La politización militar
Si algo ha dejado en claro la reciente epidemia declarativa, sobre todo en cuanto hace referencia al ámbito castrense, es que ya no se puede seguir ignorando que la Fuerza Armada Nacional, entre otros aspectos, es una institución de carácter político al igual que otras existentes en la República, pese a que la Constitución vigente (1999) la identifica como “esencialmente profesional, sin militancia política” para, más adelante apuntar que a sus integrantes no “les esté permitido… participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político” (párrafos de los artículos 328 y 330). Pero como según el artículo 57 del mismo texto constitucional: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión”, sin que se establezcan distingos entre civiles y militares, es la razón por la que la opinión pública se ha visto conmocionada por la presencia frente a micrófonos, cámaras y grabadoras, entre otros adminículos propios del oficio periodístico, en tribuna o plaza pública, vistiendo sus uniformes reglamentarios y cada uno por separado, un Contralmirante, un General de Brigada, un Coronel y un Capitán, de armas diferentes, coincidentes en exponer sus discrepancias con las políticas del régimen que encabeza el comandante Hugo Chávez Frías y solicitando la renuncia de éste a la Presidencia de la República.
Es así que ya puede hablarse de la Fuerza Armada Nacional como de un partido político, expuesto a todo género de situaciones de diverso género como las que suceden cotidianamente en dichos entes, motivo por el cual no debe llamar la atención lo ocurrido con los oficiales que asumieron la responsabilidad de actuar conforme a sus creencias, dispuestos a usar los mecanismos previstos en la Constitución Bolivariana.
Lo que no está bien es lo que hasta ahora se conoce respecto a las sanciones adoptadas por los órganos competentes para castigar a los oficiales involucrados en el asunto conforme a los reglamentos vigentes que, a no dudar, se encuentran desfasados en relación con las disposiciones constitucionales. Al Coronel se le dio de baja y al Capitán se le impuso arresto severo. Los casos del Contralmirante y del General de Brigada están sin decidirse para cuando se escribe este comentario.
No se entiende la razón de que esos oficiales vayan a ser sancionados por expresar sus opiniones políticas, siendo que otros lo han hecho y andan tan campantes. La diferencia estriba en que estos últimos se han manifestado en apoyo al régimen del “proceso revolucionario”, en tanto que los primeros han consignado sus opiniones adversos al mismo, pronunciándose por el rescate del Estado de Derecho y la vigencia del poder civil, así como también por el pleno ejercicio de las garantías y libertades que consagra la Constitución junto con la separación de los poderes públicos, cuya autonomía e independencia se encuentran cuestionadas por estar sujetos aquellos al dominio absoluto del jefe del Estado, vale decir, del Poder Ejecutivo.
