La Participación Política, la Gobernabilidad y el Ciberespacio:
La cibernética y, en especial, la interconectividad y comunicación multilateral disponibles a raíz del vertiginoso desarrollo de Internet y el previsible advenimiento de la televisión interactiva acoplada al «ciberespacio» ofrecen un medio sin precedentes para apoyar múltiples modalidades de participación política a la vez que se perfilan como un nuevo locus para la participación ciudadana con un potencial incalculable para aumentar la capacidad de la sociedad civil para incidir en las estructuras y políticas públicas.
Estos desarrollos permiten a los ciudadanos acceder, desde sus casas o desde lugares públicos, a una inmensa cantidad de información de toda índole, incluyendo información sobre las actividades y las agendas de las distintas dependencias del Estado, así como la documentación necesaria para formarse una opinión sobre las decisiones públicas tomadas o por tomar. Pero lo que es mucho más importante y lo que distingue esta tecnología de los medios de comunicación de masas, es que los ciudadanos tienen la posibilidad de intervenir y participar en la formación de las políticas, bien sea como individuos, bien sea como integrantes de grupos preexistentes o virtuales, es decir, formados a raíz de las afinidades descubiertas a través de las comunicaciones en el ciberespacio y las facilidades para la organización y movilización que éste brinda.
Han surgido, por ende, nuevas posibilidades para proporcionar información oportuna sobre las actividades, propuestas y decisiones de los diversos niveles y ramas del gobierno a la población y se ha facilitado la transmisión de demandas, preguntas y opiniones de la sociedad civil hacia el sector público. Pero, además, estas posibilidades han dado lugar a la creación de nuevos espacios o loci y nuevas modalidades de participación ágil, tanto en los niveles regionales y municipales como en el nivel nacional, en relación con las actividades de determinadas dependencias o con algún aspecto particular de las políticas públicas. De hecho, si bien Internet representa una verdadera revolución tecnológica, ofrece la posibilidad de recrear la participación propia de la democracia directa en la ágora o el cabildo pero en ámbitos espaciales y temáticos más amplios por parte de ciudadanos geográficamente dispersos y, a la vez, interconectados y bien informados.
Por una parte, la cibernética e Internet reducen los costos de transacción de la acción colectiva, que incluyen los costos de comunicación, coordinación e información, gracias a la velocidad y el costo de la comunicación en comparación con otros medios; a su carácter policrónico, que permite la comunicación asincrónica y no obstante también da cabida a la sincrónica y su capacidad de automatizar muchas tareas rutinarias. Pero quizás lo más importante es la manera como Internet conecta a las personas y las organizaciones: en contraste con conexiones «uno-a-uno» (reuniones cara a cara, conversaciones telefónicas [exceptuando las conferencias] o envíos de fax) y con las conexiones «uno-a-muchos» que brindan los medios de comunicación masiva, Internet conecta «muchos-a muchos». «Los medios «muchos-a-muchos» combinan la calidad personal e interactiva de los medios uno-a-uno con la capacidad de transmisión de los medios uno-a-muchos. Cada parte es un emisor, un receptor y un transmisor.»
Estos atributos contribuyen a promover la formación y eficiencia de los grupos ciudadanos y facilitan el reclutamiento y la preservación de sus miembros. Así mismo propician la participación de individuos que no disponen del tiempo o la voluntad para asistir a reuniones, que rechazan las comunicaciones uno-a-muchos de las organizaciones políticas jerárquicas y/o que no se sienten representados por las instituciones de la democracia representativa que a menudo limitan la participación al evento electoral.
Con el desarrollo de herramientas cada vez más amables para el usuario, se reducen las barreras tecnológicas que circunscribían la utilización de Internet a los «iniciados». La expansión de los multimedia que integran texto, imagen y voz u otro sonido ponen la Red al alcance de los más diversos sectores socio-culturales. Las posibilidades que brinda a los individuos y grupos para obtener información, para actuar y para hacerlo por su propia cuenta, sin las mediatizaciones de las organizaciones intermedias ni de los medios de comunicación de masas, convierten la Red en un recurso importante para la «potenciación» de los ciudadanos, que les permite liberarse de los patrones tutelares-asistenciales típicos de nuestros países. Debido a estas notas, así como la misma estructura de Internet, que ha sido caracterizada como «una anarquía que funciona», ésta se perfila como uno modelo alternativo de organización social que, al mismo tiempo, tiene el potencial de complementar y fortalecer las cuestionadas instituciones de la democracia representativa.
