La revisión constitucional
Más allá de lo dicho por el Presidente Chávez, no es difícil inferir que el régimen se apresta a una reforma constitucional como espectáculo decisivo e, igualmente, compensatorio para sus beneficiarios directos. Los procesos constituyentes continuos le permiten actualizar la ilusión del cambio, sensibilizando y movilizando a las masas ya moldeadas por el discurso del poder, amén de ratificar el carácter plebiscitario que se alza como una curiosa innovación del autoritarismo de nuevo siglo.
Resistiéndose a la amarga responsabilidad de gobernar, lo que supone un agotamiento y cuestionamiento de las ideas, iniciativas y de los propios equipos humanos, toma por trascendentes los calculados efectos de la solemnidad y, por ello, no hay ni habrá actos de Estad que no sean revestidos y prefabricados como tales. Modificar la Carta Magna, o una de las versiones denunciadas luego del referéndum de 1999, luce también como una oportunidad para ampliar la participación de los cuadros medios, cuyo protagonismo sabe de diferimientos y resentimientos frente a la estelaridad de los que hoy conducen la llamada revolución, en el gobierno o en sus partidos (que es lo mismo), auxiliando directamente a su máximo líder.
Otra expresión de la movilización populista, perfectamente sufragada por el petróleo, parece un intento de reubicación de las bases sociales y políticas de sustentación del régimen, aventurándose en la búsqueda y captación de las clases medias sobrevivientes y de las obreras organizadas. Su estabilidad requerirá de una contraprestación que puede alterar la actual correlación de fuerzas en una sociedad temerosa de la guerra y –en un caso- consolidar al oficialismo como simple mecanismo de chantaje para mantener la paz mínima, y –en el otro- atajar la oferta de concordia de una oposición ciertamente voluble.
La carta zodiacal del régimen revela aciertos innegables, pues, pareció imposible alcanzar una Asamblea Nacional Constituyente para que, en un largo año, reforzara al Ejecutivo como lo hizo, a la vez de imponer un texto; trastocar desde las bases a PDVSA, purgándola completamente, hasta sincerarse como una generosa caja chica recuperando un ritmo razonable de producción y de comercialización; o transformar a la institución armada, profundizando en los supuestos teóricos y organizaciones del original Plan Bolívar. Ahora, apuestan a una nueva conjunción de los astros en la medida que el mito constitucional se ha arraigado, junto al de la participación protagónica; las adquisiciones bélicas y los aliados continentales dicen ofrecer horizontes promisorios, en caso de entrenar a un millón de hombres desavisados y dispuestos al sacrificio, en un contexto internacional –al menos- expectante; y la inevitable y creciente facturación e los mercados internacionales del crudo, aparentemente capaz de soportar la otra versión de la Venezuela Saudita.
Desde hace uno o dos meses, en algunos cursos de doctorado ene. renglón constitucional, ha circulado el rumor de una reforma que ya debe estar enteramente esbozada en las gavetas confidenciales del gobierno. La única posibilidad que cabe es la de reforzar el carácter autoritario del texto de 1999, en detrimento de sus desvalidas y comprobadamente retóricas manifestaciones democráticas, ya que escasamente queda, aquí o en cualquier lugar del mundo, aportes novedosos que hacer en relación a la naturaleza, administración e implicaciones del poder, sobre todo en las democracias que están dejando de serlas.
Recordemos que la superlegalidad vigente tiene por asidero y legitimación a buena parte de los planteamientos que trajo a escena la inconclusa crisis experimentada en los noventa, interesadamente reorientados por quienes no traían en su equipaje un proyecto inédito, acabado y convincente, excepto la sencilla ilusión de un remedio rápido para los males que nos aquejaban y de la cual se esperan frutos semejantes en tierra boliviana, según la receta que el mandatario venezolano se ha permitido divulgar prácticamente como una contribución política e histórica, si no atrevida y conceptualmente constitucional permitiéndole una futura aparición en los más exigentes tratados de la materia. Por lo pronto, en el caso de una revisión, colegimos una ampliación cuantitativa de los poderes populares, facilitando el control de las instancias parlamentarias y edilicias; la conversión miliciana de una Fuerza Armada Nacional plenamente comprendida desde la perspectiva ceresoleana, prevaleciendo el soldado por encima de la condición ciudadana; el reajuste de las finanzas públicas, incluyendo una mayor centralización en la administración y control de los recursos, al igual que evitar los más incómodos aspectos o facetas que comporta el desarrollo de una política monetaria; o, claro está, si acaso, la configuración de la propiedad privada como una monumental excepción en un cuadro lleno de eufemismos para consagrar la propiedad del Estado. Sin embargo, tal incursión revisionista no lucirá fácil al suponer otro polémico periodo referenderario que no se entenderá dentro de la previsible victoria presidencial de 2006, engañosa principalmente por artificios como un CNE garante de los comicios falsamente competitivos.
Enunciados
En otro contexto, las captahuellas constituirían una magnífica y delicada herramienta de Estado, pues raras veces -por una parte- ha contado con una data actualizada y completa de la ciudadanía, susceptible -por otra- de un necesario control parlamentario y sobre todo judicial, en una sociedad convincentemente democrática. No obstante, tanto o más peligrosa que el material bélico disponible y monopolizado, surge como una severa amenaza para la libertad y -quizá- integridad de las personas, amén de una eventual utilización que hablaría de delitos en materia de salvaguarda del patrimonio público. E, incluso, más allá de su cuestionado uso electoral, convendría ensayar un recurso por ante el TSJ, procurando garantizar los derechos de una ciudadanía virtualmente prisionera del elenco conductor del Estado, cuya estratégica administración de los datos está muy bien fusionada con los supremos intereses partidistas del titular de Miraflores…El anuncio presidencial de una película de Oliver Stone sobre los sucesos de abril de 2002, parece precisamente: una película…. Tendremos otro evento de la OPEP en Caracas y, es de suponer, que el gobierno versionará la ciudad que vivió otra reunión semejante en sus inicios: ¿recogerá toda la buhonería para maquillar la urbe y facilitar al extremo el flujo automotor?, ¿nuevamente veremos en las calles las tanquetas con su «ingenuo» armamento, como ocurrió con los consabidos reparos del proceso revocatorio?, ¿u olvidará de hacerlo, qué más dá?….La CVG realizará mil millonarios aportes para la creación de una escuela latinoamericana de medicina, pero ¿por qué no reordenar todas ess inversiones a través del despacho burocrático correspondiente?…El jefe del Estado dice que romperá con Perú en caso de ganar Alán García. «Capricho Chávez» puede llamarse lo que, conceptual y estratégicamente, no muerde un milímetro de otras políticas de Estado, como la «Doctrina Betancourt», por cierto, objeto de un libro recientemente publicado por María Teresa Romero y que luce prometedor….
