La justicia de la verguenza
Éste es el peor gobierno de nuestra historia. Su justicia, la más ruin y envilecida. Una pesada carga que habrá que enfrentar urgentemente cuando esta pesadilla se acabe.
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Estos jueces, estos fiscales y este contralor, que en un acto de insólita traición a sus deberes de Estado se han convertido en cómplices de los estupros y violaciones que cometen el autócrata y su camarilla contra un país inerme, nos ponen en una difícil situación. ¿Qué hacer con ellos cuando la ciudadanía consciente y responsable de este país recupere la dignidad de la Nación y le devuelva a la justicia su majestad poniendo en su lugar a ciudadanos honorables, responsables y decentes? ¿Puede una sociedad como la nuestra, recuperada la plenitud de su tradición democrática, convivir con seres que no han titubeado en mentir, falsear, torcer y pervertir la ley y la justicia? ¿Dañando gravemente el tejido institucional y moral del país?
Es cierto: la perversión que corroe a las instituciones atañe no sólo a los órganos de justicia y a los funcionarios encargados de ejercerla. Macula por igual a la alta oficialidad de las fuerzas armadas, convertidas en fuerza de choque y partido político de un proyecto totalitario; a la asamblea, rebajada a aquelarre de la cayapa y la legitimación del crimen; a contralores, a ministros y altos funcionarios, acomodados a la complicidad a cambio del saqueo de los dineros públicos. Pero alcanza el paroxismo de la vergüenza entre quienes tienen el sagrado deber de velar por el irrestricto cumplimiento de la Constitución y las leyes y la obligación irrecusable de imponer el orden por sobre la anomia, la cultura por sobre la barbarie, la legalidad por sobre el desacato. La honestidad por sobre la indecencia.
No se han conformado con asistir insensibles a la obscena proliferación del crimen y a la masificación del más atroz de los actos de lesa humanidad: el asesinato de decenas y decenas de miles de conciudadanos. Las cifras alcanzan cotas dantescas. Estamos ante un auténtico genocidio. Ciento cincuenta mil familias han debido sufrir la tragedia de la muerte de uno o varios de sus hijos, sus padres, sus esposos, sus hermanos. ¿Dónde está represado ese dolor, dónde caben tantas lágrimas? ¿Cómo y dónde hallar compensación?
Bastaría el recuento de ese desastre para avergonzar a la justicia que asiste impávida al derrumbe de nuestra moralidad. Conformándose con alimentar cárceles en las que la miseria humana no tiene límites. Por lo menos un detenido es asesinado diariamente en esos infiernos del horror, ante la apatía, la lenidad y la indiferencia de las autoridades de gobierno. Mientras proclaman la revolución y aspiran a construir el paraíso terrenal. Un caso de hipocresía y doble discurso que ha terminado por envilecer el espíritu de la nación como nunca antes. Pues las dictaduras del pasado no se travistieron de democracias impolutas ni sus persecuciones y estupros contaron con la bendición de ideologías altruistas ni la santificación de jueces, contralores y fiscales. Ni en ellas el crimen se hizo moneda corriente y el asesinato derecho intocable del malandraje.
Ni bajo la feroz dictadura del general Juan Vicente Gómez ni bajo el reinado de Marcos Pérez Jiménez el país sufrió la degradación y el horror que hoy impera bajo el reinado de esta supuesta “democracia participativa y protagónica”. Ni los funcionarios públicos robaron y se enriquecieron en la medida en que hoy lo hacen. Éste es el peor gobierno de nuestra historia. Su justicia, la más ruin y envilecida. Una pesada carga que habrá que enfrentar cuando esta pesadilla llegue a su fin. Pues como bien dice el refrán: no hay mal que dure cien años.
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La cadena se rompe por su eslabón más débil, dice la sabiduría popular. Ha debido ser un jurado compuesto por ciudadanos norteamericanos y un tribunal de justicia de los Estados Unidos quienes tengan que cumplir con un acto de elemental justicia: condenar a un venezolano incurso en innumerables actos de corrupción, enriquecido a la sombra del presente gobierno, cómplice de turbios y muy suculentos negociados en connivencia con sus más altas autoridades – civiles y militares – y puesto por el actual presidente de la república al servicio del encubrimiento de un crimen, como el del transporte de dineros del Estado venezolano para financiar la campaña de la actual presidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
Como ha quedado de manifiesto durante el proceso de marras, los $ 800 mil dólares de tal financiamiento son sólo una parte del envío de $ 5 millones de dólares. Que sumados a los sistemáticos traslados ilegales de fondos públicos venezolanos al financiamiento de esas y otras campañas políticas de la región deben sumar decenas y decenas si no cientos de millones de dólares. Una maleta con parecida cantidad le fue encontrada a un oficial venezolano en Bolivia. El caso pasó bajo la mesa. Cuesta no pensar que el financiamiento de la campaña de Evo Morales no corrió por cuenta de PDVSA, como la de Rafael Correa, la de Daniel Ortega y vaya a saber uno si no la de muy ilustres presidentes latinoamericanos, tan agradecidos con el presidente Hugo Chávez como para considerarlo el mejor presidente de Venezuela en nuestros atribulados últimos cien años. Se trata, pues, de un crimen orgánico, sistemático y reiterado cometido a vista y paciencia del contralor de la república, la presidenta del TSJ y las máximas autoridades de la Asamblea Nacional.