Internet como oportunidad y como reto del sistema político venezolano
Es de sobra evidente que Venezuela atraviesa una crisis de gobernabilidad. Si bien es cierto que se trata de un fenómeno mundial, atribuible, en parte, a la incapacidad de los gobiernos para dar respuestas a los múltiples problemas que los ciudadanos les reclaman y la creciente inconformidad de éstos con su reducida capacidad — real o percibida — para influir en las decisiones sobre políticas públicas, también es cierto que en Venezuela la crisis de gobernabilidad ha asumido proporciones dramáticas en el último quinquenio.
Puesto que el país atraviesa una crisis multidimensional, magnificada por una severa crisis económica y por las marcadas y crecientes penurias y desigualdades sociales, puede parecer inoportuno, o por lo menos sorprendente, proponer la promoción y utilización de Internet como un objetivo prioritario del sistema político. Sin embargo, resulta procedente y quizás hasta imprescindible.
Una reciente encuesta de cultura política muestra que, además de la importancia que otorga a la justicia, la seguridad, el desarrollo económico, entre otros, el 77% de la población urbana en Caracas, Maracaibo y Mérida reclama una democracia más participativa. La participación de los ciudadanos es un objetivo prioritario para 34% de los encuestados y figura entre las primeras cinco demandas de todos los sectores socioeconómicos, excepto el más bajo y el más alto. La gobernabilidad aparentemente está estrechamente relacionada con la participación. Y si bien se han promovido diversos medios para ampliar la participación (la reforma constitucional, los referenda, las elecciones primarias, la transferencia de ciertas competencias a las organizaciones no-gubernamentales, inter alia), es preciso buscar alternativas adicionales, entre las cuales Internet ofrece ventajas especiales debido a las características reseñadas en las páginas anteriores.
La población que se siente alienada e impotente ante las políticas gubernamentales no está limitada a los sectores marginales. De hecho, además de los datos que proporciona la encuesta citada, se evidencian niveles cada vez más altos de abstención y desafiliación partidista entre los profesionales de clase media y, en especial, los jóvenes educados, que aparentemente no encuentran canales idóneos para la participación a través de las instituciones tradicionales. Son ellos, por lo demás, los que tienen mayor interés en y acceso al mundo de la computación.
Al mismo tiempo, el mundo de Internet esta en expansión, inclusive en la Venezuela contemporánea. En la actualidad, se estima que hay aproximadamente 15,000 computadoras conectadas a Internet a través de Reacciun (el servicio público del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas) y de los diversos proveedores privados, sin contar aquellos que solamente utilizan el correo electrónico. En muchos casos, sobre todo en las universidades y algunas empresas, numerosas personas pueden acceder a Internet a través de cada conexión. Tomando en cuenta la gran cantidad de computadoras en Venezuela, la importación de módems para lograr la conectividad y las computadoras con modem que se siguen vendiendo a pesar de la crisis, se prevé crecimiento exponencial de usuarios, pronóstico que se refleja en la proliferación de proveedores privados deseosos de aprovechar la incapacidad de Reacciun de cubrir la demanda. Cada vez más, diversas instituciones públicas y privadas se disponen a ubicar sus páginas en Internet. Aunque las universidades y los institutos de investigación están en primer lugar, otros, como la Biblioteca Nacional, Pdvsa, el Conac, Amnistía Internacional y, más recientemente, el Congreso Nacional están haciendo actos de presencia. La colocación de El Nacional y El Universal en la Red y la aparición de Venezuela Analítica son otros indicios de este crecimiento. A todas luces, aquí, como en tantas otras partes del mundo, parece tratarse de un proceso irreversible.
En este contexto, pues, Internet se perfila como una oportunidad que puede y debe ser aprovechada por las instituciones de gobierno, los partidos políticos, los sindicatos y la sociedad civil. Existen, sin embargo, diversos factores que pueden obstaculizar la utilización de este espacio para ampliar y profundizar la participación ciudadana y mejorar la democracia. Para que la Red pueda realizar su potencial en Venezuela los actores del sistema político deben enfrentar por lo menos tres retos.
El reto de la información. El conocido hecho de que la información da poder ha sido utilizado en múltiples ámbitos de la vida social y política para afianzar la dominación. Así, el poder ejecutivo, las cúpulas de los partidos políticos e inclusive el poder legislativo han limitado el acceso público a la información o, como mínimo, se han preocupado poco por facilitarlo o promoverlo, salvo cuando la publicidad responde a los intereses de la institución.
