La nueva Inquisición
La nueva Ley de Inteligencia y Contrainteligencia (la «LIC») ha hecho renacer la Inquisición. Se trata de un instrumento que persigue y destruye lo mucho que se ha logrado con el sistema acusatorio, de rango constitucional, que sustituyó al sistema inquisitivo que preveía el Código de Enjuiciamiento Criminal, llevado hasta los extremos por la corrupción, las malas prácticas, la mala fe, los errores y la ignorancia.
La LIC nos retrocede hasta los tiempos de Fernando el Católico (1.492) cuando se estableció la Santa Inquisición y se legalizó la denuncia anónima para perseguir a los herejes y enemigos de la Fe. El propio Vaticano ha reconocido las injusticias y desmanes que se cometieron. La denuncia anónima es algo peor que la fatídica «notitia criminis» mediante la cual se linchaban reputaciones y más de uno perdió su libertad.
Asimismo, la LIC nos retrocede al Absolutismo mediante la instauración de un sistema de persecución penal hecha por un poder omnímodo, sin control jurídico alguno de parte del Ministerio Público, del Poder Judicial o del Parlamento. Es decir, solo priva un criterio (¿?) político, sin cortapisas, racionalidad, objetividad, imparcialidad, objetividad ni contrapesos algunos.
Los países modernos tienen leyes que regulan los servicios de inteligencia y contrainteligencia en procura de la seguridad del Estado. Sin embargo, se limitan a producir información, analizarla o contraponerla, cuando esta sea inconveniente, no para producir pruebas incriminatorias contra ciudadanos o instituciones. Además, la LIC legaliza y considera «prueba técnica» cualquier cosa que «encuentren» o siembren los investigadores.
Ya teníamos bastante con la Ley contra la Delincuencia Organizada (la «LOCDO») que criminaliza «a las personas jurídicas, con exclusión del Estado y sus empresas» (sic), para servir de plataforma al corrupción y al abuso, para agregar ahora este nuevo bodrio que legaliza cualquier cosa que hagan los funcionarios. Si uno revisa el derecho comparado, sus leyes en la materia solo tipifican delitos de funcionarios abusadores, al contrario que la LIC que castiga a ciudadanos que no cooperen a con las exigencias de funcionarios «secretos» y revelen información «clasificada». El secreto sumarial era algo tímido, si se compara con esto.
La LIC destruye (que es algo más que violarlos) derechos humanos consagrados en Tratados Internacionales, por lo que el Estado venezolano podría ser acusado ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y otros espacios internacionales, al incumplir el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
También, la LIC conculca las garantías y derechos previstos en el COPP, a la CRBV de 1999 y ratificada en 2007 y, lo que es peor, sustituirá al Estado de Derecho y de Justicia por la nueva Inquisición y, de paso, sembrará la discordia entre los venezolanos.
