La realidad paralela
Tengo la firme convicción de que el propósito final de los 26 decretos, con rango, valor y fuerza de ley, dictados por el teniente coronel Chávez Frías en el marco de la Ley Habilitante, apunta a construir un Estado y una sociedad paralelas a las que se van levantando en Venezuela a partir del régimen de Juan Vicente Gómez y, especialmente, luego de derrocada la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.
Me explico: con el tirano andino la nación, aunque sometida a la rígida férula del déspota, comienza a vivir un gradual, pero sostenido proceso de institucionalización. Se fortalece el Estado central y se acaba con el poder de los caudillos regionales; se crea la Academia Militar y con ella se profesionalizan las Fuerzas Armadas; se conforma la Administración Pública Nacional; se estructura el sistema fiscal; se crea el Banco Central, unificando de este modo las finanzas públicas, y, además, se introduce el concepto de la unidad del Tesoro. Durante los casi tres decenios que dura el régimen gomecista, no hay dudas de que el país da un enorme salto con respecto de aquél despojo que habían dejado los gamonales del siglo XIX y ese demagogo incorregible llamado Cipriano Castro.
Tras la muerte de Gómez, ahora en un ambiente democrático y participativo, Venezuela continúa por el camino de la edificación de un Estado moderno, con instituciones arbitrales que se supervisan recíprocamente. Junto al Estado se van formando organizaciones civiles, como los partidos, los sindicatos y los gremios, que le dan densidad y profundidad al tejido social. Este proceso se interrumpe durante la década que va de 1948 a 1958. Luego del 23 de enero del 58, el país retoma el hilo interrumpido diez años antes. A lo largo de cuatro décadas, con altos y bajos, se consolidan los poderes públicos democráticos y se conforman las diversas organizaciones intermedias que hacen de Venezuela una nación moderna, compleja y con una democracia, que si bien padece problemas importantes que debían resolverse, se caracterizaba por la amplitud, la tolerancia, la inclusión y la convivencia entre fuerzas políticas contrapuestas.
Son esos atributos del Estado y la sociedad los que Chávez Frías pretende pulverizar para levantar sobre sus ruinas un Estado y una sociedad que se adecuen a sus propios y exclusivos intereses. El punto de partida de esa labor que combina la destrucción con la sustitución, reside en su enorme desprecio por el Estado secular, la democracia, la independencia de los poderes, el Estado de Derecho, la iniciativa y la propiedad privada, el mercado y por todo aquello que Hayek llama el “orden espontáneo”.
Veamos unos ejemplos extraídos de los decretos leyes. Empiezo por la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, instrumento ampliamente estudiado por Rocío San Miguel. En esa Ley, Art. 43, se crea la Milicia Nacional Bolivariana, cuerpo integrado por la Reserva Militar y la Milicia Territorial (esta última formada recientemente). La MNB “depende directamente del Presidente de la República y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo lo relativo a los aspectos operacionales y para los asuntos administrativos dependerá del Ministro del Poder Popular para la Defensa” En términos más sencillos: Chávez, al estilo de los tiranos que se respetan, forma su propio ejército, su guardia pretoriana. Este contingente armado circula en un riel paralelo a los componentes tradicionales de la FA, a saber: el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que quedan relegados a un segundo plano.
Otra muestra se aprecia en la Ley Orgánica de la Administración Pública. Esta ley, Art. 91, le da amplias facultades a Chávez para “convertir unidades administrativas de los ministerios y oficinas nacionales, en órganos desconcentrados con capacidad de gestión presupuestaria administrativa o financiera . . . «Además, instituye la figura de las autoridades regionales, con atribuciones similares a los gobernadores, establece la Comisión Central de Planificación y les da rango legal a las misiones, que pueden ser decretadas por el Presidente de la República. En otros términos, Chávez crea una realidad paralela a la descentralización y, a través de las misiones, conforma una estructura administrativa distinta a la Administración Pública tradicional.
En otras leyes, entre ellas la Ley de los Consejos Comunales, aprobada antes del “paquetazo” (el 26-2-08), se crea el poder comunal o poder popular. En esta línea se inscriben los consejos obreros, de los cuales viene hablando el gobierno desde hace años. El supuesto objetivo de este fulano “poder” es empoderar al pueblo y materializar la “democracia participativa” proclamada en la Constitución de 1999. Sin embargo, en realidad la verdadera finalidad del poder popular, cuyo epicentro se encuentra en los consejos comunales, en los consejos obreros y en los consejos campesinos (a los que se les da gran relevancia en la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria), consiste en debilitar los órganos previstos en la Carta del 99, los Consejos Municipales y las Juntas Parroquiales, al igual que mermar la importancia de los partidos políticos, sindicatos, gremios y todas las formas de organización civil independientes que actúen como mecanismo de intermediación y engranaje entre el Estado y la sociedad. Todas estas agrupaciones, que sirvieron para fortalecer la sociedad frente al Estado centralista petrolero, quedan debilitadas por el afán inconteniblemente controlador de Hugo Chávez.
La realidad paralela (un para Estado y una sociedad controlada) la está construyendo el alumno vernáculo de Norberto Ceresole, aplicando rigurosamente el esquema Ejército, Caudillo, Pueblo que el descocado totalitario sureño le enseñó hace ya bastante tiempo.