En el sector público, la burocracia es quizás la institución que más ha basado su dominación en el principio del «secreto oficial» o, más «inocentemente», en la constitución de múltiples trabas y laberintos que obstaculizan el acceso del ciudadano a las decisiones, normas y políticas adoptadas, trabas que en Venezuela se consagran en la Ley Orgánica de la Administración Central (art. 54 y 55). Aunque la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos prevé el acceso a expedientes y la publicación de actos administrativos de carácter general en la Gaceta Oficial (art. 59 y 72), ello involucra costos de tiempo o de disponibilidad. De hecho, a menudo resulta difícil obtener la información más elemental sobre el funcionamiento de las dependencias o las estadísticas que manejan; la misma Gaceta Oficial tiene una circulación limitada. En ningún caso se contempla garantizar o facilitar el acceso del público a los proyectos de normativas, políticas o programas.
La participación requiere información y la participación a través de Internet presupone que la información disponible es tan completa como sea posible y que se puede adquirir con suma facilidad, lo cual indudablemente puede constituir una amenaza al poder de quienes la han controlado hasta el presente. Aunque el Proyecto Platino que desarrolla la Oficina Central de Estadística e Informática prevé la interconexión entre las distintas dependencias del Estado a fin de compartir información y, posteriormente, el acceso público a las bases de datos, todavía está por ver qué tipo de información quedará incluida y cuán amplia será la apertura a la sociedad civil. La página que está construyendo el Congreso Nacional en la Red está en sus comienzos y es demasiado temprano saber que información abarcará; lo mismo se puede decir de los gobiernos regionales y municipales que han manifestado su interés en este medio. No se tienen noticias de partidos políticos o sindicatos que se hayan siquiera propuesto ampliar la participación de sus afiliados a través de Internet.
Para que Internet pueda realizar su potencial como medio de promoción de la participación, los actores en el sistema político, incluyendo las ONG, tendrán que enfrentar el reto — y el posible costo — de proporcionar información cabal y ágil al público.
El reto de la comunicación. Sin embargo, como ya se señaló, Internet no es solamente un medio para reforzar las modalidades tradicionales de participación: es más bien un nuevo espacio para la participación. Y, a diferencia de los medios de comunicación masivos basados en conexiones uno-a-muchos, genera — o debe generar — conexiones muchos-a-muchos. Eso significa que su potencial no se agota en la información, sino que abarca la comunicación entendida como el intercambio de mensajes en dos y más direcciones.
La comprensión de esta característica específica de Internet ha resultado difícil para los políticos en otros países. Existe la tendencia, quizás nutrida por el ya anacrónico término «autopista de la información», de concebir el medio como una versión alternativa de la televisión o de la prensa, concepción que conduce a la elaboración de páginas publicitarias con fotografías los políticos, su curriculum y eventualmente sus promesas y slogans de campaña o un resumen de los logros de su gestión, sin considerar que se puede tratar de una nueva modalidad de consulta y, más aun, de un nuevo locus de participación política que permite el diálogo y el coloquio «comunitario».
Existe, por ende, el reto de aprovechar el potencial de Internet para propiciar la comunicación, no solamente la información (o publicidad) unilateral, y concomitantemente, para escuchar y procesar los insumos. Ello significa, como ya se sugirió en la sección anterior, que es preciso que el publico tenga acceso no sólo a las decisiones ya tomadas, sino también a los proyectos que están bajo estudio y que lo tenga con suficiente anticipación para que exista la posibilidad real de responder e incidir en la decisión pendiente. De lo contrario, se corre el peligro de que la «consulta» se reduzca a un gesto simbólico y eventualmente manipulativo, agravando así el sentido de impotencia de los ciudadanos y, por ende, la crisis de la gobernabilidad. Los actores del sistema político acostumbrados a los flujos de información de arriba hacia abajo tendrán que enfrentar el reto de crear y aprovechar canales de comunicación de abajo hacia arriba y de comprender las implicaciones de las conexiones muchos-a-muchos.