Internacionalismo proletario, llamó Lenin a la práctica de auxiliar a los socios políticos de la revolución rusa y su proyecto de implantación del comunismo en el planeta. Montando para tal fin la llamada Tercera Internacional. Desde entonces, los maletinazos han sido práctica corriente de los auxilios financieros de las potencias mayores hacia sus aliados menores. Cuba haría práctica corriente de tal expediente. Héctor Pérez Marcano cuenta el papel de mensajero de dos de esos maletines, con medio millón de dólares cada uno, que él llevaría personalmente para sandinistas nicaragüenses y comunistas chilenos a mediados de los sesenta.
La socialdemocracia y el socialcristianismo venezolanos también auxiliarían a sus congéneres políticos de España, Centro y Suramérica durante sus luchas por la democracia y contra las dictaduras que asolaban sus respectivos países. Con una diferencia descomunal: por hacerlo, el presidente Carlos Andrés Pérez fue despojado de su cargo, enjuiciado y condenado. ¿Comparable la justicia que pusiera fin a su carrera política con ésta que hoy no sólo se niega a seguir el ejemplo, sino que se permite el desparpajo de desconocer la juridicidad del proceso condenatorio contra Franklin Durán acusando a la justicia norteamericana de amañar un proceso político contra el teniente coronel y su régimen? ¿Con qué cara se miran al espejo la fiscal Luisa Ortega Días, el contralor Clodosvaldo Russian, la presidenta del TSJ Luisa Estela Morales y la presidenta de la Asamblea Cilia Flores, cómplices todos ellos de las actuales iniquidades?
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Al reiterado y contumaz crimen político, que ha utilizado el arma del chantaje y el amedrentamiento, así como la inhabilitación de más de doscientos opositores, entre ellos dos destacados líderes como Enrique Mendoza y Leopoldo López, para entronizar al teniente coronel en una suerte de presidencia vitalicia, y que hoy se ceba sobre algunos candidatos exitosos como Luis Lapi, o las enfila contra Manuel Rosales, Henrique Fernando Salas Feo o Enrique Capriles, debemos agregar la sistemática violación de los derechos humanos y la lenidad ante la criminalidad desatada. Estudiantes asesinados por bandas del crimen organizado y secuestros innumerables dan cuenta de que el horror no encuentra cauce ni medida. El último hecho en esta atroz secuencia de crímenes afecta a la ilustre familia de uno de los padres fundadores de nuestra democracia, el presidente Raúl Leoni y enluta de dólar y lágrimas a su hija, nuestra querida amiga Carmen Sofía Leoni, madre de Lorena, asesinada en su domicilio caraqueño en un acto de inusitada violencia. Esa misma violencia convertida en ejemplo y paradigma político desde la presidencia de la república.
Bástenos mencionar tres hechos para desvelar la espeluznante realidad que se ha apoderado de nuestra sociedad, gravemente enferma de una psicosis terminal desde que cayera en manos de quien ha hecho de la violencia su instrumento y de la anarquía y el desorden su norte político. En el mercado hamponil, en donde se negocia la suerte de cinco millones de armas de fuego, una pistola con los seriales limados se trafica en la módica suma de Bs. F. 200. Un asesinato por encargo no cuesta más de Bs. F 5.000. El 93% de los homicidios no encuentra culpables y terminan cubiertos por el manto de la total impunidad. Los responsables por esos 150 mil asesinatos circulan por nuestras calles con la conciencia de una seguridad plena. Mayor aún si visten los colores del régimen. Y los visten.
La Guerra federal, recordada con horror a lo largo de un siglo de sufrimientos, causó menos muertos que esta guerra solapada que libra el régimen, auxiliado por el hamponato, contra una inerme ciudadanía. El desquiciante discurso presidencial ha terminado por desquiciar a la sociedad toda. Su cotidiana apología de la violencia y su lenguaje procaz y destructivo han terminado por inducir una metástasis moral. Venezuela, que fuera asilo de los oprimidos y refugio contra las peores dictaduras, paraíso para quienes sufrieran guerras y persecuciones, se ha convertido en un dantesco campo de exterminio. Obra de un delirante que fue capaz de seducir a los sectores más retrasados y desposeídos. ¿Cómo enfrentar el futuro con la pesada carga de esta herencia?
Faltarán años, faltarán vidas para que los responsables directos de esta catástrofe paguen sus culpas. Faltará un Simón Wissenthal, que guarde los archivos de la memoria del horror y lleve al estrado a los responsables por la incuria: los administradores de la injusticia reinante. Grabémoslo en nuestras conciencias a sangre y fuego. Para no olvidarlo.
