La libertad de expresión: ¿cómo acabarla?
Los alabarderos del régimen se ufanan de la, según ellos, amplia e irrestricta libertad de expresión que existe en la Venezuela de Hugo Chávez. De paso, acusan a la oposición de intransigente y desleal porque no admite que el Gobierno, en sus casi nueve años de ejercicio, ha respetado con celo franciscano ese derecho constitucional. Lo que ocurre, insisten, es que la oposición confunde libertad con libertinaje e injuria, y esto último no puede admitirlo la revolución. A partir de este enfoque justificaron en su momento la aprobación de la Ley Resorte y, ahora, el cierre arbitrario de RCTV. Si no existiese ese margen tan generoso de amplitud, señalan, no operaría Globovisión, ni habría la posibilidad de escuchar los punzantes comentarios de Marta Colomina o leer los agudos análisis de Armando Durán, por ejemplo. Ocultan ex profeso el hecho de que el régimen, además de que no ha podido silenciar la vocación contestataria del país, necesita mantener esa fachada tolerante por razones endógenas y geopolíticas. De allí que le resulte indispensable al jefe de Estado la existencia de esos islotes de libertad y esas personalidades valientes que asumen públicamente la lucha frontal contra el “proceso”.
El proyecto totalitario de Hugo Chávez, desde su nacimiento ha tenido que lidiar con el problema de la libertad de comunicación. El comandante busca el poder absoluto, pero ¿qué hacer en un país donde el antiguo golpista pudo transmitir en vivo y directo a través de los medios informativos, y sin ninguna restricción previa, el mensaje en el cual admitía su derrota militar, pero quedaba proyectado como figura nacional?; ¿cómo actuar en una sociedad que condenó a un Presidente de la República luego de una denuncia que apareció por primera vez en un periódico? El dilema no le ha resultado sencillo de dilucidar.
El reto se lo han planteado en los siguientes términos: ¿cómo imponer una nueva hegemonía, cuyo norte reside en aplastar la democracia en todos los terrenos, sin destruir completamente la libertad de expresión, uno de los signos emblemáticos del sistema democrático? La respuesta que le ha dado a esta disyuntiva cubre un amplio espectro que va desde el terrorismo de Estado, con la subsiguiente intimidación y chantaje a periodistas, editores y dueños de medios, hasta el cierre de RCTV, la compra y estatización de diarios, emisoras de radio y estaciones de televisión. Salvo asesinar comunicadores, como ocurre en otras latitudes, todas las demás acciones que conducen a coartar la libertar de prensa han sido ensayadas.
El artículo 57 de La Constitución de 1999 consagra la libertad de pensamiento, ideas y opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión. Para ello se puede hacer uso de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que exista la censura. Muy bien. Amparados en estos preceptos, en 2004 casi 3 millones y medio de venezolanos pidieron con su firma la realización del referendo revocatorio. La lista de esos nombres cayó en manos del diputado Luis Tascón. A partir de ese momento se transformó en el instrumento de persecución política, discriminación y exclusión más pavoroso que haya conocido el país. El ejercicio de un derecho se convirtió en la tumba de millones de personas que desde aquel momento perdieron sus empleos, o no pudieron trabajar o contratar más con organismos del Gobierno.
Dotado de la poderosa chequera petrolera, el régimen decidió conquistar la “hegemonía comunicacional” de la que habla Andrés Izarra, a partir de la clausura de RCTV y su sustitución por TVES, y de la modernización y ampliación de la señal de Venezolana de Televisión y de VIVE TV. Además controla La TELE. A estas plantas que funcionan como instrumentos de propaganda del Gobierno, hay que agregar la sospechosa neutralidad de Venevisión y Televén, que guardan un cómplice silencio frente a los desbarros y graves desaciertos del Gobierno. En el campo de las señales televisivas el teniente coronel cuenta con el abierto apoyo o la discreta colaboración de la mayoría de las estaciones que operan en el país. En las estaciones que integran su feudo no existe libertad de expresión. Se entronizó el pensamiento único.
En la esfera de las comunicaciones radiales ha ocurrido un fenómeno parecido. La mayoría de las emisoras que transmiten en ampliación modulada, AM, tanto en Caracas como en la provincia, han pasado a manos del Gobierno. A este volumen hay que añadir las radios comunitarias, que si bien poseen un alcance limitado y muy poca audiencia, reciben respaldo financiero del sector público para que funcionen como amplificadores de la política oficial.
Con la misma fuente de petrodólares el régimen ha comprado algunos periódicos, como el Diario de Caracas, reconvertidos en pasquines al servicio del “proceso” y que se distribuyen gratuitamente en sitios de alta concentración, como el Metro de Caracas. Además el Gobierno financia a VEA, su órgano escrito oficial, y estableció una alianza con la Cadena Capriles, lo cual permite que un periódico de tanto arraigo popular como Últimas Noticias, se haya convertido en el órgano oficioso del Gobierno.
Aunque el terrorismo de Estado forma parte del diseño adoptado por el Hugo Chávez para cercenar la libertad de expresión, conviene entender que la estatización y gubernamentalización en gran escala de los medios de comunicación, forma parte esencial del propósito orientado a destruir la democracia y la oposición, preservando la fachada de libertad que en la actualidad exigen los organismos multilaterales y la comunidad internacional globalizada.
En todos los medios del régimen, como diría Zapata, eres libre de expresarte sólo si piensas como el comandante. Es decir si eres rojito rojito.