El reto de la desigualdad. Por último, es preciso abordar el reto de la desigualdad que involucra y puede agudizar esta nueva modalidad de participación. En efecto, como lo muestra un proyecto que investiga las implicaciones del ciberespacio para la participación política en los Estados Unidos, la expansión de la participación a través de estos medios no necesariamente conlleva la ampliación significativa del universo de participantes, sino que, en gran medida, atrae a los que siempre han tenido la motivación y las posibilidades para participar y ahora lo hacen utilizando los nuevos canales y espacios. El perfil de los participantes manifiesta un marcado sesgo cultural, económico, generacional, sexual y racial. A la luz de las posibilidades de potenciación individual y colectiva que brinda este espacio, es posible que llegue a agravarse la desigualdad social al profundizarse el abismo entre los que pueden y saben manejarse en este mundo y tienen acceso a todo lo que ello implica y los que quedan excluidos de él, anclados a los patrones mentales y laborales propios de la revolución industrial, en virtud de lo cual se podría tender a crear sociedades biclasistas.
Semejante pronóstico apunta a la necesidad de tomar medidas para que los sectores tradicionalmente marginados tengan la oportunidad de acceder a este espacio que quizás, por paradójico que suene, resulte más accesible que muchos de los canales de participación existentes, especialmente si se llega a fusionar con la televisión interactiva. Tales medidas pueden incluir la ubicación de terminales y «kioscos cibernéticos» en lugares de acceso público (escuelas, bibliotecas, centros comerciales, hospitales, iglesias etc.), así como la creación de servicios tales como los «freenet» patrocinados por asociaciones civiles sin fines de lucro que proporcionan acceso gratuito a Internet a cualquier miembro de la comunidad que lo necesite.
Aunque Venezuela parece estar todavía lejos de la situación descrita, si en efecto el proceso es irreversible, no es demasiado temprano para estar adelantando medidas en este sentido. De hecho, en vista de las profundas desigualdades que caracterizan esta sociedad y el hecho de que el «boom» de Internet está todavía en sus comienzos, éste parece ser el momento propicio para orientar su desarrollo futuro, pues de lo contrario se corre el peligro de que el acceso quede limitado a los universitarios y los que pueden pagar las todavía altas tarifas de los proveedores privados.
El Proyecto Platino ya nombrado contempla ofrecer algún acceso a los particulares en el futuro y éstos ya pueden acudir a la Biblioteca Nacional y a las universidades. Tratándose, sin embargo, de un publico restringido, es preciso tomar previsiones para ampliarlo e incluir los sectores marginados. A tal efecto, existen medidas y proyectos que podrían ser desarrollados por el gobierno en sus distintos niveles y por otras organizaciones políticas así como por las ONG y por diversas instituciones del sector privado. En este sentido, el Congreso, los despachos ejecutivos, las gobernaciones, las asambleas legislativas, las alcaldías y los consejos municipales, así como los partidos políticos y los sindicatos, pueden promover o apoyar programas para ampliar el acceso ciudadano a Internet en sus propios locales o en distintos tipos de instalaciones comunitarias a un costo relativamente modesto, sobre todo si Reacciun fortalece su capacidad como proveedor o, eventualmente, si los permisos que el gobierno debe otorgar a las empresas de televisión por cable o a los proveedores privados se condicionaran a la prestación de una cuota de servicio económico o gratuito. En Caracas, el Metro, que sólo utiliza una fracción de los cables de fibra óptica ya colocados y cuenta con instalaciones seguras y respetadas por la población, podría una opción para la ubicación de kioscos cibernéticos accesibles para todos. El Museo del Niño y los programas que desarrollan ciertas ONG, como por ejemplo las Escuelas de Excelencia del Dividendo Voluntario para la Comunidad, podrían incorporar tal acceso a un mínimo costo adicional.
Estas opciones afortunadamente no agotan las posibilidades y se ofrecen aquí como una muestra destinada a estimular la reflexión y la creatividad en las instituciones públicas y privadas a fin de reducir el riesgo de que Internet agudice aun más las profundas desigualdades sociales. A la luz de todo lo expuesto en este artículo, evidentemente no se trata de restringir este espacio en aras de una mayor igualdad, sino de asumir el reto de buscar, desde ya, maneras de garantizar que el acceso al mismo se extienda a los sectores tradicionalmente excluidos del disfrute de los bienes materiales, culturales y políticos de esta sociedad.
En conclusión, es indudable que Internet tiene el potencial de promover más y mejor democracia; la realización de ese potencial en Venezuela, empero, dependerá en gran medida de la disposición y la capacidad de los actores políticos y sociales para hacer frente a los retos que plantean la información, la comunicación y la desigualdad.
