La Ley del sistema Nacional de Inteligencia
La ley del Sistema Nacional e Inteligencia, recientemente aprobada por la Comisión Legislativa Nacional o Congresillo y devuelta por el Ejecutivo, denota el desfase institucional existente en la denominada V República. Es incomprensible, que una ley que fuera redactada y presentada por este Poder, luego de su aprobación, sea devuelta por inconveniente. ¿Es seria esta acción o es falta de seriedad e inmadurez de los personeros que asumen el rol de técnicos y legisladores?.
En lo profundo, es imposible pensar, como se ha dicho, que quiera o se intente refundar la República comenzando de nuevo, como si surgieran nuevas ideas, nuevas teorías y nuevos conceptos, que cual parto nuevo de a luz nuevos hombres. Es por no decirlo con mayor énfasis, una terquedad estúpida que amolda la indicada inmadurez. Nadie, a no ser por insensatez, puede pensar que los cambios o revoluciones pueden partir de cero.
Sobre el tema que nos ocupa, no podemos dejar de reconocer, que Venezuela ha avanzado en materia de teorías sobre seguridad nacional. Prueba de ello es que, desde hace 30 años existe el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (IAEDEN), donde año tras año incursionan venezolanos de alta calificación profesional, incluyendo coroneles y capitanes de navío de la Fuerza Armada, todos con potencial para el mas alto liderazgo del Estado, quienes infieren sobre los temas generales de la actualidad nacional e internacional, incidentes en la seguridad interna y externa de las naciones. Así mismo, la existencia de un ente del Estado del mas alto nivel, nunca reconocido en su dimensión, anteriormente denominado Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, hoy establecido en la nueva Constitución como el Consejo de Defensa de la Nación, el cual fue dotado de un ente investigador y materializador de las políticas y diseñador de estrategias en las materias de Seguridad y Defensa, cuya Secretaría ha fungido como órgano permanente para denotar su existencia, la (SECONASEDE), hoy SECODENA. Ente al que nunca se le ha dado el verdadero sentido de su función, ni se ha utilizado, cuando ha sido necesario tratar estas materias, tal es el caso que exponemos.
Pareciera entonces una paradoja, por lo innecesario y elemental, que el Congresillo, sin dominio de la materia y con una asesoría de personas sin experiencia ni erudición, hayan obviado los entes antes nombrados, procediendo a formular y aprobado una ley, cuyo título por si solo denota la impericia en la materia: la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia, que de sistema no tiene nada y mucho menos de inteligencia. Pero no es solo la semántica y la insuficiencia de contenido lo que afloran como fallas en este proyecto, que bien pudiera calificarse de engendro jurídico-administrativo, por cuanto viola las mas elementales normas y principios de estas dos ciencias sociales, básicas y necesarias en el ejercicio del gobierno, sea cual fuere su detentor. Pero de mayor gravedad, es que desestima y viola conceptos, principio y normas contenidas en la nueva Constitución.
Es increíble, por no decir sorprendente, que personas que han asumido el rol de legisladores, admitan un esperpento como el presentado como proyecto y sin ninguna cautela lo hayan transforma en ley, solo por complacer a gestores autoasumidos como sabios y poseedores enciclopédicos de los principios científicos y teorías, tratados por las ciencias jurídica, administrativa, política y comunicacional, entre otras, que regulan las materia relativas a: sistemas, inteligencia, seguridad, estrategia, defensa y servicio.
Hay que reconocer, que la seguridad cuando se refiera al Estado-nación, es una materia puntillosa, que a pesar de su desconocimiento generalizado, es criticada, se analizada y razonada, considerando solo algunas de sus aristas, sin tomar en cuenta la multiplicidad de facetas que van inmersas en su contenido.
Refiriéndonos a la ley aprobada y rechazada por el Ejecutivo, no podemos dudar sobre la necesidad operativa de la Inteligencia, inclusive de la estratégica, que en el caso que nos ocupa, debe ser manejada en un nivel superior del gobierno, por cuanto ella es fundamental en la toma de decisiones que requieren acciones estratégicas. Pero no es como se piensa, una simple búsqueda y análisis de informaciones para operaciones policiales, aunque nos estemos refiriendo al máximo cuerpo policial del Estado, sin involucrar a las fuerzas armadas, pero lamentablemente entre nosotros, el concepto de inteligencia se ha devaluado, al extremo de llamar cuerpos de inteligencia a unos simples órganos policiales dedicados al chisme político o corporativo. Tal es el caso de la DISIP actualmente existente.
