La ética de la no ética
Los eventos de estos días permiten apreciar esa extraña criatura de que tanto alardean Chávez y los suyos, llamada “moral revolucionaria”. Empecemos por la conmemoración de los acontecimientos del 11, 12 y 13 de abril de 2002. Se vuelve a insistir que los 500.000 venezolanos que marchamos hacia Miraflores el primero de esos días no nos movía reclamo legítimo alguno si no la siniestra intención de derrocar a Chávez -sin duda bajo la égida del imperio- y que el “noble pueblo” rescató a su líder con la movilización “revolucionaria” de los días siguientes. Tal intento maniqueo de reescribir la historia soslaya la serie de medidas previas que alimentaron directamente la confrontación, algunas de las cuales fueron deliberadamente tomadas con ese propósito por parte del Presidente (1) , así como su convocatoria del Plan Ávila, condenado –justamente- por los mismos chavistas 13 años antes, cuando el Caracazo. Independientemente de que hubiese un grupo de oficiales y civiles conspirando, la precipitación de acontecimientos el 11 de abril lo explica la negativa del alto mando de desobedecer el llamado a activar tan funesto operativo contra una manifestación civil desarmada. Que lo que se criticaba acerbamente antes era exigido ahora al alto mando militar, pone de manifiesto la deplorable doble moral con la que el pensamiento totalitario juzga los hechos, según sean o no de su conveniencia. En la historiografía que se pretende construir desde el oficialismo, el afortunado hecho de que en estos militares hubo algo en su formación, en su conciencia, o en su condición de venezolanos que fue más fuerte que sus juramentos de obediencia es simplemente reemplazado por la acusación de “golpistas al servicio del imperio”.
Ese mismo mando militar, luego de que Pedro Carmona sí intentara dar un golpe de Estado desconociendo a los poderes constituidos, decidió el regreso del Presidente Chávez al restarle el apoyo al “breve”. No fue la insurgencia del “bravo pueblo”. Éste se movilizó sólo después de que los militares se pronunciaran en tal sentido y en una cuantía muy inferior a lo que pretende consagrar la leyenda que el oficialismo pretende consagrar. En muchos casos lo que ahora se quiere registrar como “movilización revolucionaria” fueron vulgares saqueos ante el notorio vacío de poder de esos días. Sin embargo, luce mucho más romántico y acorde con la épica “revolucionaria” que pretende cultivar el régimen afirmar que fueron los “millones de venezolanos que se volcaron a las calles” los que produjeron este regreso. En esta vena, los llamados “pistoleros de Puente Llaguno”, filmados in fraganti cuando disparaban contra integrantes de la gigantesca manifestación popular que ese día intentaban aproximarse a Miraflores por la avenida Baralt, son elogiados como “héroes de la revolución”. En fin, con éstos y otros episodios se alimenta por distintas vías la imagen de una epopeya liderada por un Chávez casi mítico, movido sólo por su desinteresada pero incansable lucha por los pobres, que se enfrentó a los poderes opresores de la “oligarquía”.
Por otro lado, se repite, contra toda lógica y evidencia, que Chávez no renunció la noche del 11-A. Si en realidad hubiese sido así, el golpe lo precipitó Lucas Rincón, al proclamar públicamente que sí lo hizo (2). Ahora se reescribe una vez más la historia de esos hechos para borrar la participación protagónica del General Baduel en la restitución del Presidente, tal como Stalin eliminó toda referencia al papel de Trotsky en la revolución bolchevique, y luego de Zinoviev, Kámenev, Bujarin y otros dirigentes, en la medida en que caían en desgracia (y luego eran eliminados físicamente).
Como si lo anterior no fuese deplorable, atestiguamos el cobijo del desvergonzado delincuente Isaías Rodríguez por parte del TSJ –sin duda con la anuencia del Presidente-, luego de que se pusiera al descubierto lo que todo el mundo sospechaba: que el expediente sobre el caso Anderson había sido manipulado deliberadamente por el ex Fiscal para inculpar a personeros de la oposición y desviar la atención de los verdaderos culpables. Se achaca la inseguridad personal y todas las dificultades generadas por las desacertadas políticas económicas del Gobierno, a un “terrorismo mediático” de medios privados, ignorando el control casi absoluto ejercido en este campo por el oficialismo. Se omite toda consideración por las víctimas del terrible accidente del avión de Santa Bárbara o por las decenas de muertos a manos del hampa registradas cada fin de semana, pero se homenajea, con un minuto de silencio, al guerrillero Raúl Reyes, responsable de la muerte y secuestro de civiles colombianos y venezolanos. Para no alargar la lista, terminemos con los jugosos guisos hechos posibles con la emisión de títulos de la Electricidad de Caracas para enriquecimiento discrecional de miembros privilegiados de la boliburguesía. Todo ello mientras Chávez se ufana de la superioridad moral de su “socialismo del siglo XXI” sobre el capitalismo putrefacto.
