúdicamente las costuras de su delictiva escuela de confiscación
electoral. En un gesto equivalente a cagarse en la leche, el partido del pueblo y su aliado democratacristiano nos
hicieron perder la confianza en lo último que puede perder su valor sagrado para un sistema democrático: el
voto. Y a partir de aquel momento, cualquier desconfianza, cualquier duda, cualquier escepticismo, se convirtió
en algo absolutamente respetable y previsible.

Desde entonces hasta hoy, los venezolanos no hemos podido recuperar ni por un solo segundo la credibilidad
en el sistema electoral. Cambian los gobiernos. Cambia la Constitución. Pero lo único que no cambia es la
percepción colectiva de que aquello que debería ser una de las más nobles y confiables instituciones públicas, se
convierte periódicamente en mezquino equipo de guardianes de los intereses del o los grupos en el poder. No
digo que los hechos sean rigurosamente así, digo que es esa la percepción que se tiene. Y esa percepción se
deriva automáticamente de la inexistencia de mecanismos transparentes y públicos que justifiquen el porqué se
selecciona a esos y no a otros funcionarios, cuál es su competencia y experiencia en los cargos para los que han
sido designados, y en qué medida los seleccionados son efectivamente personas sin filiaciones a la tendencia en
el poder.

Lo que no comprendo, lo que termina de inundarme de bostezos y desapego frente a un debate político que se
repite a sí mismo y se muerde la cola una y otra vez, es la tormenta de vestiduras rasgadas en torno al, por
suerte, fracasado fraude de Perú, y al probable que se estaría forjando en Venezuela. Si revisamos con cuidado
en la memoria, y acudimos a los archivos de prensa, nos encontraremos con la sorpresa de que muchos de los
paladines de la justicia de hoy son los beneficiarios de la trampa de ayer, así como muchos otros de los que
levantan exaltados su voces contra el fraude fueron los mudos complacientes de ayer. Y a la inversa.

Son las culturas políticas, que se reproducen a sí mismas como plantas silvestres, abriendo huecos insondables
en la ética de sus protagonistas, que repiten, creyendo que hacen algo distinto, aquello que condenaron en
quienes pretenden sustituir. Lo que se llama una tradición. Sin rupturas profundas, ellas siguen con vida.

http://www.el-nacional.com/eln23042000/f-pf6s3.htm