Pensamos, que el proyecto o ley aprobada, en su contenido es un arroz con mango, donde se mezclan principios jurídicos, conceptos, instituciones, órganos, funciones y actividades que no guardan ni relación, ni coherencia, ya que es imposible entender científicamente el lenguaje coloquial con el cual fue redactado, que a simple vista denota apresuramiento y elusión del conocimiento científico, para dar paso al capricho de personas que, no solo desconocen la materia, sino que intentan desplazar y sustituir las normas y los organismos que, durante muchos años de estudio y experiencias, han logrado integrar un sistema de seguridad nacional, apegado a las experiencias autóctonas y a las normas internacionales, necesarias en un mundo globalizado como el de hoy.
No se entiende, como alguien puede pensar en la organización de un sistema nacional de inteligencia, fundamentado en organismos o entes estancos diferenciados por ministerios u otras organizaciones. Pareciera, que se pensara en el descubrimiento de delincuentes o posibles delincuentes en la comisión de delitos de divulgación de informaciones sobre las materias energética, económica, ambiental, exterior (sic), defensa (sic) e infraestructura.
Es de gravedad extrema y lastimoso, no saber diferenciar seguridad de inteligencia, exponiendo en una ley a la inteligencia como el continente y a la seguridad como contenido, todo lo contrario al concepto científico universal. Por ello, no entendemos como unos venezolanos, legisladores de la provisionalidad, aprueben con tanta premura una ley, donde se confunde el concepto de Inteligencia, con la función que le fuera asignada a la DISISP en su creación. Y que, acepte, como aparece en el proyecto aprobado, la seguridad como materia secundaria adaptada el concepto policial, olvidando o desconociendo, que es la SEGURIDAD la razón de ser de los órganos y de las operaciones necesarias para su cumplimiento, entre ellas las de inteligencia.
Sobre Inteligencia y sobre Seguridad se habla y se especula mucho, pero nos parece extraño, que se tienda a normar por separado la inteligencia y la seguridad como funciones policiales.
No creemos, que el Congresillo desconozca la existencia de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa, que desde 1976 es la rectora de la materia y se mantiene la expectativa de su reforma. Este instrumento legal es el que ha contenido y debe contener todo lo inherente a la seguridad del Estado, donde indiscutiblemente se incluyen la inteligencia incluyendo a la militar; la seguridad desde el punto de vista de la defensa, siendo con base a esta ley como debe organizarse el Sistema o Servicio de Seguridad Nacional y, en el fondo, constituye la única avanzada nacional para lograr la justificación constitucional de la igualdad de venezolanos y extranjeros en la defensa nacional y el freno al Derecho Internacional en la materia, tal como lo pauta la nueva Constitución.
En lo particular e interno, ha sido un error hasta hoy, mantener de manera aislada y separada la seguridad y la defensa del resto de seguridad del Estado. Por el contrario, debiera de una vez por todas organizarse el Sistema Nacional de Seguridad sobre la base de una nueva Ley de Seguridad y Defensa, y establecer como requisito para la rectoría de los organismos de seguridad del Estado, ser egresado del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, que es el único organismo o ente educativo con rango universitario de postgrado, donde se desarrollan estudios inherentes a la materia.
De igual manera, debiera también incluirse en el Sistema, con mucha mas razón, al Consejo de Defensa de la Nación, cuya secretaría debe fungir como ente planificador, engranado al IAEDEN a los fines de que éste se encargue de elaborar la doctrina al respecto. Hay que insistir en que, los verdaderos estrategas del país en materia de seguridad y defensa, se forman en dicho Instituto en cuyo seno cursan, además de los oficiales de las fuerzas armadas en la antesala del generalato, profesionales de diversas disciplinas. Todos en conjunto conforman la plantilla de venezolanos hábiles para discurrir en el área de la seguridad.
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