La legisloterapia

El diccionario de la Real Academia Española, define la terapéutica de la siguiente manera: terapéutico, ca. (Del griego. θεραπευτικός).1. adj. Perteneciente o relativo a la terapéutica. 2. f. Parte de la medicina que enseña los preceptos y remedios para el tratamiento de las enfermedades. 3. f. Ese mismo tratamiento. Y la terapia se define como:  -terapia. (Del gr. θεραπεία). 1. elem. compos. Med. Significa ‘tratamiento’. Hidroterapia, inmunoterapia, quimioterapia.

Venezuela a lo largo de su historia, como cualquier otra nación, ha sufrido en diferentes aspectos de su vida o su institucionalidad de numerosos males: dictaduras, corrupción, criminalidad, militarismo, caudillismo, servicios ineficientes, etc.  Y resulta curioso, que una sociedad que por razones históricas se ha caracterizado por su poco apego a la ley, ante cada mal reclamamos la promulgación de una ley, para “erradicar o curar” el mal. Es lo que podríamos denominar una terapia legislativa. El poder curativo o terapéutico de las leyes es una falacia profundamente arraigada en nuestra sociedad. Basta recordar algunas leyes reclamadas por la opinión pública, luego promulgadas por el legislativo, que por supuesto, nunca “curaron” el mal que se suponía debían curar. Y eso ha sido recurrente en nuestra historia. . Somos los inventores de la “LEGISLOTERAPIA”, que la Real Academia deberá, en justicia, poner al lado de hidroterapia, la inmunoterapia, la quimioterpia  y otras terapias similares.

Por ejemplo, basta recordar que ante los insistentes rumores y denuncias de corrupción en el período democrático, las disposiciones del Código Penal se consideraban insuficientes para combatir el “flagelo”. La solución propuesta: una ley. Un tratamiento “legisloterapeútico”. Finalmente y como regalo navideño a los venezolanos, el 23 de diciembre de 1982, se promulgó la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. Las declaraciones alegres y esperanzadoras sobre el fin o por lo menos del levantamiento de una barrera sólida e insalvable contra la corrupción, inundaban las páginas de la prensa y los noticieros de radio y televisión. ¿Cuál fue el resultado concreto? ¿Desapareció la corrupción? ¿Se redujo la corrupción? En absoluto. Continuaron los mismos males. Y los venezolanos siguieron recibiendo en sus casas y celebrando a los corruptos exitosos e impunes.

Y llegaron al poder los reyes de la corrupción, que con la asesoría avanzada en la materia de ese asceta y adalid de la “honestidad ciudadana” (¿?) llamado José Vicente Rangel, consideraron que la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público no era el instrumento apropiado y la asamblea nazional, en otro “esfuerzo legisloterapeútico” promulgó la “Ley Contra la Corrupción”, el 20 de Marzo de 2003. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Que Hugo Chávez y su entorno han roto todos los records históricos de corrupción, no solamente de Venezuela sino de todo el mundo. La voracidad insaciable de la boliburguesía Robolucionaria por el dinero fácil no solamente ha multiplicado por mil las prácticas corrompidas del pasado, sino que ha inventado y patentado miles de nuevas formas de asaltar el tesoro público desde adentro y desde el exterior. PUDREVAL y el control de cambio con su consecuencia, el mercado paralelo o de permuta, son el mejor ejemplo. Su producto: los boliburgueses buchones de dólares.

De la misma manera, podríamos recordar como a mediados de los años noventa el problema de tránsito en las grandes ciudades se había hecho crónico y desesperante. ¿Solución? Una nueva Ley de Tránsito Terrestre, que fue promulgada el 9 de agosto de 1996. Entonces vimos en TV a los ciudadanos esperanzados: “Que bueno, se acabarán los problemas del tránsito”, “desparecerán las colas” y los legisladores robando cámara hablando sobre las bondades de la nueva ley y como solucionaría los problemas del tránsito terrestre!!! Pero por supuesto era habladera de pendejadas, pues no hay ley que sustituya a la construcción de nuevas vías ni al mantenimiento de las mismas ni a instituciones reguladoras del tránsito debidamente administradas y equipadas para tal fin.

