La nueva política informativa
¿Qué tienen en común Aló, Presidente, en radio; De frente con el Presidente, en televisión y El Correo del Presidente, en prensa escrita? Respuesta: los tres son recursos mediáticos, financiados total o parcialmente por el Estado venezolano, que se encuentran al servicio del Presidente de la República para llevar adelante una nueva política informativa consistente, identificada, entre otros aspectos, por lo siguiente: acentuación del personalismo; fomento del proselitismo político; e impulso a las prácticas demagógicas y populistas.
Si se comparan las viejas prácticas informativas de los gobiernos del llamado peyorativamente período puntofijista, que nunca llegaron a traducirse en reales políticas de Estado en ese campo, con lo que se observa hoy día en ese mismo particular, es fácil concluir que nos encontramos muy cerca de una nueva demostración de las pretensiones autoritarias del primer Magistrado y, esta vez, en un nivel de extrema sensibilidad como lo es el relativo a la información que, en una democracia auténtica, representativa y participativa, merece un tratamiento, de tal naturaleza, que la ciudadanía, en su conjunto, no sólo tenga garantizado el libre acceso a los diversos medios de comunicación existentes, sino también una genuina participación en los mismos. Esta es, si se quiere, una de las tantas aspiraciones en ese plano que gran parte de las sociedades modernas reclaman de sus respectivos gobiernos, o sea, la adopción de políticas nacionales de comunicación que garanticen la libre expresión del pensamiento y fortalezcan los mecanismos democráticos en el área, por ejemplo.
Sin embargo, no es ese el rumbo que tiene trazado el actual régimen venezolano, puesto que los recursos a los que se hace alusión al comienzo del presente comentario, sirven fundadamente para respaldar las ambiciones personalistas del jefe del Estado y, por supuesto, para contribuir al establecimiento, sin trabas y obstáculos de ninguna clase, del proyecto político suyo, aún en vías de cristalización, puesto que se encuentra sujeto al resultado final de las deliberaciones que llevará a cabo la prevista Asamblea Nacional Constituyente la cual, al dictar un nuevo texto constitucional, deberá tomar en cuenta los principios que marcan una política informativa de contenido democrático, bien distante por cierto de esta experiencia de utilizar los medios gubernamentales disponibles en tareas que no se corresponden con su propia índole, a punto tal que deben considerarse como desviaciones de sus fines específicos lo ya apuntado al respecto: acentuación del personalismo (evidente en las tres iniciativas); fomento del proselitismo político y del ventajismo electoral; y por último, impulso a las prácticas demagógicas y populistas. Todo ello, comprobable con la mayor facilidad, oyendo semanalmente los programas de radio y televisión ya citados, a los cuales se ha venido a agregar ahora el medio impreso igualmente mencionado al inicio, que no oculta, a través de sus páginas, la función de instrumento de propaganda que se le ha asignado en la ejecución y satisfacción de los designios presidenciales.
El lector exigente puede llegar a cuestionar el hecho de que, en este corto comentario, se insista en mostrar únicamente tres de los aspectos negativos de la nueva política informativa, vinculándolos estrechamente a las tres iniciativas promocionadas, sin aludir a lo que de positivo pudiera contener la misma, pero la intención es clara: se trata de recursos mediáticos del Estado venezolano que disponen de fuentes de financiamiento mayoritariamente provenientes del sector público, a los cuales se les ha señalado una misión distinta a la que les toca cumplir en una sociedad democrática, libre y plural, que debe estar abierta a todas las expresiones y manifestaciones que contribuyan a sostener y robustecer el derecho a la información.
