La falsa amnistía

El presidente dictó una ley de amnistía en ejercicio de los poderes extraordinarios para legislar que le fueron otorgados por la asamblea; y algunos especialistas consideran dudosa su competencia para dictarla, no obstante los amplísimos términos en que le fueron dados.

Entre los hechos constitutivos de los delitos amnistiados (art. 1°) figuran los “acaecidos el 11 de abril de 2002 en Puente Llaguno”; mientras que el artículo 4° excluye a las personas incursas en “delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de guerra”. Esta exclusión por lo que respecta a los hechos acaecidos en Puente Llaguno es repetitiva, en lo que dice relación con las “ofensas de lesa humanidad”.

Ahora ha sido solicitada la aplicación de la ley a los integrantes de la policía metropolitana, encausados por los sucesos del 11 de abril, como cómplices de los autores desconocidos de unas muertes; y los tribunales rechazan la solicitud, porque tratándose de una muerte hay un atentado grave contra el derecho humano a la vida.

Esta decisión lleva el respaldo de la fiscalía y me atrevo a decir que de la asamblea, que siendo el órgano facultado constitucionalmente para dictar leyes de amnistía, sus voceros han manifestado frente a las observaciones hechas a la ley, que no se acometerá su reforma.

Esto explica la sentencia o mejor dicho el fallo, porque es un fallo garrafal el rechazo a la solicitud de amnistía de los integrantes de la policía metropolitana, a menos que se fundamente en la interpretación de la ley con base en la intención del legislador.

El legislador presidente no tiene intención de amnistiar. El clamor popular y la derrota del 2 de diciembre lo impulsaron a realizar un acto que le permitiera recuperar popularidad, esa es la intención de la ley; y el alcance de su aplicación llega a ese preciso límite. La ley es útil en cuanto restaure popularidad, no en cuanto al número de beneficiados, ni mucho menos a la condición de éstos.

Por eso la asamblea no acometerá una reforma de la ley que suprima las restricciones que contradicen su naturaleza amnistiadora, como lo es ese disparate de que la amnistía es para quienes “se encuentren a derecho y se hayan sometido a los procesos penales”.

La fiscalía no adelantará solicitud alguna por aquellas personas que acudan a ella de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3°, si se trata de alguno a quien no alcance el favor presidencial, o lo hará de manera formal pero manifestando su criterio adverso.

Finalmente, si estos controles de la intención del legislador fallan, habrá en algún juez ‘de la causa’ la posibilidad de restaurarla, como acaba de suceder con los policías metropolitanos.

¿Por qué son ellos víctimas de tan discriminadora ‘justicia’? Porque entre los delitos objeto de amnistía enumerados en la ley no se encuentra, y por lo tanto no ha lo sido, ‘infundirle pánico al presidente con manifestaciones tumultuarias’; y como no es posible enjuiciar a la multitud que marchó el 11 de abril, la venganza que alberga en el corazón del presidente contra esos delincuentes necesita dirigirse contra alguien concreto.

Quizá si el alcalde Alfredo Peña estuviera al alcance de su mano los policías metropolitanos serían amnistiados, pero no lo está y de allí la previsión de que “a la presente fecha se encuentre a derecho”, por lo que a pesar de que el delito ha sido borrado, no lo ha sido para él ni que se ponga a derecho, ni para los policías metropolitanos que lo están, o mejor dicho que no lo están, al no ser juzgados en libertad.

Una exposición de motivos de la frase citada bien podría decir: “la amnistía la concedo a aquellos que han aceptado que los subyugue sometiéndose a juicio en prisión, a pesar de que los delitos de los cuales los acuso no conforman claramente alguno de los tipificados en nuestro código penal, pero con esto mi ira está saciada y me conformo”.

No hay amnistía para ese supuesto delito de “infundirle pánico”; y por lo tanto no hay amnistía para la población que marchó ese día, lo que explica los despliegues militares y policiales para impedir el paso por Miraflores de cualquiera que no vaya a cantarle loas; y como esa marcha fue multitudinaria es claro que el presidente no quiere reconciliarse con la población, sino maniobrar para recuperar popularidad lo que hace falsa la ley, o como diría un margariteño “una ley farsa”.