La descentralización al paredón
Al teniente coronel se le metió entre ceja y ceja acabar con la descentralización y con sus figuras emblemáticas: gobernadores, alcaldes, consejos legislativos estadales, consejos municipales y juntas parroquiales. El punto clave reside en que al comandante la descentralización le resulta incómoda, pues el bendito proceso significa debate, negociación, acuerdos y concertación con gobernantes regionales situados en distintos niveles dentro de la estructura del Estado y, algunos de ellos, con puntos de vista e ideologías diferentes a las del jefe de Estado. A un Presidente que sólo sabe gobernar como si administrase un cuartel, el esquema de la democracia descentralizada no puede agradarle.
Una manifestación escandalosa del grado de rechazo que siente Chávez por la descentralización, y la pluralidad y tolerancia que ella conlleva, fue su declaración según la cual él no les daría recursos a los gobernadores de la oposición que resulten electos el próximo 23-N para que ejecuten el “Programa de Aceleración del Desarrollo Regional” (PADRE). ¿Le puso este nombre porque es él, cual padre, quien pone y quita los reales? ¿Desde cuándo los ingresos públicos son propiedad privada del Presidente? ¿Acaso cada bolívar que ingresa al Tesoro Público no es patrimonio nacional? ¿Con qué derecho se atreve a amedrentar y chantajear a los venezolanos para que no voten por los candidatos que no comparten sus disparates? La lamentable actuación de Aristóbulo Iztúriz y de William Lara defendiendo semejante amenaza, muestra hasta dónde son capaces de llegar los seres humanos que se someten a un cacique.
El comandante Chávez Frías arremete contra la descentralización por dos vías. El primer flanco de ataque es el legislativo. Está tratando de construir un cerco legal en torno de los organismos descentralizados y, de paso, busca implantar la Nueva Geometría del Poder esbozada en el artículo 16 del Proyecto de Reforma Constitucional rechazado el 2-D. Con tal propósito aprueba leyes e instrumentos jurídicos que desconocen las instituciones constitucionales, al tiempo que forman estructuras paralelas distintas a las contempladas en la Carta Magna. Las herramientas fundamentales de la NGP son la Ley Orgánica de la Administración Pública (aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional, y, ahora, diferida su nueva discusión) el Proyecto de Ley Orgánica para la Ordenación y Gestión del Territorio, la Ley de los Consejos Comunales y la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
En la Ley de la Administración Pública, artículo 70, se faculta al Presidente a designar autoridades regionales, concebidas para cumplir las mismas funciones de “planificación, ejecución, seguimiento y control de las políticas planes y proyectos de ordenación del territorio” que la Ley Orgánica de Descentralización les asigna a los gobernadores electos con el voto popular.
En el Proyecto de Ley de Ordenación del Territorio se especifican de forma minuciosa todas las competencias y funciones de esas autoridades regionales, y se crean otras figuras como las autoridades únicas de área, que deberán asumir el desarrollo del territorio o programas regionales para una materia específica. Se promueve, en tiempos de austeridad, una nueva y frondosa burocracia que depende directamente del caudillo y que marcha en un riel paralelo al de las gobernaciones y alcaldías. Las actividades de todos estos organismos dependen de la Comisión Central de Planificación, creada en 2007 y de la cual los gobernadores y alcaldes quedan excluidos.
Otra Ley que afecta a la descentralización es la de la Fuerza Armada Bolivariana, que en su artículo 24 autoriza al teniente coronel Hugo Chávez a crear la Región Estratégica de Defensa Integral, desconociendo la realidad de los estados y municipios, y, desde luego, relegando a las autoridades regionales y locales.
En la Ley que regula los Consejos Comunales se les confieren a estos organismos todas las competencias que corresponden a las alcaldías y a los consejos municipales. En esa ley se margina a las juntas parroquiales. El afán de control por parte de Chávez es tan insaciable que en sus artículos 31 y 32 se establecen, respectivamente, la creación de la Comisión Regional Presidencial del Poder Popular y la Comisión Local Presidencial del Poder Popular, previa aprobación del Presidente de la República. Es decir, Chávez tutela y monitorea el “poder popular” diseñado para sustituir a los concejos municipales y las juntas parroquiales.
En resumen: el autócrata no está acabando con la descentralización a través de la destrucción o eliminación de las estructuras institucionales existentes, sino mediante la creación de organismos paralelos que dependen funcional y financieramente de él. Deja a los gobernadores y alcaldes, pero intenta despojarlos de todo poder real y de toda capacidad financiera que permita que actúen con la libertad que consagra la Carta Magna. Pretende convertir a los gobernadores, alcaldes, diputados regionales y concejales en obedientes delfines del Poder Nacional.
La otra vía por la que Hugo Chávez arremete contra la descentralización es mediante la recentralización de los servicios y competencias que hasta hace muy poco tiempo estuvieron en manos de los gobernadores y alcaldes. El caso de la Alcaldía Metropolitana es grotesco. El actual alcalde le transfirió al Gobierno Nacional servicios en las áreas de salud, educación y seguridad ciudadana, entre otros. Tan incompetentes son y tan convencidos están de que perderán esa alcaldía, que optaron por retornar sus atribuciones al Gobierno Nacional. En la provincia venezolana se han recentralizado puertos y aeropuertos, hospitales, se suspendió el pago de peajes, todas importantes fuentes de ingreso para los escasos ingresos propios de las gobernaciones, organismos con muy pocas competencias fiscales.
A esos bravucones hay que esperarlos el 23-N para ver si son capaces de acabar con la descentralización.
