La “justicia revolucionaria”
Al lado de Omar Mora Díaz, nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y de Luis Velásquez Alvaray, presidente de la Comisión Judicial del mismo TSJ, Iván Rincón aparece como un jurista de proporciones siderales. Ya se siente nostalgia por este magistrado que en sus declaraciones y actos públicos se esmeraba en agradar a Hugo Chávez, pero que, al menos, guardaba la compostura a la hora de declarar sobre los casos tratados por el máximo tribunal del país. Apelaba a ciertos malabarismos para tratar de apegarse a la norma constitucional y aparecer ante todo como un abogado que cumple con su deber. Con Mora Díaz (“revolucionario de por vida” y “de izquierda hasta la muerte”) y Velásquez Alvaray (miembro de la dirección del MVR hasta un minuto antes de presentar las credenciales ante el Comité de Postulaciones encabezado por su camarada Pedro Carreño) todas esas sutilezas desaparecieron. El dúo está dispuesto a implantar la “justicia revolucionaria” y terminar de convertir la revolución en “fuente de derecho”, como pregonaba Fidel en 1959 cuando nombra a Osvaldo Dorticós ministro encargado para la redacción de leyes revolucionarias.
La “justicia revolucionaria” es un eufemismo. Una formula tramposa para tratar de ocultar la subordinación del Poder Judicial a los deseos del autócrata o del grupo sectario que asume el Gobierno. Así lo señala la experiencia de todas las revoluciones comunistas o izquierdistas desde los bolcheviques hasta los sandinistas. La “justicia revolucionaria” es una fachada para intentar encubrir los atropellos y desmanes cometidos por el amo o los amos del poder contra los opositores o los simples disidentes. Cada déspota tiene su “justicia revolucionaria”. Stalin, cuyos crímenes aparecen cada vez más documentados, lleva adelante los Juicios de Moscú que le sirven para aniquilar a sus adversarios, reales o ficticios, y acabar con una generación de dirigentes que eventualmente podría disputarle el poder. Mao comete atrocidades durante la Revolución Cultura China cobijado por una “justicia revolucionaria” que obliga a millones de intelectuales a acatar sin chistar las enseñanzas, siempre dogmáticas, siempre simplistas, del presidente Mao y su Libro Rojo. Fidel hace otro tanto. Las confiscaciones de 1959 y 1960 y los fusilamientos en los paredones, se ejecutan teniendo como mampara la “justicia revolucionaria”. En todos estos casos los acusados carecen de defensores independientes, se adulteran las pruebas, los juicios se realizan de forma sumaria, los testigos de la defensa no existen, y se existen se les aterroriza. Este modelo es el que sigue Hugo Chávez. Su revolución hunde raíces en la tradición personalista y autoritaria que acaba con los derechos civiles y humanos conquistados por la sociedad civil en arduas batallas contra el absolutismo desde hace cuatro siglos.
De acuerdo con la “justicia revolucionaria” a todas las personas hay que juzgarlas por sus actos, menos a los adeptos al “proceso”, a quienes hay que juzgar por sus intenciones. Es así como los Pistoleros de Puente Llaguno son héroes, mientras las víctimas del 11 de abril son seres anónimos cuyas muertes quedan impunes. La asonada del 4F, según Mora Díaz, fue una “rebelión”, en tanto el episodio de Carmona Estanca un “vulgar golpe de Estado”. Suspender sin goce de sueldo a los tres jueces de la Corte de Apelaciones que revocaron la medida de prohibición del país contra los 27 imputados de rebelión civil por el respaldo al decreto Carmona, es una medida disciplinaria que adecenta la justicia, en tanto que sobreseer la causa de los golpistas del 4F es un acto de reivindicación moral. Todos los hombre y mujeres inspirados por intenciones revolucionarias y crean que Chávez es la reencarnación de Bolívar, son inocentes a priori. Sus deseos son suficientes para liberarlos de cualquier responsabilidad y todo castigo. Podrán dirigir el Plan Bolívar 2000 y dejarlo en la más absoluta bancarrota. Podrán acabar varias veces con el presupuesto del FUS. Podrán arruinar en repetidas ocasiones el Banco Industrial de Venezuela. Despalillar MERCAL. Tener en su casa máquinas de contar billetes y extorsionar a sus víctimas. No importa. La identidad con la revolución los coloca por encima de toda sospecha. La “justicia revolucionaria” sólo se ensaña contra los oficiales disidentes, contra los gerentes de PDVSA que dieron la cara cuando el giro autoritario apenas se asomaba, contra quienes creyeron en las palabras de Lucas Rincón cuando le anunció a la nación que Chávez recogía sus bártulos y se iba.
Mora Díaz y Velásquez Alvaray son dóciles y eficaces instrumentos en las manos de Chávez. Ambos saben perfectamente que el Derecho sólo puede ser “conservador”, incluso en medio de transformaciones convulsas. El Derecho es norma, regulación, estabilidad, es decir, todo lo contrario a la “revolución”, a los cambios bruscos. El Derecho crea marcos regulatorios. Anticipa y evita el caos. Propicia la confianza porque crea estructuras permanentes y permite que se asienten las instituciones. El “derecho revolucionario” es una contradicción en sus propios términos. Para lo único que sirve es para barnizar el “fraude constitucional” del cual hablar Román Duque Corredor. En Cuba existe una ley para cada fechoría que quiere justificar el tirano que gobierna esa isla desde hace 46 años. ¿Es eso Estado de Derecho? ¡No! Sólo es una inmensa farsa que ya no engaña a nadie, pero que sirve para que la izquierda resentida y atrasada sienta que las formas están cubiertas. Lo mismo quiere hacer Chávez aquí con el nuevo TSJ.