Quizás nadie mejor que Pedro Carreño, militar golpista que acompañó a Chávez el 4-F de 1992, para explicar en qué consiste esta moral. Al comentar las denuncias del diputado oficialista Wilmer Aguaje ante la Asamblea Nacional contra los hermanos de Chávez, Argenis y Narciso, por la compra de fincas a través de testaferros, dijo: “Una causa aun siendo justa, si con ella se le da a la oposición interna y externa armas para atacar el proceso revolucionario, quien lo haga de manera deliberada es un traidor y si lo hace porque cree que es justa es un incauto”(3) . Es decir, “el fin justifica los medios”.
Todo es justificable si recibe la sanción del Comandante en Jefe, porque –por antonomasia- estará al servicio de la “revolución”. A pesar del repudio del pueblo al cambio inconstitucional propuesto por Chávez en el referéndum del 2 de diciembre, se intenta por distintas vías adelantar una reforma curricular “Bolivariana”, se hace de la FAN una fuerza “Bolivariana” al compás del grito fascista “patria, socialismo o muerte” y se crea un cuerpo paramilitar –la reserva- directamente al servicio del Presidente. Se anuncia la creación de la “Misión 13 de Abril”, abocada a la promoción de las “comunas socialistas” que la mayoría rechazó el 2-D, y se le asignan recursos fiscales que son de todos los venezolanos. Y así, con una interminable oratoria apocalíptica que se alimenta de mitos de un pasado heroico, Chávez intenta insuflar un carácter épico a su empeño en acabar con la mitad del país que disiente de él para extender su dominio.
Los venezolanos no podemos permitir que este mundo Orwelliano a que nos quiere conducir el fascismo del siglo XXI melle nuestra ética, nuestros reflejos democráticos y nuestro sentido de la realidad. De ahí la importancia suprema de defender la libertad de expresión y de reivindicar el comportamiento ético como elemento central del rescate de la institucionalidad democrática. Como señalara el profesor Alexis Alzuru en entrevista de El Nacional el pasado domingo, 6 de abril, estamos en presencia del montaje de un régimen completamente al margen de toda consideración moral o, lo que es lo mismo, de un régimen amoral. No habrá freno moral, ético, ni mucho menos el representado por la expresión de la voluntad popular en elecciones, capaz de doblegar las ambiciones de poder del teniente coronel Chávez Frías. En vísperas de unas elecciones decisivas para el futuro del país –las de noviembre- y mientras un indigno contralor pretende inhabilitar por la vía administrativa a candidatura de valiosos dirigentes de oposición, sin dictamen judicial alguno, es menester tener la guardia en alto.
NOTAS:
1.- Refiriéndose a PdVSA, Chávez señaló, “Por primera vez esa empresa es de Venezuela. Yo provoqué la crisis allí, porque a veces las crisis son necesarias. Cuando agarré el pito y despedí a aquellos gerentes, cuando designé a Gastón Parra Luzardo presidente de PDVSA, estaba provocando la crisis. Ellos respondieron y se presentó el conflicto…” (El Nacional, Pág. A-516/01/04).
2.- Pasa por encima, además, de la confirmación que, de este hecho, hiciera luego el susodicho general ante los fiscales que investigaban lo ocurrido. “Al ser interrogado en cuanto a lo siguiente: ‘¿Había conversado con él Presidente acerca de su renuncia?’ Lucas Rincón Romero expresó (entre otras cosas): ‘…si él me autorizaba yo podía manifestar o su abandono de cargo o su renuncia, y él dijo que sí, siempre y cuando se cumpliera la Constitución y garantía de protección para el gabinete, su familia, el alto mando y su propia vida. Fue entonces cuando hice el anuncio y puse mi cargo a la orden y la de todo el alto mando (…) A mí nadie me presionó para hacer esta declaración; la presión era la situación que se estaba viviendo y el pedido de los oficiales para que hablara; el Presidente me dijo por teléfono que podía plantear la renuncia, abandono del cargo o deposición. Lo dejó en mis manos…’(Medina, Pablo (2005), ¿Quién mató a Danilo Anderson?, Los Libros de El Nacional, Caracas, pág. 134-5).
3.- El Nacional, Pag. 2 Nación, 26 03 08
*, economista, profesor de la UCV