Y en Noviembre de 2001 la asamblea nazional robolucionaria, promulgó una nueva ley. ¡¡¡Ahora si carajo que se resolvieron todos los problemas del tránsito que se incubaron y desarrollaron durante de la IV República!!! Jajajaja… ¿Y qué ha pasado? La estructura vial urbana e interurbana prácticamente ha desaparecido. El Metro de Caracas se encuentra en ruinas. Y en consecuencia el  desastre del tránsito terrestre y las instituciones encargadas de regularlo es peor que nunca en la historia patria, a pesar de haber recibido durante varios años sus correspondientes  tratamientos  legisloterapeúticos.

Y en aspectos más graves de la vida nacional, como la justicia penal, la legisloterapia ha sido igualmente ineficiente. El Código de Enjuiciamiento Criminal, inquisidor, vetusto y contrario a los derechos humanos, fue derogado por el último Congreso del Período Democrático el 23 de Enero de 1998 cuando se promulgó el moderno y garantista Código Orgánico Procesal Penal. Parecía que esta terapia  legislativa tendría un efecto inmediato sobre la eficiencia de la justicia penal y el respeto a los derechos ciudadanos. Sus principios: presunción de inocencia, juicio en libertad, publicidad del proceso, oralidad, participación ciudadana, inmediatez, celeridad, libertad por retardo procesal, etc., han sido manipulados y literalmente abolidos por las prácticas corruptas y la sumisión del poder judicial, el poder legislativo y el ministerio público al poder ejeputivo.  Mientras tanto la justicia penal está en coma o presa en la cárcel de mujeres de Los Teques.

Y vino la ley contra la delincuencia organizada, que parece que en lugar de inhibir a los delincuentes les dio ánimo para ponerse a trabajar a “toda máquina” y se han organizado más y mejor, y hasta han tomado el poder con Alí Baba a la cabeza. La ola delictiva ha arrasado a Venezuela durante el mandato del Iluminado de Sabaneta, cobrando más de 150.000 vidas de venezolanos asesinados por el hampa. En todo el territorio nacional impera la “ley del revolver” o mejor dicho de la pistola y las ametralladoras, hoy en manos del hampa gracias a la doctrina de defensa de la Robolución de armar a seguidores para la guerra asimétrica.

Y por supuesto, ya tirios y troyanos tienen la mágica solución legisloterapeútica correspondiente: la Ley Desarme. Y hasta se pelean por su paternidad. Esta semana he visto a importantes dirigentes opositores y relevantes focas, disputarse la paternidad de semejante dislate. ¡Que dirigencia tan simplista o tan demagoga!. Parece que creyeran que una vez promulgado ese adefesio legislativo por el Iluminado, las armas en manos de los delincuentes comenzaran a fluir hacia algún albañal o algo parecido y el hampa quedará desarmada y lo venezolanos podrán salir a la calle sin temor de ser asesinados con un arma de fuego. Es otro engaño a los venezolanos. Esa ley no solucionará ni aliviará el problema de la inseguridad. Los hampones seguirán armados y matando a los venezolanos mientras no haya una política coherente en la materia ni instituciones para llevarla adelante, ni gerentes para desarrollarla, ni recursos para implementarla.

Si las leyes por si solas fueran la solución para la diversidad de problemas que enfrentan las sociedades, viviríamos en el paraíso terrenal. Pero la realidad es que las leyes son letra muerta, papel y tinta, y hoy en la era digital ni siquiera son necesariamente papel y tinta.  De nada sirven sin instituciones y recursos humanos capacitados, sin recursos materiales y financieros y sobre todo sin voluntad política. Y menos aún si no existe un poder judicial independiente dispuesto hacerlas cumplir.

Hoy, a pocas horas de las elecciones legislativas, me atrevo a sugerirle a los futuros legisladores democráticos poner su esfuerzo en el control efectivo de la gestión del ejecutivo; en el restablecimiento de la descentralización y la independencia de los poderes públicos; en el fortalecimiento de las instituciones locales; en el reordenamiento, regulación estricta y examen exhaustivo del manejo de las finanzas públicas; el restablecimiento de la institucionalidad de las fuerzas armadas; erradicar la distorsión de la representación popular;  proscribir la invasión y delegación del poder público en agentes extranjeros y en la investigación y persecución de los hechos de corrupción pasados, presentes y futuros. Igualmente debe ser materia prioritaria el restablecimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos: el derecho a libertad de expresión, el derecho de propiedad, el derecho a la libertad de tránsito, el derecho a la educación libre y en términos globales la recuperación de la seguridad jurídica.