La superioridad moral del Chavismo
Existe una enorme contradicción en el hecho que hasta que sea infalible, existe confianza en las decisiones del pueblo en los eventos electorales –ponderando las enormes asimetrías en el uso y abuso de recursos públicos y al hecho que cuando han sido falibles, se han creado cargos, entes, Corporaciones supralegales y paralelas para mantener el poder- pero no así en materia económica. Lo anterior resulta curioso porque como oferta e incluso como transacción las elecciones constituyen una negociación en extremo compleja, con contraprestaciones a futuro, mientras la compra y venta voluntaria de un bien o un servicio resulta probablemente la relación humana más simple y mutuamente beneficiosa, en la medida que la utilidad y disponibilidad de pago es información propia del consumidor y el precio y las cualidades del producto suelen ser información pública para que se perfeccione la transacción.
La vulneración de tal relación económica y comercial libre y voluntaria entre privados que perfecciona un juego suma positivo, por medio de controles, regulaciones o incluso por medio de la propia oferta por parte del Estado de bienes privados de consumo privado; parte de la “superioridad moral” del chavismo, y en particular de la nomenklatura burocrática sobre el resto de la sociedad y de sus derechos y libertades. Lo anterior a pesar del elevadísimo costo de oportunidad del uso de los recursos públicos que deberían ser utilizados en el perfeccionamiento y en la oferta de bienes públicos, como la seguridad jurídica, la reducción de los costos transaccionales, institucionalidad de tutelaje de la propiedad privada necesaria para que existan los incentivos y las condiciones para que producto de relaciones e intercambios entre privados se genere y cree riqueza y bienestar.
En Venezuela, qué se consume, cuánto se consume y cuándo se consume resulta una decisión burocrática que se inicia desde el propio acceso restringido y discrecional a las divisas, pasando por licencias de importación y certificados de no producción (CNPs) y que culmina con controles de precios Ad Hoc, ineficientes, distorsionantes y anacrónicos (del tipo cost-plus).
Parte de los orígenes de las condiciones que han permitido que se perfeccione un modelo de gobierno que implica la administración relativa de derechos y libertades individuales y colectivas en mano de un reducido número de personas moralmente superiores a todos nosotros; parte de la diferencia de la definición y perfeccionamiento de la República y de sus instituciones jurídicas y económicas, así como su grado de resguardo, que han desarrollado los países con enfoques legales que responden al modelo de derecho administrativo europeo continental versus al common law.
Los países cuya institucionalidad regulatoria responde al derecho europeo continental suelen relativizar los derechos y libertades individuales y subordinarlos a un interés público; que suele ser administrado por instituciones gubernamentales, que a su vez se encuentran formadas por individuos o grupos de individuos con intereses propios. Valga llamar a colación que existe justamente una asociación o correlación positiva entre el Estado de la Justicia a favor de las libertades y derechos económicos y el grado de desarrollo, bienestar y riqueza de los países.
Así las cosas, vulnerar los derechos y libertades individuales pretende ser justificado en el tutelaje de un abstracto como el interés público, que solo puede ser protegido por seres moralmente superiores. Lo anterior ha permitido desdibujar la República, el Estado de Derecho y el imperio de la Ley porque al existir seres moralmente superiores, no existiría riesgos de falsos positivos, ni problemas agente-principal.
En realidad y en resumidas cuentas, vivimos una lucha entre la civilidad y la barbarie, que solo podría justificarse en una teoría de la conspiración del humano como ser social y a la superioridad moral –ni siquiera cognoscitiva- del chavismo sobre el resto de seres humanos. De hecho y como paréntesis, por ello suele ser común encontrar que prácticas de en administración de la justicia y de la cosa pública que en el pasado la izquierda que apoya al Gobierno criticó como inmoral y desapegado a una buena gobernanza, y hoy día es incluso bien vista y moralmente aceptable (por ejemplo opacidad, uso personal de bienes y recursos públicos, vulneración del debido proceso, listas fascistas con información privada sobre opositores, etc.).
Parte de la vulneración de las instituciones del imperio de la Ley y de la República implica menoscabar y reducir sus instituciones que al final de cuentas están formadas no solo por leyes, normas y lineamientos; sino igualmente por personas que las administran –especialmente los altos cargos de decisión política-. Así las cosas, como el conocimiento en cada arte y oficio, constituye las mejores herramientas para la toma de decisiones, especialmente si se entiende que el bienestar social sería el objetivo máximo del Estado; habría que vulnerar el nivel técnico de las instituciones para menoscabarlas y someterlas a la superioridad moral y no a acciones cargadas de sentido común, conocimiento, know how y tecnicismo. Por ello se menosprecia y carga de significado y connotación negativa a los tecnócratas; porque la primera y mejor barrera “moral” sobre el deber ser en cada profesión es el conocimiento técnico y académico. El estado del arte en economía es tildado de burgués, a falta de alternativa robusta, científica y medianamente razonable.
En la práctica, todo lo anterior puede constatarse en las recientes inspecciones realizadas por entes administrativos en el marco de la “ofensiva económica”. A lo largo de las inspecciones ha habido señalamientos o en ocasiones imputaciones sin el debido proceso y utilizando el mayor número de tipificaciones de ilícitos penales y administrativos; para luego “crear” el proceso. Se ha perfeccionado una sociedad que parte de la presunción de culpabilidad de imputación irrestricta sin suficientes indicios, donde luego el acusado debe probar su inocencia ante las sentencias previas proferidas por las autoridades.
En materia económica, el hecho cierto es que la liberación del dólar permitiría a la administración pública descremar el mercado cambiario, eliminar la posibilidad de rentas de escasez producto de la escasez relativa de bien más preciado, especialmente en una economía de puertos, el dólar; y permitiría que la sociedad, los individuos y no un grupo de burócratas ajusten los precios relativos de bienes y servicios. Lo anterior suena más que razonable –ponderando alternativas de apertura cambiaria progresiva, perfeccionando verdaderas subastas, etc.-; pero implicaría atender el bienestar social y no el verdadero objetivo final del Gobierno, el poder por sí mismo y la vulneración de los derechos y las libertades individuales y colectivas.
